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Segundo intento de desahucio sin éxito de tres familias, una de ellas con menores, en Alicante

El Sindicat de Barri critica que la Sareb "cuya gestión es enteramente pública" no haya respondido a los intentos de estos inquilinos de renovar sus contratos de alquiler

Paralizan un desahucio en el barrio de Carolinas, en Alicante

Paralizan un desahucio en el barrio de Carolinas, en Alicante

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Paralizan un desahucio en el barrio de Carolinas, en Alicante J. Hernández

Segundo intento de desahucio sin éxito de tres familias, una de ellas con menores, en Alicante, en el barrio de Carolinas. Después de que el pasado 17 de enero la presión popular y de vecinos convocados por el Sindicat de Barri consiguiera parar el lanzamiento, "la Sareb ha hecho el segundo intento sin puertas para la negociación, sin atender a la situación de los afectados", entre los que hay una familia con menores, han señalado desde la asociación.

"Desde el Sindicato de Barrio de Carolinas queremos recordar que este organismo nace de un rescate bancario con fondos públicos, cuya titularidad ha pasado a manos del Estado, y nos oponemos frontalmente a que nuestro dinero sirva para dejar gente en la calle, incumpliendo un derecho fundamental y básico como es el derecho a la vivienda", han explicado tras detallar que la comisión judicial se ha personado en la calle Elda con el secretario del juzgado, procurador en representación de la Sareb y la Policía Nacional, y ha levantado acta haciendo constar la situación de las familias, de lo que informarán de nuevo al juzgado.

"La Sareb ha hecho el segundo intento sin puertas para la negociación, sin atender a la situación de los afectados"

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Desahucio paralizado en el barrio de Carolinas Héctor Fuentes

El Sindicat ha destacado que estas familias llevan meses solicitando interlocución con la propiedad del inmueble, la Sareb, "cuya gestión es enteramente pública, para que renueven sus contratos de alquiler, seguir pagando y viviendo en los pisos pero no se ha producido esa comunicación". También critican que ninguna administración, ni local ni autonómica ni estatal, se hayan interesado en el caso. "Desde el Sindicato tenemos clarísimo que nunca cederemos a la especulación y seguiremos enfrente hasta que haya una negociación colectiva de todos los casos de la Sareb y se paren todos los procesos de desahucio. En última instancia, queremos que todos los inmuebles de la Sareb pasen a formar parte de un parque público de vivienda que garantice el derecho a un techo para todo el mundo".

"En última instancia, queremos que todos los inmuebles de la Sareb pasen a formar parte de un parque público de vivienda que garantice el derecho a un techo para todo el mundo"

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En el primer intento, en enero, decenas de vecinos, junto a representantes del Sindicat de Barri de Carolinas, CC OO, EU, Compromís y Podemos, se concentraron en la calle Elda para frenar el desahucio de tres familias de este barrio alicantino. Un juzgado de Alicante dictó la orden de desalojo de las viviendas tras negarse la Sareb a negociar un alquiler. Un barrio en el que se están registrando numerosos avisos de desahucio del banco que fue creado hace ya casi diez años para gestionar la ruina inmobiliaria provocada por la crisis de 2008.

El Sindicat de Barri reclama negociar con la Sareb, y al igual que entidades que han participado en anteriores movilizaciones como CC OO, EU y Compromís, recuerda que la Sareb, denominada banco malo, fue "rescatado con dinero de todos los españoles". Todas coinciden en que detrás de estos desalojos está el interés de alquiler estos inmuebles con fines turísticos o bien dejarlos vacíos para que fluctúen los precios con fines de especulación.

La Sareb ( Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc, Banco Gallego y Banco de Valencia), y por entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012. Está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público a través del FROB.

El Sindicat realiza presión social en todos aquellos casos en que se ordene un desalojo, "presionaremos a las instituciones y a Sareb, cuyo dinero es nuestro (de los ciudadanos)".

Familias afectadas en los balcones durante el primer intento de desahucio en enero David Revenga

Alquileres turísticos

Fernando Patón, de Marea Roja Alacant y del punto de información y denuncia de derechos sociales, indicó en el primer intento, que se realizó en enero, que "lo suyo sería que se hiciesen contratos de alquiler. Sareb está intentando vender los pisos a fondos de inversión y crear pisos turísticos. Es lo que está sucediendo en el barrio, Que lo haga Sareb es muy grave porque la mitad del dinero de esta sociedad es público".

Francisco García, secretario general de CC OO en Alicante, destacó la carencia de vivienda social en Alicante y, al igual que Isabel González, de EU, recalcó que Sareb nace de bancos rescatados por todos los españoles, "y ahora echan a la gente para alquileres turísticos porque les sale más rentable".

García abundó en que en el sindicato manejan información relevante sobre el trabajo de promoción de vivienda privada con fines turísticos. "Cogen viviendas que tenían que ser de uso social para pisos turísticos. Hay una presión sobre la vivienda que ejerce el turismo que ha llegado a este barrio y eso centrifuga a la gente con más necesidad amenazando a personas que viven de pensiones asistenciales que pueden verse desalojadas de su entorno y su vida".

Compromís

El Grupo Municipal de Compromís criticó que "el Ayuntamiento de Alicante no puede permanecer impasible ante la situación actual, el gobierno municipal de Luis Barcala debe garantizar vivienda a las alicantinas y alicantinos, y evitar desahucios constantes, por lo que debe volver a articular una mesa de diálogo y negociación entre las instituciones públicas, entidades financieras y personas afectadas".

Compromís recordó que el Ayuntamiento de Alicante constituyó en 2017 la Mesa por la Vivienda, a través de la concejalía de Acción Social, por entonces integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios de Alicante (PAH), varias entidades financieras (así como de sus empresas gestoras de vivienda), el Colegio de Abogados de Alicante y la Entidad de Infraestructuras de Generalitat Valenciana (EIGE), con el objetivo de abordar la situación de vulnerabilidad y/o exclusión social de la ciudadanía en el ámbito de la vivienda en Alicante. "Lejos de mejorar, la situación se ha agravado con la pandemia", dijeron entonces.

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