La sucesión de borrascas que han llenado embalses y acuíferos en este comienzo de la primavera, y también la lluvia que cayó el pasado otoño -el invierno fue extremadamente seco- ha tenido un efecto balsámico en la provincia. No ya porque el caudal recibido asegura el abastecimiento de agua potable y termina temporalmente con la sequía, sino porque permite el menor uso de agua desalada. El balance de la Mancomunidad de Canales del Tabilla desde que arrancó el año hidrológico es revelador. Por primera vez en los dos últimos años el consumo de agua del trasvase supera a la desalada.
Desde octubre de 2021 a febrero de 2022 se han empleado 31,8 hm3 procedentes del trasvase Tajo-Segura, 30,7 hm3 obtenidos de la desalación y 16,7 hm3 aportados por el río Taibilla. También se constata que la demanda en febrero ha sido un 1,1% superior al mismo mes del año pasado. El hecho de que el agua que llega del Tajo sea cinco veces más barata que la desalada por el alza del precio de la electriicidad explica una coyuntura que beneficia también a las economías de los 35 ayuntamientos de la provincia de Alicante abastecidos por la Mancomunidad del Tabilla, entre ellos Alicante, Elche y todos los de la Vega Baja, cerca de un millón de personas.
El comité ha autorizado, por otro lado, la adjudicación de varios servicios básicos para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones, la vigilancia y varios suministros (clorito sódico, silicato sódico, hipoclorito sódico, sulfato de alúmina…) necesarios en el proceso de potabilización, por seis millones de euros.
Asimismo, se ha aprobado la contratación de varios servicios y proyectos de mejora de los depósitos del Llano del Beal y de Puerto Lumbreras 2, que suponen en conjunto una inversión de 2,6 millones de euros. El Taibilla abastece de agua en alta (captación, tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) a 80 municipios de Murcia (43), Alicante (35) y Albacete (2). Supone una población de 2,5 millones de personas que puede superar los 3 millones durante el verano.
Por otro lado, donde la situación sigue complicándose por momentos es en el sector agrícola de la provincia, tanto los regantes que depende del agua que llega del Tajo, como los que debieran recibirla ya desde hace cinco años del Júcar. Los regantes el Tajo-Segura tratan de frenar que este viernes se celebre la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura en la que se tiene previsto dar el visto bueno definitivo al plan hidrológico de cuenca 2022-2027.
Un plan que nace ya viciado porque, según denuncia Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, “quieren aprobar un plan del Segura sin conocer de qué agua dispondremos del Tajo porque sigue sin aprobarse”. Plan, el del Segura, ya ha hecho una previsión descorazonadora: 25.000 hectáreas que dejarán de cultivarse y cinco mil trabajadores al paro al acabarse un volumen de negocio de 122 millones de euros, según expuso hace una semana el propio presidente de la Confederación, Mario Urrea.
No están mejor las cosas en Medio y Alto Vinalopó. La Confederación Hidrográfica del Jucar -en su junta de gobierno participa el Consell- tiene previsto aprobar el lunes su plan hidrológico para enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica. Un documento en el que el trasvase Júcar-Vinalopó sigue en el aire. La CHJ asigna el envío de “hasta 80 hm³ de agua al año” pero siempre que haya caudal sobrante que enviar. Posibilidad que se ha reducido mucho tras conocerse que todo el agua que se ahorre de la modernización de los sistemas de regadío en Valencia se destinará al mantenimiento de la Albufera. Un lago de agua salada que va camino de convertirse en un paraje natural de agua dulce.
“Lo que nos está pasando es inaudito. No sólo no nos dejan sentarnos en la junta, como sí sucede, por ejemplo, con los gestores del trasvase Júcar-Turia, sino que no nos asignan una cantidad concreta, que sería lo normal”, subraya Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central. Plan que, por otro lado, ha dejado fuera del trasvase a la Marina Baixa, que tendrá que solventar sus problemas `puntuales con el agua desalada en Mutxamel.
"La revisión del plan de cuenca del Júcar pone en peligro los 80 hectómetros cúbicos que teníamos asignados en el Alto y Medio Vinalopó. Ahora se decide enviarlos a la Albufera de Valencia y no está previsto en el nuevo plan que nos llegue agua", asegura Ángel Urbina, presidente de la Junta Central.
"Nos hemos unido a la tractorada del 10 de mayo en Alicante porque es necesario garantizar que el Júcar-Vinalopó tenga una concesión y no esté supeditada a sobrantes. Este trasvase ha costado mil millones de euros que están dispuestos a tirar a la basura. Son 400 millones para construirlo, de los que 120 son de Europa, a los que se suman 300 millones de postrasvase, 70 millones para elevaciones con fotovoltaica y más de 200 millones invertidos por los regantes en modernizar los regadíos. Estamos hipotecados durante los próximos 50 años y ahora resulta que sólo se comprometen a enviarnos agua sobrante mientras que en los planes del Ebro y del Guadalquivir sí que han escuchado a los agricultores para reducir los caudales ecológicos de los ríos. Vamos a la calle y luego a todos los tribunales que haga falta", asegura el presidente de la Comunidad Genera de Usuarios del Medio Vinalopó.
