Ni suspensión cautelar ni anulación, al menos hasta que la investigación avance y puedan aparecer pruebas de las supuestas irregularidades. El informe jurídico encargado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a la Secretaría General del Ayuntamiento considera que para suspender cautelarmente las oposiciones bajo sospecha a la Policía Local deben darse hasta siete condiciones. Una de ellas, es que la medida "no origine perturbación grave a los intereses generales o de un tercero". Al respecto, el informe, firmado el pasado 6 de abril y que este miércoles se ha entregado a los miembros de la comisión de investigación, subraya que existen autos judiciales que establecen que una "suspensión cautelar paralizaría el proceso selectivo de funcionarios y quedaría afectado el servicio público a cuya atención están destinadas las plazas que son objeto de la convocatoria, dando lugar a la falta de cobertura de plazas necesarias o que se mantengan situaciones de interinidad, provocando de un lado que se difiera innecesariamente la cobertura ordinaria de dichas plazas a través de mecanismos que permiten asegurar mejor los principios de mérito y capacidad y de otro que se retrase la posibilidad de que muchos pongan término a su situación de precariedad laboral".
Respecto a la posible anulación del proceso, el informe jurídico apunta que para plantear ese extremo deben darse dos supuestos de inicio: que la comisión "obtuviera indicios demostrados, razonados y suficientes" para poder considerar los actos dictados por el tribunal de la oposición como "nulos de pleno derecho" o "anulables". En ambos casos, según el informe, la decisión de anular la oposición correría a cargo de la Junta de Gobierno, siempre que previamente se encontrasen "causas graves que atenten al interés general o a los intereses de los particulares".
Este miércoles, también se ha entregado a los miembros de la comisión el informe entregado por el jefe de la Policía Local de Alicante. Ese documento sostiene que dos personas fueron las "garantes" del examen tipo test, una prueba clave de cualquier proceso selectivo en la Administración, en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, que ya están siendo investigadas por la Agencia Valenciana Antifraude por supuestas irregularidades ante un presunto enchufismo, y también están en manos de la Policía Nacional y el juzgado por el filtrado de un listado que pone en jaque el proceso.
Esos "garantes" fueron el jefe de la Policía Local y presidente del tribunal, José María Conesa, y la secretaria del tribunal y responsable a su vez del área de Movilidad del Ayuntamiento, Remedios Molina, que estuvieron presentes en la impresión del examen tipo test, que se produjo dos días antes de realizarse la prueba, según la versión oficial recogida en un informe que ha estado en Alcaldía casi dos semanas antes de ser entregado a los grupos de la oposición.
La secretaría, además, fue la encargada de dar forma al examen tipo test tras recibir las propuestas de las preguntas del resto de miembros del tribunal, con treinta de las cincuenta preguntas realizadas supuestamente por el jefe de la Policía y por el vocal que éste puso a dedo en el proceso selectivo. Las otras veinte cuestiones se las repartieron, según la versión oficial, entre la propia secretaria de la oposición (diez cuestiones) y entre los dos vocales puestos por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).
Documentación enviada a Antifraude en 24 horas
Frente a la tardanza en la entrega de los informes a la oposición, el gobierno municipal ha informado que la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante ha remitido este miércoles a la Agencia Valenciana Antifraude toda la información requerida por este organismo sobre las oposiciones a la Policía Local. "La entrega de la información se ha llevado a cabo en apenas 24 horas, dado que la solicitud de la Agencia llegó el pasado martes al Ayuntamiento", ha incidido el ejecutivo local.
La aportación por parte de Recursos Humanos de los expedientes requeridos por la Agencia se lleva a cabo poco después de que el Ayuntamiento también remitiera a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat de la información que solicitó sobre el citado proceso de oferta pública de empleo en la Policía Local, según han recalcado.
