Las residencias de mayores fueron duramente golpeadas durante la pandemia, con miles de fallecidos, decenas de miles de casos positivos y la situación fuera de control en la primera ola, en marzo de 2020.
El covid destapó la vulnerabilidad de los geriátricos y puso sobre la mesa la necesidad de abordar un cambio de modelo.
El Ministerio de Derechos sociales negocia ahora un acuerdo con las comunidades autónomas con los requisitos que deberán cumplir los centros de mayores que se vayan a construir y los que están en funcionamiento, donde pone el foco en la atención a los usuarios.
El documento recoge que las nuevas residencias tengan un máximo de 90 plazas con, al menos, un 65% de habitaciones individuales, esto es, dos cada tres, y donde los espacios comunes se asemejen a un hogar, con conexión a internet gratuita y personalizada.
La propuesta del Ministerio también hace referencia a una polémica práctica, la de atar a los mayores. Así, se deberán limitar al máximo las sujeciones, que serán temporales y excepcionales y se llevarán a cabo cuando haya una situación de peligro para el cuidador o el propio usuario.
La Conselleria asumirá el coste de aplicar las medidas en los nuevos centros, pero no habrá cambios en los actuales
Otro de los puntos que plantea la reforma incide en que se facilitará que los residentes reciban las visitas de familiares y allegados cuando lo deseen y que estos puedan acceder a cualquier espacio o zona del centro siempre que no dificulten el trabajo o afecten a la intimidad de otros mayores.
El modelo también plantea un aumento de la ratio de personal en los centros, que pasa a ser de 0.43, esto es, un trabajador por cada dos mayores.
En ese sentido, la Conselleria de Políticas Inclusivas viene desde hace tiempo trabajando en este sentido e inició en la pasada legislatura todo un proceso participativo para redefinir el modelo residencial de los centros para personas mayores.
«Los aprendizajes adquiridos como consecuencia de la pandemia han venido a confirmar la conveniencia de apostar por estos modelos residenciales más reducidos, y que se parezcan lo más posible a un hogar», afirma la consellera Mónica Oltra, que añade que el objetivo «es convertir los centros en espacios más humanizados y más amables».
«El objetivo es convertir los centros en espacios más humanizados y más amables»
De hecho, la Conselleria ha realizado una serie de aportaciones al documento del Ministerio que ya se están aplicando en la Comunidad Valenciana y que incluso van un paso más allá.
En este sentido, la apuesta por organizar los espacios en módulos convivenciales favorece que las medidas de aislamiento en el caso de detectarse un positivo sean más eficaces y menos lesivas para el resto de personas que viven en el centro y que no han dado positivo.
En esta línea, el decreto por el que se regula la tipologías y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, que está ahora en la fase de estudio de alegaciones, limita a cien plazas la capacidad de las residencias para personas mayores y establece la obligatoriedad de que estén articuladas como unidades de convivencia.
Por otra parte, actualiza la ratio de profesionales, que no se hacía desde 2005, de manera que la ratio de atención directa en una residencia de 100 plazas pasa de 27 hasta los 59 profesionales de un centro acreditado. «La existencia de unas ratios desactualizadas ha sido otra de las carencias del sistema que la pandemia ha puesto en evidencia», afirman las mismas fuentes.
Para mejorar la atención de las personas usuarias y facilitar la posibilidad de tener que afrontar de nuevo una situación como la producida por el covid, también se establece que los nuevos centros que se pongan en marcha deberán contar con 75 por ciento de habitaciones individuales.
¿Y qué ocurre con los centros actuales? La Conselleria sí asumirá el coste que puede suponer la aplicación del nuevo modelo del Ministerio en cualquier plaza nueva financiada con fondos públicos, mientras que el proceso de aplicación se hará «con el máximo respeto a los centros que ya existen», de manera que los espacios de los centros «no deberán efectuar cambios, garantizando así una transición amable».
«No podemos perder ninguna plaza porque tenemos un déficit muy importante»
Por su parte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ve positivas las medidas que se implanten que supongan una mejora del servicio, pero considera que requerirán un esfuerzo importante de financiación por parte de las administraciones.
«Las residencias, al incorporar más personal, tener más habitaciones individuales y un número de plazas mayor, lo que provoca es que aumente el coste por plaza y habrá que ver cómo se financia de manera adecuada para que las familias no tengan que poner más dinero y las personas usuarias tampoco», sostiene el presidente de la patronal, José María Toro.
Para el máximo responsable de Aerte, la prioridad es «no perder ninguna plaza en la Comunidad Valenciana porque tenemos un déficit de plazas muy importante y, por lo tanto, todo esto tendría que ser siempre para nuevas residencias» y no reducir camas ni habitaciones en las actuales.
