Faltaban minutos para las 11 de la mañana de aquel jueves 19 de abril de 2018, cuando la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Podemos) mostraba su voto. Estaba en blanco. Esa decisión, que ya se barruntaba ante la falta de acuerdo con los grupos del ya extinto tripartito, devolvía al PP a la Alcaldía de Alicante. Luis Barcala, que a las elecciones postCastedo acudió como “número cuatro” de la lista popular, recuperaba el bastón de mando para el PP menos de tres años después de que las urnas apostaran por una mayoría de izquierdas en la capital alicantina. Lo hizo valiéndose del voto de una edil que había sido expulsada de su grupo municipal (Guanyar Alacant) por adjudicar contratos a dedo a personas de su entorno. Apenas un año después, refrendó el cargo en las urnas.
En estos últimos cuatro años, un mandato municipal en cuestión temporal, Barcala se ha enfrentado, primero, a las consecuencias impredecibles de una pandemia y, ahora, a las de una guerra a las puertas de Europa. También a otras cuestiones más propias de la gestión municipal, como la herencia del tripartito, que le dejó una ciudad sumida en una sensación de parálisis por las luchas intestinas de las fuerzas progresistas, pero con unas cuentas municipales saneadas y preparadas para dejar atrás el Plan de Ajuste que impuso el ministro Montoro en 2012 en aplicación de políticas de austeridad.
¿Cuáles eran los asuntos que centraban entonces el debate? Hace cuatro años, cuando faltaban minutos para conocer el nombre del séptimo alcalde de la actual democracia en Alicante, Barcala, frente al atril, lamentaba la “paralización de la ciudad” y subrayaba que la reducción de la deuda se debía a la falta de ejecución de los proyectos. Ahora, el bipartito, con contados episodios de ruido interno en sus filas, está a punto de dar a conocer la liquidación de las cuentas de 2021, que presumiblemente arrojarán unas cifras de “ahorros” que pueden rondar los 100 millones. También criticaba que la Gerencia del Patronato de Turismo llevase seis meses vacante pese a ser “fundamental” para la política municipal. Esa plaza de directivo se acaba de amortizar tras más de cuatro años sin responsable técnico al frente.
Además, Barcala apuntaba a la necesidad de impulsar los proyectos de la Edusi de Las Cigarreras, que ahora avanzan en tiempo y forma tras un arranque al ralentí que puso en riesgo las subvenciones europeas, aunque lo hacen entre quejas de los vecinos del entorno por falta de participación y por no darse respuesta a las necesidades de barrios como Carolinas o San Antón. También, por entonces, hablaba de creación de empleo, y de un plan para impulsar mejores políticas sociales, de vivienda y para la familia. Esas áreas, que han estado en manos del PP en los últimos cuatro años, centran buena parte de los reproches de la oposición y de entidades sociales, sobre todo focalizadas en la figura de Julia Llopis.
Barcala, en su doble intervención en el pleno de su investidura, prometió inversiones en los barrios, que han alcanzado cifras récord en los últimos años ante el saneamiento de las cuentas municipales. Y también se comprometió a mejoras en el servicio de limpieza y de mantenimiento de la ciudad, que pese a las mejoras siguen sin satisfacer a asociaciones vecinales pese al incremento del presupuesto en ambas áreas municipales. Barcala, además, anunció que trabajaría para facilitar la llegada de empresas, para lo que ha bajado impuestos y ha puesto en marcha una estrategia, “Alicante Futura”, que todavía va a rebufo de Distrito Digital. También, en ese mismo pleno, habló de mejorar las instalaciones educativas, aunque el bloqueo al Plan Edificant le ha provocado protestas a lo largo de estos años.
En esas fechas, aunque Barcala no hizo alusión en sus intervenciones ante el pleno aquel 19 de abril, también se hablaba, y mucho, de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que hoy sigue tan estancado que para la aprobación del nuevo documento ya se mira a 2027, según admite el propio alcalde. No ocupaba menos espacio en los debates políticos la posible llegada de Ikea a la ciudad, un asunto que ya se conjuga en pretérito pese al regreso del PP a la Alcaldía. También se abordaba el fallido Catálogo de Protecciones de Pavón, que el bipartito acabó aprobando sobre la bocina, y la retirada de las calles franquistas, que se acabó ejecutando, aunque son muchos los ilustres alicantinos que llevan años esperando su espacio en el callejero de la ciudad, tal y como se comprometieron los populares tras dejar en manos de los vecinos la elección de nuevos nombres.
Pero hace justo ahora cuatro años no sólo se habló de proyectos. Aquel 19 de abril de 2018, poco después de recibir la vara de mando de la ciudad, Barcala no dudó en hacer un guiño a los concejales de su grupo municipal, dirigido especialmente a Mari Ángeles Goitia, por una renuncia clave que le permitió llegar al despacho más noble del Ayuntamiento. De ese equipo de trabajo, un año después, sólo dos concejales fueron recompensados con puestos de salida en la candidatura ya liderada por Barcala: Mari Carmen de España y José Ramón González (en un número, a priori, límite), además del por entonces asesor y hoy concejal, Manuel Villar.
Hoy, cuatro años después de un pleno que volvió a situar a Alicante en el foco mediático a nivel nacional, el Ayuntamiento encara esa recta final tan peculiar previa a unas nuevas elecciones municipales. Lo hace sin un proyecto reconocible para la ciudad, aunque con inversiones millonarias repartidas por los barrios y ajeno a las broncas públicas que se vivieron en los años del tripartito de izquierdas. Avanzando por inercia, dicen los críticos. Ahora llegan tiempos de ejecutar proyectos que se han ido gestando a ritmo más que lento en los últimos años, como la peatonalización del Centro Tradicional, y de prometer inversiones que serán una realidad a las puertas de la próxima cita con las urnas.
Son tiempos, además, de posibles reposicionamientos políticos, bajo la atenta mirada de Vox, tras la llegada de Núñez Feijóo a la Presidencia nacional del PP. Y también de gestionar una crisis inesperada para un gobierno sin apenas contratiempos: las supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local. Nada más tocar la vara de mando, Barcala mostraba su “preocupación” por la situación de la plantilla municipal, focalizando en los cuerpos de seguridad. Entonces señaló la “necesidad” de convocar una oferta pública de empleo “para disponer de más efectivos”. Ese proceso selectivo ha derivado en días de tensión, aún sin resolver, en Alcaldía.
Cuando hace cuatro años la tránsfuga Belmonte exhibió su voto en blanco, Barcala miró al cielo, cerró los ojos y respiró profundo. Se acababa de convertir en alcalde de su ciudad. Por entonces, nunca pudo sospechar que estaría al frente del Ayuntamiento de Alicante durante una crisis global por un coronavirus que movería los cimientos de la económica mundial y tampoco durante una invasión a las puertas de Europa que volvería a tensionar un sistema aún en precario. Cuatro años después de aquel voto que lo cambió todo, sólo Barcala sabe si cuando abre los ojos ve la ciudad que siempre soñó, si va por el camino correcto y se siente con energías para concluir “la obra” o si cualquier parecido con lo que imaginó es pura coincidencia.
