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El Ayuntamiento de Alicante rechaza ante el TSJ la suspensión cautelar de la ordenanza de mendicidad pedida por Unidas Podemos

Los Servicios Jurídicos municipales, en el trámite previo a la resolución del alto tribunal, niegan que la norma sea para "penalizar a las personas sin hogar" y defiende que busca "cohonestar los intereses de todos los usuarios de los espacios públicos y preservar la convivencia entre los ciudadanos"

Una persona pide ayuda en una calle céntrica de Alicante, en una imagen de archivo

El Ayuntamiento de Alicante, a través de los Servicios Jurídicos municipales, rechazan la petición de Unidas Podemos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de una suspensión cautelar de la ordenanza contra la mendicidad y prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica.

Dentro de los trámites previos a la resolución del alto tribunal, el Consistorio alicantino niega que la norma que lleva casi un mes en vigor busque "penalizar a las personas sin hogar", sino que defiende que el objetivo es "cohonestar los intereses de todos y cada uno de los usuarios de los espacios públicos y preservar la convivencia entre los ciudadanos". Respecto a los artículos que abordan la prostitución, el Ayuntamiento señala que "es obvio que la preocupación" del recurrente "por los derechos de las mujeres no es óbice para que reconozca que los derechos de los restantes ciudadanos, y en especial los de los menores en edades formativas, también deben ser respetados".

Por otro lado, en el rechazo del Ayuntamiento de los argumentos esgrimidos por Unidas Podemos para solicitar la suspensión cautelar de la norma, los Servicios Jurídicos alegan la existencia de normales similares que también se están aplicando, aludiendo al modelo propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la Ordenanza de Convivencia de Castellón y a la Ordenanza de Prostitución del Ayuntamiento de València.

Hace aproximadamente dos semanas se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había admitido a trámite el recurso presentada por Unidas Podemos contra la ordenanza de la mendicidad y la prostitución de Alicante, que entró en vigor a finales de marzo tras ser aprobada en pleno a mediados de febrero con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox. La izquierda y entidades sociales como Cáritas, además del propio obispo, se posicionaron en contra de la norma, que incluye multas de hasta 750 euros por dormir en la calle.

Tras la admisión a trámite, se abrió un periodo de nueve días para que el Ayuntamiento remitiera el expediente administrativo.

Previamente, Unidas Podemos, en su recurso, anunció que reclamaba además al TSJCV la suspensión cautelar de la norma, y en particular de dos artículos (el 22 bis y el 26.1), que prohíben dormir en la calle y ejercer la prostitución. Así constaba en el recurso presentado ante el alto tribunal por la formación política, en el que defienden que se vulneran "principios y derechos constitucionales".

En concreto, el recurso hace alusión a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, la Agenda Urbana de la Unión Europea, un dictamen del Comité de Regiones de la UE, junto a artículos de la Constitución Española, como el referido a la "dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social" y el relativo a que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", entre otros.

Reacción del grupo recurrente

Tras conocerse la postura del Ayuntamiento, Unidas Podemos, a preguntas de este diario, ha defendido que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, está "haciendo oídos sordos a la mayoría social de esta ciudad que le está diciendo que el camino emprendido por su gobierno con esta ordenanza es una vergüenza para Alicante, que la vía correcta es la del refuerzo de los servicios sociales y no la criminalización de las personas vulnerables y que su norma pactada con Vox a cambio de los presupuestos es injusta e insolidaria". "Nosotros seguimos exigiendo su retirada y la apertura de un proceso de diálogo a través de los cauces de participación municipal, como el Consejo Social ignorado por el Partido Popular, para que dando voz a las entidades que trabajan con los colectivos afectados se acuerden los mecanismos necesarios para garantizar que en esta ciudad nadie se queda atrás. Pero desde luego no aceptamos que el bipartito quiera expulsar a quienes menos tienen de nuestro termino municipal", ha defendido el portavoz del grupo morado, Xavier López.

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