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La pandemia se llevó por delante más del 10% de la economía alicantina

INFORMACIÓN presenta este miércoles el primer anuario que desgrana todas las consecuencias del covid en la provincia, con una adenda sobre los efectos de la guerra en Ucrania, elaborado por los investigadores del Instituto de Economía Internacional de la UA

El exdirector del Instituto de Economía Internacional de la UA Antonio Escudero en la presentación del anterior dosier. | ALEX DOMÍNGUEZ

Aunque las medidas adoptadas por el Gobierno y el resto de administraciones permitieron atenuar considerablemente sus consecuencias, lo que internacionalmente se bautizó como la Gran Reclusión -es decir, la crisis derivada de la pandemia de covid-19- provocó una caída del 10,4% del PIB de la provincia y disparó la población en riesgo de pobreza y con carencias materiales severas, especialmente en el caso de las comarcas más turísticas. Una situación que Alicante, al igual que el resto de España, empezó a remontar con fuerza durante el año pasado y los primeros meses de 2022, hasta que la inflación y la invasión rusa de Ucrania han ralentizado el ritmo de la recuperación. En cualquier caso, al menos por el momento, los datos parecen alejar el fantasma de la estanflación.

Así lo recoge el anuario El impacto del covid-19 en la economía alicantina, que presenta este miércoles INFORMACIÓN, en un acto que se celebrará en Casa Mediterráneo a las 19 horas, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana y Distrito Digital. Un documento elaborado por el Instituto de Economía Internacional (IEI) de la Universidad de Alicante con la participación de 22 investigadores, que supone el mayor análisis hasta la fecha de las consecuencias del coronavirus en la provincia y de su impacto en el tejido productivo, y que también recoge en una adenda las primeras derivadas de la guerra en Ucrania.

Durante el acto, que estará presentado por el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, el catedrático emérito de la UA y ex director del IEI Antonio Escudero se encargará de desgranar las principales conclusiones del estudio, que repasa uno por uno el impacto de la pandemia en los principales sectores económicos, o en el mercado de trabajo provincial, pero también las consecuencias sobre los niveles de pobreza, el sistema educativo, el proceso de digitalización o las infraestructuras, además de dedicar otro apartado al desafío que supone el sistema de financiación.

El acto también contará con la intervención del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Además, han confirmado su asistencia el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera; y el máximo responsable de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, entre otros.

Se trata del tercer dosier que presentan INFORMACIÓN y el Instituto de Economía Internacional de la UA, tras el publicado en 2017 bajo el título Crisis y recuperación de la economía alicantina, y La economía alicantina tras la Gran Recesión, que vio la luz en 2019. El anuario se distribuirá junto al ejemplar del periódico el próximo domingo, 1 de mayo.

El contexto

En el primer capítulo del documento, Antonio Escudero y el actual director del IEI, José Manuel Casado, realizan una primera aproximación a las consecuencias de la pandemia en España y en Alicante, partiendo de la situación en que se encontraba la economía tras la anterior crisis. Una crisis que entre los años 2008 y 2013 provocó una caída de 14,5 puntos del PIB provincial.

A partir de 2014, la situación empezó a cambiar y se inició una recuperación «vigorosa», como recuerdan los autores, hasta el punto de que en 2019 se había alcanzado ya el nivel de renta previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, como apuntan Escudero y Casado, en ese camino la economía alicantina no logró resolver ninguno de sus problemas estructurales, como son su baja productividad, la persistencia de una elevada tasa de desempleo -que por entonces rondaba el 15%- y una distribución de la renta aún menos equitativa de la que existía antes de la Gran Recesión. Así, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza, pese a haber recuperado el nivel de renta de 2008, alcanzaba el 29%.

Unos problemas en buena parte derivados de la falta de inversión en innovación que arrastra la economía alicantina y que medidas como el Plan de acción para la transformación del modelo económico valenciano 2017-2027 o el impulso de Distrito Digital pretenden resolver, según los autores.

En cualquier caso, como se apunta en el dosier, las perspectivas al finalizar 2019 tampoco eran «demasiado optimistas», ante las dudas que se cernían en el horizonte, procedentes de la incertidumbre que generaba en Brexit, los nuevos aranceles que había impuesto Estados Unidos a varios productos de la UE -entre ellos, el calzado- o una economía alemana al borde de la recesión.

Fue en este contexto en el que la aparición del coronavirus provocó una de las mayores contracciones de la actividad que se recuerda, con un desplome de la demanda interna y externa y sin que el aumento del gasto público fuera suficiente para compensarlo.

Así, de acuerdo con los cálculos de realizados por los investigadores, el PIB alicantino se contrajo un 10,4%, desde los 36.096 millones que alcanzó en 2019 a los 32.327 de 2020. Como era de esperar, el descenso fue mucho más intenso en el comercio, el ocio y todas las actividades relacionadas con el turismo y la vida social, lo que hizo que el PIB del sector servicios cayera un 20,7%. La construcción lo hizo en un 11,4%; la industria, un 7,7%; y las actividades financieras y de seguros, un 4,1%. Sólo el sector primario creció un 4,6%, por la mayor demanda de alimentos.

Los ERTE

La caída tan pronunciada de la actividad tuvo importantes repercusiones sobre el mercado de trabajo y la tasa de paro pasó del 15% al 19,4%. Un incremento considerable, pero muy inferior al registrado en la anterior crisis, cuando alcanzó el 29,5%. Una diferencia que Casado y Escudero atribuyen «al papel amortiguador de los ERTE», que logró romper la aparente maldición que hasta entonces provocaba que en las crisis España siempre sufriera una caída del empleo muy superior a la del PIB.

Con todo, como se apunta en el anuario, las medidas gubernamentales no lograron evitar por completo un deterioro de la situación social. Así, la bajada de los salarios reales provocó que el descenso de la renta por persona fuera más pronunciado -del 13,3%- que la del PIB nominal. Pero, además, hubo un considerable aumento del riesgo de pobreza y, especialmente, de las familias con carencias materiales severas. En el conjunto de la provincia, la población con este problema pasó del 5,8% en 2019 al 13,7% en 2020, aunque en las comarcas más dependientes del turismo la cifra se disparó hasta el 16,5%, en el caso de la Marina Baixa, y del 18,3%, en el de la Marina Alta.

Tras la contracción experimentada en 2020, el anuario anticipa que los datos de la Contabilidad Regional que elabora el INE -que aún no se conocen- reflejarán un crecimiento «robusto» de la economía alicantina en 2021, aunque menor del esperado. Además, los autores también avanzan incrementos significativos del PIB en 2022 y 2023, gracias al fin de los cuellos de botella que se formaron en los suministros tras el confinamiento, al efecto multiplicador de los fondos Next Generation y a la continuación de las políticas expansivas del PIB.

La guerra

Claro está que esta recuperación era la que se preveía antes del estallido de la guerra en Ucrania, cuyas primeras repercusiones se recogen en una adenda en el primer capítulo del dosier. Unas repercusiones que José Manuel Casado y Antonio Escudero señalan que serán más o menos graves en función de las decisiones que se tomen para atajar sus principales consecuencias, además, claro está, del propio devenir del conflicto. En cualquier caso, los profesores universitarios se mojan y, aunque consideran que el crecimiento del PIB se resentirá, no incluyen entre sus previsiones el temido escenario de la estanflación.

A su juicio, aunque reconocen que la inflación es el principal problema de la economía en estos momentos, consideran que no es de la misma gravedad que la que condujo a la Crisis del Petróleo de 1973. Primero, porque el alza de los precios del gas y del petróleo está ligada a la contienda; pero, además, recuerdan que la dependencia actual de la economía europea y española de estos inputs no es tan grande como entonces y, además, al menos hasta el momento, no se está registrando una inflación de segunda ronda. Por eso, consideran fundamental un pacto de rentas, en el que los trabajadores acepten que sus salarios crezcan por debajo del IPC temporalmente, y que las empresas contengan sus márgenes. Un acuerdo que, a su juicio, debe ir acompañado de disminuciones de impuestos o de ayudas directas a consumidores y empresas que ayuden a contener los precios.

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