Hoja de ruta hídrica. El acuerdo alcanzado la semana pasada -habrá que revisarlo el 1 de enero de 2023- entre la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó y la Confederación Hidrográfica el Júcar contempla que la provincia de Alicante deje definitivamente de extraer agua de los acuíferos a partir de 2027, año en el que finalizará la vigencia del nuevo plan hidrológico del Júcar y también el del Tajo.
El objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica es que Alicante sea casi autosuficiente en abastecimiento de agua a partir de ese año. Algo difícil ahora mismo en una provincia con un déficit hídrico de 600 hm³ al año o, lo que es lo mismo, Alicante necesita ese agua para garantizar su suministro y eso no es posible solo con la desalación. Este acercamiento no ha logrado desconvocar la manifestación/tractorada del próximo 10 de mayo en Alicante, porque solo se ha resuelto, de momento, un 25% del problema.
Regantes y patronal insisten, en este sentido, en que se debe mantener como está el trasvase Tajo-Segura y que el Júcar-Vinalopó alcance un caudal anual máximo de entre 30 hm³ y 50 hm³ para poder cerrar los pozos, algo que sigue pareciendo una quimera pese a los buenos propósitos de la semana pasada. El acuerdo se quedará en papel mojado si el 1 de enero de 2023 no se renueva, y con un precio del agua tan generoso como el acordado el miércoles pasado: 0,29 euros/m³ sobre un precio real de 0,85 euros. El escenario es más compleja en el Tajo-Segura, debido a que, de momento, sigue negro sobre blanco la subida del caudal ecológico, lo que dejará al trasvase sin 105 hm³ al año.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha avanzado en la búsqueda de la solución definitiva para el Júcar-Vinalopó, pero “nada se habrá logrado nada si en enero todo vuelve al escenario de hace dos semanas”, advierte Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó. Recordar que la Junta Central ha llegado a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar para la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó con un aporte inicial para este año de 18 hm³ de agua que los usuarios pagarán a razón de 0,29 euros el metro cúbico, un precio que los agricultores consideran asumible dado que la tarifa eléctrica sigue disparada. Se puso fin así a diez años de desencuentros durante lo cuales por el trasvase que costó 400 millones de euros apenas han llegado 10 hm³.
El acuerdo se circunscribe hasta diciembre y ha sido posible gracias, también, a las lluvias, que han dejado los embalses de la cuenca del Júcar al 60%, el mismo porcentaje de agua que debe dejar de extraer este año que será del 100% para el regadío en 2027 y también en gran parte para abastecimiento urbano. Solo podrán hacerlo los municipios del Alto y Medio Vinalopó.
El panorama está mucho más complicado en todo lo que rodea al Tajo-Segura, pese a que la propia Confederación del Segura -última esperanza de agricultores y empresarios- ha enviado a la vicepresidenta Teresa Ribera un informe tajante con el que le pide que el caudal ecológico del Tajo se quede como esté a riesgo de provocar una hecatombes socieconómica en Alicante y Murcia tras 43 años de prosperidad gracias a las aguas del Tajo. Informe validado por el Sindicato Central y el Consell en el plan de cuenca del Segura esperando que el Ministerio para la Transición Ecológica mueva ficha a la hora de cerrar el plan hidrológico del Tajo.
El 31 de marzo de 1979 se produjo el primer gran envío de agua y desde entonces ha permitido el gran desarrollo Murcia y Alicante, basado en la importante aportación que realiza el sector agrícola a la economía y el empleo. Los últimos datos muestran que las zonas regadas por el trasvase emplean a cerca de 107.000 personas y aportan al PIB nacional de 3.013 millones de euros, según el Sindicato Central.
Este desarrollo se parará debido a los últimos recortes anunciados por el Gobierno central. “Estos ataques al trasvase, solo apoyados en decisiones políticas, según Lucas Jiménez, presidente del Sindicato, se traducen en la reducción de sus envíos mensuales y el aumento de sus caudales ecológicos”, medidas que “no tienen los criterios técnicos válidos que avalen su conveniencia”.
“Si el ataque al Tajo-Segura persiste, el futuro agrícola del Levante no tiene futuro y así se pondrá en peligro el futuro del suministro alimentario que la zona produce desde hace décadas”, alerta el presidente.
