La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha reclamado «revisar leyes y procedimientos» para proteger mejor a las víctimas del terrorismo machista» y para conseguirlo ha pedido trabajar conjuntamente todos los estamentos implicados: el poder judicial, el ministerio fiscal, las administraciones públicas y la Abogacía.
Así se ha expresado la consellera al término del encuentro celebrado este martes en Madrid con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, en el que, entre otros asuntos, se han valorado los medios que las administraciones públicas ponen al servicio de los operadores jurídicos y para proteger a las víctimas.
Bravo ha propuesto mantener más reuniones de trabajo para «plantear al legislador propuestas concretas» porque «no podemos consentir que el sistema falle con todo lo que le cuesta a una mujer presentar una denuncia y cruzar esa línea que le va a llevar a mucho más sufrimiento».
La consellera también le ha explicado a la delegada para la Violencia de Género «la necesidad de replantearnos los juicios rápidos para los casos de violencia de genero porque, en ocasiones, se cierra la investigación de forma apresurada con una sentencia de conformidad que, muchas veces, en los hechos probados ni siquiera se recoge la peligrosidad del maltratador ni la situación de riesgo de la víctima».
Por ese motivo, Gabriela Bravo ha asegurado que los informes de valoración del riesgo «no pueden basarse únicamente en el atestado policial» y ha insistido en su preocupación por «el escaso uso que se hacen tanto de las unidades de valoración integral como de los informes forenses de riesgo» a pesar de que es un recurso que, en la Comunidad Valenciana, «está a disposición de los operadores jurídicos».
