En ausencia casi absoluta de acusados (comparecieron tres de los trece y uno de ellos se marchó apenas comenzó la sesión) se ha reanudado este martes el juicio por las supuesta irregularidades en la adjudicación de plan de residuos de la Vega Baja. Una vista que comenzó en noviembre, con sesiones previstas hasta finales de junio y en la que están acusados, entre otros, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente y los empresarios Ángel Fenoll, Enrique Ortiz y Rafael Gregory.
En la causa se intenta aclarar si, como sostienen los fiscales anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero, Ripoll se prevalió de su cargo para, en contra del interés general, beneficiar a Fenoll y Ortiz en la instalación de una macro planta de basuras a cambio de prebendas que irían desde dos pisos hasta su valor en metálico (en torno al millón) y viajes. La planta no se construyó.
Tras las declaraciones de los acusados (únicamente Ortiz y su empleado José Candela han respondido a todas las partes), y de los testigos y peritos, la sesión de este martes, la primera tras el paréntesis vacacional, se dedicó a la lectura de los documentos planteados por la acusación pública. Entre ellos, un contrato de promesa de compraventa de diciembre de 2007 entre Gregory, quien actuaba en representación de las empresas de Fenoll, y Ortiz sobre varias fincas que el empresario de Orihuela había comprado apenas unos meses antes por 424.000 euros y vendía por cerca de diez millones.
Los fiscales sostienen que Ripoll presionó a Ortiz, adjudicatario del Plan Zonal con la UTE que había formado con Cespa, para que le comprara ese suelo a Fenoll, afín al PP, compensándole así por haberse quedado fuera del negocio de las basuras. Su propuesta para el macrovertedero fue rechazada. Mientras no lo hiciera, se mantendría bloqueada la solución transitoria, fuente de ingresos para Ortiz en tanto construía las instalaciones definitivas, para forzarle así a comprar, mantiene la Fiscalía.
El documento fue intervenido en el registro realizado en la empresa de Gregory, y no es el único en los que aparece esta relación entre los dos empresarios acerca de ese suelo. También se leyó un modelo de contrato fechado un año después para la adquisición de esas fincas y notas manuscritas sobre la forma de pago.
Durante la mañana se visualizaron también imágenes de más de una docena de seguimientos realizados por la Policía donde se ve a Ripoll y a Gregory en las embarcaciones de Ortiz en Sevilla y Dénia, o entrando en un céntrico restaurante de Alicante al que también acude Fenoll así como dos encuentros entre este empresario y el exdiputado socialista y también acusado Antonio Amorós.
Las declaraciones que la entonces alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, realizó a los medios al día siguiente de adjudicarse el macrovetedero también se vieron en la sala. Lorente describió dónde iba a ir la planta con tal profusión de detalles que ninguno de quienes conocen la zona dudó de que estaba hablando de los terrenos de Fenoll cuando la propuesta de la adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz, estaba ubicada en otra finca de Torremendo.
El tribunal dio cuenta asimismo de que, según la selección realizada por los fiscales, serán al final 497 las conversaciones intervenidas que se escuchen en la sala y que suman un total de trece horas. Los pinchazos telefónicos se prolongaron en algunos casos durante casi tres años.
