El Gobierno contempla la posibilidad de cerrar líneas férreas o suprimir trenes de cercanías y regionales antes de que caduquen las actuales Obligaciones de Servicio Público en 2028. Así se refleja con toda claridad en el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, el mismo que confirma que se establecerá algún sistema de pago por circular por las autovías. Los recorridos podrán dejar de tener esta consideración si así lo solicitan las comunidades autónomas, y sustituidos por otros medios de transporte si el Ministerio da su visto bueno. Pero además, la inminente clausura de la línea convencional de Madrid a València por Cuenca, antes incluso de que se apruebe la ley, pone de manifiesto que en cualquier momento podrán llevarse a cabo operaciones de este tipo, aduciendo circunstancias especiales.
El anteproyecto de la citada ley recoge en una de sus disposiciones transitorias que las comunidades autónomas podrán solicitar, en el primer semestre de cada año y de acuerdo con los ayuntamientos afectados, la reducción o supresión de recorridos considerados como servicio público, proponiendo además una alternativa. De esta forma se da una vuelta más a lo que ya se ha recogido también en la Estrategia de Movilidad Sostenible del mismo Ministerio de Transportes Movilidad y Medio Ambiente (Mitma), que, como ya publicó este periódico hace algunas semanas, endurece las condiciones para renovar las Obligaciones de Servicio Público Ferroviario cuando las actuales lleguen a su fin el 31 de diciembre de 2027.
Así, si la Ley de Movilidad Sostenible sale adelante con esta disposición transitoria, podrán suprimirse circulaciones de trenes o clausurarse líneas enteras sin esperar a 2028, apelando a los criterios de rentabilidad a los que alude el anteproyecto. Esto sitúa aún más en el punto de mira servicios como los de Alicante a Villena y Alcoy a Xàtiva y València y, en el caso de esta última línea, genera más incertidumbre sobre la continuidad de la propia infraestructura, al tratarse de un trazado más secundario y aquejado de un gran abandono por las administraciones a lo largo de las últimas décadas. Pero no solo eso, ya que, apelando al texto del anteproyecto, quedan en entredicho incluso servicios como los cercanías de Alicante a Murcia.
La continuidad de estos servicios e infraestructuras no quedaría así en el aire a partir de 2028, sino ya desde el mismo momento en que se aprobara la ley. Es cierto que, para que eso se produjera, tendría que ser la Generalitat quien lo pidiera en primera instancia y no parece que se den circunstancias para ello. Pero también conviene señalar que hay ahora mismo en marcha un proceso para clausurar una línea férrea, el cual afecta en una pequeña porción a la Comunidad Valenciana, y que por parte del gobierno autonómico no está habiendo un rechazo frontal al anunciado cierre.
El Ministerio de Transportes ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados su intención de clausurar la línea Madrid-Cuenca-València, entre la localidad conquense de Tarancón y la valenciana de Utiel, alegando la falta de rentabilidad y competitividad de este servicio. La intención es sustituir los trenes por autobuses -en un tramo ya es así desde hace más de un año, ya que el temporal Filomena produjo en la vía unos daños que no se han llegado a reparar-, desmantelar la vía y convertir el trazado en una vía verde. El fuerte rechazo social que se ha producido, sobre todo en Cuenca, no ha detenido los planes del Gobierno.
Un posible precedente
La línea en cuestión fue eliminada de las Obligaciones de Servicio Público por acuerdo del Consejo de Ministros en marzo, y su clausura definitiva es, salvo sorpresas de última hora, cuestión de semanas. Afecta directamente a dos localidades de la Comunidad, Camporrobles -donde también ha habido movilizaciones en contra del cierre- y la pedanía de Las Cuevas de Utiel, que suman unos 1.800 habitantes. La argumentación dada para acometer esta medida puede sentar un precedente para aplicar más recortes o cierres en un futuro, al margen incluso de lo que recoge el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible. Llama mucho la atención, cabe decir, esta reiterada falta de apuesta fuera de las grandes zonas urbanas por el ferrocarril, un medio de transporte que se suele etiquetar de por sí como sostenible.
La línea Alcoy-Xàtiva discurre por una zona mucho más poblada que la de Madrid a Cuenca y València, y su volumen de usuarios es destacable teniendo en cuenta la precariedad de la infraestructura y el servicio; además, se están renovando sus instalaciones de seguridad y en un futuro se mejorará también la vía. Sin embargo, el citado cierre inminente es una muestra de que en cualquier momento podría aducirse la falta de rentabilidad para aplicar una medida similar, más aún tratándose de una línea secundaria y sin apenas mantenimiento. En el caso del trazado de Alicante a Villena, el mismo argumento podría aplicarse para quitar servicios, aunque ni siquiera lo solicitara el gobierno autonómico como dice el anteproyecto de ley.
Acusaciones cruzadas entre PP y PSPV
La controversia por el cierre del ferrocarril Madrid-Cuenca-València y los recortes en otros servicios se han trasladado a la esfera política. El portavoz adjunto del PP en las Cortes, Miguel Barrachina, ha criticado duramente este domingo la anunciada clausura de la citada línea convencional, y ha reivindicado que la Comunidad Valenciana debe "recuperar ya la totalidad de frecuencias suprimidas, tanto en cercanías como en media y larga distancia". El diputado recuerda, aludiendo de forma implícita a una información publicada por este periódico, que "hay más líneas de transporte ferroviarias en riesgo de que se eliminen, ya que el Gobierno prevé endurecer las condiciones para declarar las nuevas Obligaciones de Servicio Público", y exige no solo que se mantengan, sino que se aumenten las frecuencias en varias líneas como la de Alcoy a Xàtiva.
Estas declaraciones han sido replicadas por la portavoz de Infraestructuras y Obras Públicas del PSPV en el Parlamento valenciano, Sandra Martín, quien ha afeado al PP su "desfachatez" por "reivindiquen que se vuelva a los niveles de servicio que se tenían durante sus gobiernos, cuando precisamente su abandono y falta de inversión provocaron la situación actual". Además, la diputada ha hecho énfasis en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha puesto en marcha actuaciones por valor de 450 millones de euros en todos los núcleos de cercanías para paliar la situación heredada del PP", citando también varias medidas concretas para mejorar el servicio en las cercanías de València que, sin embargo, no se han desarrollado también en los cercanías de Alicante o en las líneas de media distancia.
