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Decepción y crispación en la provincia ante lo que se califica como la muerte de la agricultura

Los regantes cargan contra Puig, al que acusan de ponerse de perfil, mientras los empresarios consideran que hay margen para el diálogo

Los enormes tubos del trasvase, en Orihuela, dejarán de impulsar agua a la Pedrera. TONY SEVILLA

«Inasumible», «la tumba de la agricultura», «hachazo», «olvido» «menosprecio», «destrucción»... ayer se agotaron los adjetivos entre empresarios, agricultores y algunos políticos para explicar lo que supondrá para la provincia el recorte del Tajo-Segura. Los regantes, especialmente, fueron muy críticos con el gobierno socialista y, especialmente, con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Y, pese al respaldo que los alcaldes de esta formación política han dado al mantenimiento del trasvase desde hace años, de forma muy intensa en Elche o en la Vega Baja, ni el presidente Ximo Puig ni tampoco la consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), escapaban ayer a sus acusaciones, asegurando que se habían puesto de perfil. «Han delegado la defensa de sus ciudadanos a los técnicos jurídicos de la Generalitat, poniendo a funcionarios a librar en su lugar una batalla política. Los problemas no se solucionarán acudiendo a los tribunales por sistema, hay que coger la maleta y subir a Madrid y trabajar por el trasvase. El PSOE será el único responsable de la pérdida de 5.000 empleos», aseguraba el secretario de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

«Los socialistas han cavado la tumba de los agricultores, pero también la suya política en levante». El representante del sector considera que el recorte es una «decisión ideológica, que no obedece a criterios técnicos, completamente autoritaria porque el Gobierno ha desoído nuestras alegaciones». Andreu añadía que reclamarán 5.000 millones de lucro cesante al tiempo que volvió a pedir explicaciones por esta decisión, «acientífica, fanática y estúpida».

CEV

Mucho más conciliador se mostró el presidente provincial de la CEV (Confederación Empresarial Valenciana), Joaquín Pérez, quien dijo que su colectivo por supuesto está en contra de la medida del recorte, que la rechazan porque «sin agua, está en juego el futuro de los agricultores de la provincia. Hay que sentarse a hablar hasta encontrar una solución al problema. Desde nuestra vertiente es una situación muy preocupante por el peso que tiene en la provincia y en las exportaciones».

El tono de la mayoría de los entrevistados fue de pesadumbre y desolación, junto con el de enfado porque sienten que nadie les ha escuchado. Así, la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, dijo que «es una tragedia para la Vega Baja. Es intolerable que nos quiten el trasvase, una de las fuentes de riqueza de los últimos años». Al tiempo que calificó el recorte de «abuso» y «ataque». En suma, «un acoso y derribo por parte de este Gobierno, que no se basa en razones técnicas. Será una pérdida difícil de reparar para la comarca y un retroceso de lo que habíamos adelantado los últimos 30 años».

Pleno en Elche

Precisamente ayer en Elche, aprovechando el pleno ordinario, todos los partidos apoyaron una moción en contra del recorte. Su alcalde, Carlos González mostró su «oposición rotunda y firme al Plan Hidrológico del Tajo», medida adoptada por un Gobierno de su partido, el PSOE.

«Nos parece inadmisible porque genera un perjuicio grave para el trasvase y porque ello supondrá menos agua para nuestra provincia y para el Camp d’Elx. Vamos a oponernos con la máxima contundencia y llevaremos esa oposición a los tribunales con un recurso en defensa del trasvase, que es imprescindible, irrenunciable e insustituible». El primer edil ilicitano adelantó la pasada semana que el Ayuntamiento va a presentar acciones contra el recorte planteado en el Plan Hidrológico del Tajo.

Críticas en Alicante

En la misma línea, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, calificó ayer lo sucedido de «nuevo hachazo al Tajo-Segura. Es la enésima prueba del olvido y menosprecio del Gobierno central hacia la provincia de Alicante. Al mismo tiempo que aprueba trasvases internos en Castilla-La Mancha, autoriza un nuevo recorte para Alicante, que supone la pérdida de 6.000 puestos de trabajo directos y un impacto económico de 122 millones de euros. El Ejecutivo de Sánchez es nocivo para esta provincia: al tiempo que nos machaca a impuestos, nos priva de infraestructuras vitales como el trasvase y nos deja a la cola de España en los Presupuestos del Estado».

Por su parte, la alcaldesa de Albatera, Ana Serna, a la sazón diputada de Ciclo Hídrico de la provincia, añadía que el Gobierno de España «cumple su promesa de matar el Tajo-Segura bajo el silencio de Ximo Puig». Serna se refirió así al «hachazo que de nuevo le dan al Tajo-Segura» al votarse en el Consejo del Agua del Tajo el plan hidrológico que recoge el aumento de caudal ecológico. «Desde luego la ministra Teresa Ribera va a cumplir su promesa de aumentar el caudal y en definitiva lo que hace es cumplir su promesa de matar el trasvase».

«Dentro de poco tiempo veremos cómo se consuma a través del BOE ese aumento de los caudales ecológicos con la merma que supondrá en el caudal a trasvasar y el perjuicio económico que supondrá para la agricultura, por no hablar de la hipoteca energética y la hipoteca medio ambiental», dijo Serna. «La muerte del Tajo-Segura a la que asistimos con la promesa cumplida de la ministra Teresa Ribera, porque esta sí es una de las promesas cumplidas del Gobierno de Sánchez, se produce ante el silencio de Ximo Puig. Una vez más nos preguntamos dónde está el presidente de los ciudadanos de la Comunitat y por qué no está defendiendo con uñas y dientes los intereses del sur de la provincia. Es cómplice de la muerte del trasvase», zanjó.

Por su parte, fue el presidente de la comunidad de base de Cuarto Levante y Séptimo de la Peña, Ángel Urbina, el que explicó en qué situación se van a encontrar los agricultores, los principales afectados, por el «interés político y no por el real. Se aumentan los caudales ecológicos del Tajo que va desde Bolarque hasta Aranjuez, al contrario de lo que ocurre en otros tramos del Tajo, como el del río Jarama, el afluente que más contamina y que se ha reducido, al contrario de lo que hay que hacer», lamenta el veterano regante, antes de añadir: «Esto provoca que a los regantes del trasvase nos quiten 105 hectómetros cúbicos, de los 200 que nos llegan para regar. Es el principio del fin del acueducto Tajo-Segura para el Levante español».

Hipotecas

Urbina se pregunta cómo van a pagar los agricultores que han modernizado sus infraestructuras incitados por el Gobierno central los 35 años de hipoteca que les queda por afrontar. «Es un problema muy grave. Si no hay agua, no va a haber trabajo, y sin trabajo nos vamos a quedar sin dinero para pagar las hipotecas a las que nos obligó el Estado. Ya no estamos hablando de una cuestión medioambiental, que también lo es. Lo que se está generando es un problema impresionante a nivel económico y social para los regantes», apostilla Urbina antes de finalizar con una crítica a las instituciones locales: «Los políticos de la Comunidad Valenciana han fracasado por completo, dejando a nuestros hijos sin agua y llenos de deudas».

Caudal ecológico

Por su parte, José María Pérez (PP), alcalde de Pilar de la Horadada y concejal de Agricultura y Agua -además de agricultor, síndico de la comunidad de regantes del Campo de Cartagena y miembro de la junta de gobierno del sindicato central de regantes-, se mostró rotundo al valorar que el Gobierno haya decidido aumentar el caudal ecológico «solamente en el tramo que perjudica al trasvase», porque «lo que pretenden es rematarlo y eliminarlo». La medida, en su opinión, equivale a «cerrar el trasvase», y sin él «el Levante español se queda en cero». En suma, advirtió, «quieren que desaparezca la agricultura del Levante y les da igual el empleo directo e indirecto que se destruya». Indicó que «el agua desalada al precio que está la energía es inviable para el campo». Por último, ha señalado que «el presidente de Castilla-La Mancha ha ganado a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y una parte de Andalucía», pero «no nos vamos a rendir».

Asimismo, el regidor de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), hizo hincapié en «defender esta tierra con independencia de cuestiones ideológicas». De esta forma, subrayó que «esta tierra sería una ruina sin esos aportes del trasvase». A su juicio, elevar los caudales ecológicos no es la solución: «Si allí depuraran bien para reutilizar el agua, no haría falta». También insistió en que «lo que viene aquí es lo que sobra allí, siempre sin perjudicar a nadie y pagando por el agua». En este sentido, calificó de «barbaridad» la medida, así como el depender de la desalación.

Cámara de Comercio

Mario Martínez, presidente de Cámara Orihuela, tachó la decisión del Gobierno de un «error de primera magnitud». A su juicio, no puede calificarse de otra forma «dejar sin agua al territorio que es la despensa de España y de Europa», sin olvidar que supone «el 50% del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana».

Destacó que «cortar el trasvase lo único que provoca es que hundes económicamente a un territorio y a un sector, no solo el agroalimentario sino también el turístico, pero no solucionas el asunto del agua, que se debe abordar desde un punto de vista nacional y no autonómico». En este sentido, lamentó que el Plan Hidrológico Nacional esté varado, y abogó por la interconexión de cuencas, desaladoras, depuradoras y aprovechamiento del agua de lluvia. Por último, recordó que «en caso de que no exista ese sector agroalimentario en este territorio, en 40 años el desierto estará en Albacete y después en Madrid».

El alcalde de Rafal, Manuel Pineda, advirtió de que «la modificación para que en el Plan Hidrológico del Tajo figure que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez sea de 8,6 metros cúbicos por segundo a partir del 2027 supondrá una merma de unos 30 o 40 hectómetros cúbicos para las comarcas del Vinalopó, la Vega Baja y la provincia en general». E incidió en que «es algo que no podemos permitir», recordando al mismo tiempo «el compromiso firme» del Consell con el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura: «Por eso el presidente ha afirmado que interpondrá los recursos necesarios para evitar la modificación».

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