De hablar del presunto fraude en las oposiciones a hacerlo de una supuesta trama policial urdida para conseguir "derrocarle". El jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, consiguió su objetivo tras su comparecencia ante la comisión que investiga las posibles irregularidades en las oposiciones al Cuerpo de seguridad, al denunciar un presunto complot de "subordinados" para que el alcalde, Luis Barcala, le releve como máximo responsable de la Policía Local, un cargo que ocupa desde que fue nombrado por la entonces regidora Sonia Castedo a mediados de 2009.
La intervención de Conesa no dejó indiferentes. Fue, de largo, la que aportó más elementos para el debate, al poner nuevas sospechas sobre la mesa. El jefe policial, antes de que llegase el turno de preguntas de los miembros de la comisión, ya había soltado la bomba. No necesitó que nadie le diera pie: "Comparezco por un rumor sin autoría explícita, por un documento que todo lo que dice es falso, inexacto y tendencioso. El único objetivo es desprestigiarme para que el cabecilla [de esa supuesta trama] ocupe mi posición en un futuro próximo. A él y a su grupo, que son delincuentes, no les importa destrozar familias. Se trata de un burdo montaje en el que yo soy la pieza a ganar".
Así empezó una intervención en la que, según avanzó, Conesa siguió concretando aún más su denuncia pública, que previamente había interpuesto ante la Comisaría de la Policía Nacional. "En el documento, menos de trata de blancas y de tráfico de drogas, se me acusa de todo. Me refiero a compañeros del Cuerpo, subordinados míos, a los que todos los días veo pasar. Uno de ellos querrá ser jefe, otro piensa que he beneficiado a otra academia y otros lo harán porque no ascendieron o porque su hijo no aprobó. Lo han hecho por venganza o porque quieren mi puesto", prosiguió Conesa ante el asombro general, y eso que se negó a dar nombres, aunque expresó en público su deseo de que la «justicia aplaste con todo su peso los rumores cobardes y despreciables».
Al margen de hablar de que, en su caso, "ha imperado la presunción de culpabilidad", Conesa también hizo su propio listado de vínculos familiares, aunque sin revelar identidades. El jefe de la Policía Local de Alicante aseguró que a las oposiciones se presentaron 57 familiares de agentes, de los que 25 aprobaron. Además, apuntó que de los 106 interinos inscritos en el proceso selectivo, solo la mitad ha conseguido plaza (53). Eso sí, reconoció que esos datos le han producido "sorpresa" al desconocer, según su relato, que había "tantos" familiares en estas oposiciones. Respecto a la influencia de una academia con sede en la ciudad y en la que imparten clase agentes de la Policía Local de Alicante, Conesa precisó datos, a la vez que recordó que las aulas de los sindicatos UGT, SEP y SPPLB estaban "cerradas durante las oposiciones". De los trece aspirantes que estudiaron en San Vicente, cinco aprobaron. Mientras que, siempre según el jefe de la Policía, de los 132 que se prepararon en Alicante, 33 han conseguido plaza. "La de aquí, Aspol, tiene más aprobados porque también tiene más clientes. Me consta que están desbordados porque son muy buenos", añadió.
El único objetivo es desprestigiarme para que el cabecilla [de esa supuesta trama] ocupe mi posición en un futuro próximo. A él y a su grupo, que son delincuentes, no les importa destrozar familias
Respecto a los principales exámenes del proceso selectivo, Conesa explicó que el supuesto teórico se elaboró con las preguntas enviadas por los miembros del tribunal, que según incidió eran ajenos al Ayuntamiento de Alicante (salvo la secretaria) para evitar presiones de los opositores. Del supuesto práctico, añadió que fue obra suya y que finalmente puso el más sencillo para sortear el "fracaso" que habría sido no cubrir las 92 plazas ofertadas. Sobre la custodia de las preguntas, Conesa resaltó que no hubo "sospecha de filtraciones" ni de haberse "roto la cadena de custodia" de los exámenes
En cuestiones políticas, a preguntas de la oposición, el comisario jefe rechazó criticar la decisión del alcalde de apoyar la creación de la comisión que está investigando el proceso, aunque admitió que había "otras opciones" para indagar las supuestas irregularidades. "Yo no creo que Alcaldía dé legitimidad al listado, yo entendí que quería dejar claro que apostaba por la transparencia absoluta", agregó Conesa, quien como el resto de intervinientes defendió la inexistencia de "irregularidades" en el proceso y sostuvo que todos los opositores tuvieron "un trato igualitario".
Esa fue la respuesta de los comparecientes a la pregunta recurrente que hizo la presidenta de la comisión, la popular Mari Carmen de España, para cerrar cada intervención. Todos contestaron que sí, que había sido una oposición sin trato de favor. Y todos rechazaron cualquier tipo de irregularidad.
La maratoniana jornada, en cuanto a comparecencias, arrancó con Miguel Ángel Palacios, vocal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y oficial en la Policía Local de La Vila. El miembro del tribunal subrayó que no percibió ninguna incidencia relevante respecto a otras oposiciones policiales, a la vez que destacó que el proceso ha sido "muy garantista". Respecto a las diez de las cincuenta preguntas que tuvo que realizar junto al otro vocal de la Avsre, Palacios señaló que el porcentaje de cuestiones que elabora cada miembro del jurado es distinto en cada proceso.
Ante la ausencia del otro vocal propuesto por la agencia, José Antonio Berbegal, la segunda intervención de la jornada correspondió a Antonio Collado, jefe de la Policía Local de Xàtiva y miembro del tribunal a propuesta de su homólogo en Alicante. De igual manera, quiso dejar constancia de que "no se ha acreditado ninguna anomalía" durante el proceso, lamentando "lo fácil que es calumniar a unos profesionales". Respecto a su participación en el tribunal, apuntó que es habitual proponer a miembros de otros municipios. "El jefe de la Policía de Alicante consideraba que había mucha gente próxima al Ayuntamiento entre los opositores, por lo que prefería que no hubiera nadie de Alicante en el tribunal", apuntó Collado, quien habló de un "rigor absoluto" en el proceso y subrayó que no hubo reclamaciones sobre las preguntas, que consideró que no eran "de extremada complejidad". Collado también subrayó que "la mayoría de las oposiciones están judicializadas", lo que provoca "que cada vez haya menos gente que esté dispuesta a ser miembro de un tribunal".
La tercera interviniente de la mañana fue la funcionaria Remedios Molina, quien exigió que su comparecencia fuera a puerta cerrada. La técnico fue la secretaria del tribunal y la responsable de la custodia de las preguntas, junto al jefe de la Policía Local de Alicante. En su comparecencia, reveló que la información de la oposición la conserva en un par de pendrives que lleva en el bolso.
Tras la posterior comparecencia de Conesa llegó el receso para la comida. La jornada vespertina, mucho más ligera que la matutina, comenzó con la comparecencia de Francisco Vázquez, mando de la Policía Local de Alicante y suplente del tribunal, que también se acogió a la prerrogativa concedida por la presidenta de la comisión para hacer su intervención a puerta cerrada. A continuación llegó el turno de José Álvarez, también suplente del tribunal. El mando de la Policía Local de La Vila explicó que no participó en ningún momento en el proceso selectivo, ya que su titular, el jefe de la Policía Local de Alicante, no se ausentó durante toda la oposición.
La tercera intervención de la tarde estuvo a cargo de Ana Lillo, encargada de la prueba psicotécnica. Lillo, que empezó su comparecencia lamentando que los miembros de la comisión estuviera mayoritariamente sin mascarilla, explicó que el test estuvo siempre bajo su custodia, sin que lo conocieran otros miembros del tribunal. "Ni preguntan. Cuanto menos saben, mejor, porque así nadie les pregunta", añadió la funcionaria.
Tras el análisis del examen psicotécnico fue el momento para el responsable de las pruebas médicas, Andrés García Trillo, que explicó con todo lujo de detalles el doble control médico, tanto con el certificado médico como las posteriores pruebas médicas. Además, subrayó que en los tribunales "nadie" le ha presionado en ningún momento. "Yo expongo mi consejo y hasta ahora jamás se me ha cuestionado", apuntó el médico, que a su vez defendió su criterio respecto a la validez de los certificados médicos, puesto en cuestión por tribunales de justicia. El cierre de las comparecencias correspondió a la jefa del área de Recursos Humanos, Alicia Facorro, que también pidió intervenir a puerta cerrada pese a que no participó directamente en el proceso selectivo.
Dos comparecencias pendientes de miembros de tribunales
La presidenta de la comisión, la concejala popular Mari Carmen de España, reconoció que el orden del día de la comisión había sido obra suya, después de que el secretario rechazase asumir esa responsabilidad, según el informe en el que boicoteó las comparecencias del alcalde, Luis Barcala, y del concejal de Seguridad, José Ramón González, pese a subrayar que se trataba de una comisión política y no de investigación, ya que este órgano no estaba reglado en el Ayuntamiento. En ese orden del día, con una jornada maratoriana, se incluyeron catorce comparecencias. Finalmente, fueron diez los intervinientes. Pese a todo, la presidenta de la comisión no incluyó a otras dos personas que habían sido miembros de tribunales de las oposiciones a la Policía Local, aunque no en el turno libre. Se trata de Francisco Bernabeu e Inmaculada Soriano, del turno de consolidación. Serán citados para la sesión del próximo 18 de mayo.
Bronca política por el intento de Barcala de comparecer tras una jornada de diez horas
La primera jornada de comparecencias en la comisión que comisión que investiga las supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local empezó con bronca política. Y todo por un nuevo movimiento de la Alcaldía de Barcala.
Primero fue la decisión de los populares de encargar un novedoso informe al secretario de la comisión, que en este caso también es el secretario del Ayuntamiento, sobre la pertinencia de las comparecencias solicitadas por los grupos. Tras el rechazo decidido por el alto funcionario de las intervenciones del alcalde y del concejal de Seguridad pese a tratarse de una comisión política, tanto Barcala como José Ramón González solicitaron la comparecencia «voluntaria». Eso sí, sin aviso a los grupos de la oposición.
Esa propuesta, que no hacía más que aceptar la petición de comparecencia que registraron esas cuatro formaciones (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox), tenía letra pequeña. Y es que, tal y como se ocupó De España de subrayar, la participación ante la comisión tenía que producirse este lunes, al término del resto de las comparecencias. Es decir, después de una larga jornada y sin estar prevista anteriormente.
Tras una agria discusión y ante la negativa de la oposición a votar la propuesta, para no aceptar unos términos que no compartían o rechazar una intervención que habían solicitado, fue la presidenta la que tomó la decisión. Así, ni Barcala ni González dieron sus explicaciones ante la comisión, aunque la oposición no descarta, y más tras las incendiarias palabras del jefe de la Policía Local de Alicante, que ambos dirigentes populares acudan en una nueva sesión, como la ya convocada para el 18 de mayo. Antes de esa cita, la comisión se reunirá en una reunión extraordinaria, a petición de la izquierda, para estudiar la hoja de ruta. Ahí se pondrá sobre la mesa la pertinencia de que el alcalde y el concejal intervengan para posicionarse ante la supuesta trama para forzar el relevo al frente de la Policía.
En esa sesión, aún sin fecha, también se pretende abordar otro asunto polémico en la jornada de este lunes, como que los comparecientes, en una comisión pública, tuvieran la potestad, amparados por el secretario y la presidenta, de acogerse a la prerrogativa de intervenir a puerta cerrada. Este lunes, se dio el caso de que los miembros de los medios de comunicación fueron desalojados de la sala hasta en tres ocasiones, mientras que se permitió seguir dentro a asesores municipales.
