Los servicios jurídicos de la Generalitat y la Diputación se han puesto a trabajar ya de lleno en la redacción de los recursos jurídicos, por la vía de lo contencioso administrativo, que presentarán ante el Tribunal Supremo una vez que el BOE publique la aprobación del plan de cuenca del Tajo, que contempla el aumento del caudal ecológico del río en su cabecera y, por lo tanto, el recorte del trasvase Tajo-Segura en un tercio de la cantidad que ha llegado hasta ahora todos los años desde hace 43 años. En concreto, los 350 hm³ que se van a ir reduciendo progresivamente hasta una horquilla entre 105 y 130 hm³, siempre en condiciones normales, es decir sin sequía. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se muestra optimista en ganar l batalla judicial al Gobierno. Los servicios jurídicos del Consell le han trasladado que hay "base jurídica suficiente para ganar", según avanzan desde Presidencia.
Ambos recursos se presentarán por separado y Consell y Diputación, a la que se ha sumado Asaja-Alicante, tienen dos meses para recurrir a partir de la publicación en el BOE. El texto de los recursos se desconoce aún pero irán en la línea del daño que va a suponer el recorte para la actividad de la industria agroalimentaria de la provincia, así como la ruptura de una planificación agrícola e industrial que se realiza en base la seguridad jurídica que daba hasta ahora la garantía de contar con agua de calidad, en cantidad y buen precio. La Diputación va a más allá y ya anunciado que pedirá 5.000 millones de euros en concepto de lucro cesante.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat, reitera, en este sentido que “tenemos razones jurídicas, políticas y sociales para defender el Tajo-Segura en los tribunales. La lealtad de la Generalitat Valenciana está con los regantes y actuaremos en consecuencia para defender a Alicante”
El jefe del Consell subraya y así se lo hecho llegar por carta a las comunidades de regantes, en la que traslada su oposición a la media de la vicepresidenta Teresa Ribera, que “no vamos a dar ningún paso atrás en esta situación. Continuaremos hablando pero continuaremos acudiendo a lo que en el Estado de derecho significa la Justicia. Recurriremos todos aquellos cambios que se produzcan que no garanticen el derecho de la Vega Baja y de Alicante a tener el agua necesaria. Nuestra lealtad es con esta tierra. Nuestra lealtad es con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. La Generalitat no estará nunca de acuerdo con aquello que perjudique a los regantes. Y siempre actuaremos en consecuencia”.
Puig recuerda, por otro lado, que “en este proceso hemos presentado alegaciones racionales sustentadas técnica y jurídicamente para mejorar las perspectivas que anunciaba el Ministerio. Lo hemos hecho adecuándonos a los canales que están previstos en la legislación y lo continuaremos haciendo. Por la vía de la negociación y de los espacios jurídicos. Lo hemos hecho en el pasado, cuando no nos ha gustado o no nos ha parecido correcto o no nos ha parecido ajustado a Derecho, alguna limitación al trasvase. Pero, en este caso yo lo quiero decir con total rotundidad, creo que tenemos razones jurídicas, políticas y sociales para continuar defendiendo nuestra posición a favor del Tajo-Segura en el ámbito que sea necesario”.
Por su parte, la Diputación centrará en parte su recurso en los datos de un informe de Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que forma parte de la documentación que prepara la Diputación para plantear el recurso por la vía de lo contencioso-administrativo contra el cambio de las reglas de explotación del Tajo-Segura. El estudio revela que el impacto negativo del recorte del trasvase será mucho mayor que el que admite la propia Confederación Hidrográfica del Segura para todo el “territorio trasvase”: Alicante, Murcia y Almería..
El estudio coordinado por el director del Instituto, el catedrático Joaquín Melgarejo, señala que la pérdidas anuales en Alicante, Murcia y Almería serán de 5.327 millones euros anuales. producto del abandono de los cultivos y del volumen económico que se dejará de mover (lucro cesante). Además, dejarán de aportarse al PIB español, un total de 3.610 millones de euros. Seis mil empleos directos se perderán sólo en la provincia de Alicante, y una cifra similar también de de indirectos, los mismos que mantiene la planta de la multinacional Ford en la valenciana Almussafes.
La aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) supone, según los técnicos, una merma de caudales disponibles para regadío del trasvase Tajo-Segura estimados en unos 105 hm3/año. La potencial reclamación patrimonial, podrá incluir, además, los daños emergentes como gastos, inversiones... ya realizados al amparo de la normativa anterior, y el lucro cesante (previsiones efectivas, no meras expectativas), según el informe.
“El daño es indemnizable cuando pone en cuestión la rentabilidad razonable de las explotaciones agrarias, impidiendo o condicionando gravemente su continuidad”, subraya Joaquín Melgarejo. La reducción de caudales traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío que debería dejar de regarse y pasar a secano o abandonar la explotación agraria.
Esto supone la pérdida de unas 27.314 hectáreas. Los efectos económicos derivan de la pérdida de dos flujos de valoración. De una parte, el valor de los activos productivos (precio de la tierra) y, por otro lado, el lucro cesante experimentado por las explotaciones a través del margen neto: 5.400 millones euros, según refleja un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que se incorporará al contencioso-administrativo que preparan los servicios jurídicos de la Diputación.
Esta generación de empleo, aparte de los efectos directos sobre el bienestar de la población y el desarrollo económico de las provincias beneficiadas por el trasvase, supone, según Melgarejo, una contribución significativa a las arcas públicas. “Se produce principalmente a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las contribuciones a la Seguridad Social por parte de las empresas y trabajadores y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Circunstancia que parece que nadie ha contemplado en el Gobierno. Es decir, cambiar bienestar y progreso por ruina. Es insólito, la verdad”.
