Educación ha redactado un nuevo decreto de convivencia, de obligado cumplimiento para los colegios e institutos públicos y concertados, en cuyo borrador incluye como novedad las suspensión de hasta un mes de las actividades extraescolares para el alumno que infrinja las normas.
Las conductas consideradas graves y que conllevan esta sanción son “el acoso, actos graves de indisciplina, insultos, amenazas, o las falta de respeto y actitudes desafiantes, agresiones” etcétera.
Se incluyen los actos de odio, cualquier tipo de discriminación concretando las de tipo sexual y afectivo, la difusión o grabación de acciones vejatorias, así como la incitación o uso de sustancias perjudiciales para la salud, incitar a cometer faltas o acceder a documentos del centro sin permiso.
En el apartado de daños infringidos que son objeto de sanción, se añade el daño a las pertenencias de las personas y se mantiene el ocasionado a las instalaciones del centro, ya contemplado en la norma actualmente en vigor.
Como faltas también se incorpora dañar el entorno del centro o no cuidar el medio ambiente, jardines, los animales y fachadas.
Identidad
Los responsables educativos han querido incluir en el nuevo decreto por la convivencia escolar todos los extremos sobre la integridad y dignidad personal que se han ido formulando en las distintas leyes promulgadas por la Generalitat desde 2014, como la de protección integral a la infancia frente a la violencia, la de igualdad, la de de identidad y expresión de género, la de inclusión y orientación educativa, o el compromiso firmado familia-tutor.
La suspensión del derecho de asistencia a clase se contempla ahora únicamente de forma “excepcional”, no más de quince días y sin que en ningún momento suponga interrumpir la formación, de forma que el tutor debe controlar que se siguen haciendo las tareas.
Para primar siempre el derecho a la educación se incluyen otras medidas que evitan que el alumno pierda clases por su mala conducta, como el cambio puntual de aula, incluso en una o varias asignaturas, y nunca más de quince días.
Registro
Los centros, que siguen llevando un registro de los casos violentos, deben custodiar los informes durante dos años, pero se subraya en la nueva normativa que si en ese tiempo el alumno sancionado no vuelve a reincidir, dicha mancha no permanece en su expediente.
A las familias, que siguen figurando en un apartado concreto que contempla sus derechos y deberes, se les insta a reconocer la autoridad del profesorado, al tiempo que la propia Conselleria de Educación se compromete a prestar servicios jurídicos también al personal, administrativo y no docente en caso de conflicto.
Responsabilidad
La participación de los padres en la elaboración de las nuevas normas de convivencia de cada uno de los centros escolares, siguiendo las nuevas directrices del decreto en cuanto se publique en el DOGV tras previa negociación con los representantes sindicales que arranca este miércoles, se expone de manera reiterada y específica con la finalidad de “implicar a las familias” en el denominado antiacoso o cultura de la no violencia.
Los centros tienen que incluir y justificar en su proyecto educativo medidas especialmente preventivas para fomentar “la igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad”.
El fomento del espíritu crítico y de la ciudadanía activa se incorporan asimismo entre las acciones que contribuirán de manera efectiva a rebajar el nivel de violencia escolar y las conductas disruptivas de un modo global.
El documento especifica que hay que “impulsar las masculinidades igualitarias, críticas con las actitudes y comportamientos propios de las masculinidades hegemónicas", y fomenta la "responsabilidad compartida de padres, madres y representantes legales en la construcción de una convivencia positiva".
