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El recorte del Tajo-Segura pilla a los regantes con deudas por valor de 3.000 millones

Economistas calculan que el Gobierno podría enfrentarse a indemnizaciones de 21.000 millones de euros si se cerrara el trasvase

Un agricultor plantando melones en la pedanía ilicitana de Carrizales Matias Segarra

Tres mil millones en deudas con los bancos y el propio Ministerio de Agricultura que no se van a poder pagar. El recorte del trasvase Tajo-Segura, tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo, no solo va a forzar el abandono de 27.000 hectáreas de cultivos rentables en la provincia de Alicante y el despido de seis mil trabajadores, sino que provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores y empresarios que planificaron sus inversiones en base a un agua que, en un principio, se va a reducir a la mitad. Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura.

Una deuda millonaria a la que se suman los 18 millones de euros del “tasazo” (mantenimiento de los canales pase el agua que pase, y que también pagan los ayuntamientos) y el porcentaje que se abona por el agua para obras en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Desde 1979, los regantes de Alicante y Murcia llegan pagados 500 millones de euros. Aporte que ahora también se va a reducir, obviamente, al venir menos agua. Los regantes pagan unos 15 millones de euros al año. Hasta 1998, la recaudación iba directamente al Estado pero a partir de aquel año el dinero se lo reparten la autonomías cedentes del agua para sufragar, precisamente, obras hidráulicas en sus territorio. Es decir: Alicante paga el agua y además una compensación ambiental.

Juan es un agricultor de la Vega Baja que con su hijo se embarcó en la modernización de su explotación agrícola para regar por goteo. Ochocientos mil euros concedidos por la Sociedad Estatal de Infraestructura Agraria (Seiasa) a devolver en 50 años. “Llevamos pagados cinco años pero ¿y a partir de ahora. Qué pasará si nos quitan el agua con la que planificamos el futuro, cómo vamos a devolver los créditos?

Asamblea General Extraordinaria del SCRATS tras la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo

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El de Juan es un ejemplo más de los cientos se pueden encontrarse en Alicante, Murcia y Almería, las tres provincias que forman la denominada “huerta de Europa”, herida de muerte ahora por el recorte del agua del trasvase. La desalada no se puede pagar si no está subvencionada. “El problema que se nos viene encima es incalculable. En Alicante se habla de 3.000 millones de euros pero es que yo no me atrevo ni a dar una cifra porque hay que pensar de que del agua que llega del Tajo no solo viven los agricultores. Esto es una cadena porque el agricultor es, a su vez, cliente de un comerciante que se ha metido en un préstamo”, subraya Lucas Jiménez.

Imágenes de los canales que parten del embalse de La Pedrera (Orihuela) para repartir del agua del Tajo. Tony Sevilla

La comunidades de regantes han comenzado a realizar, en este sentido, estudios para calcular el dineral que se va a quedar pendiente por la falta de agua de cara a una posible reclamación patrimonial. El Instituto del Agua de la Universidad de Alicante ya tiene evaluado que las pérdidas anuales en Alicante, Murcia y Almería serán de 5.327 millones euros anuales. producto del abandono de los cultivos y del volumen económico que se dejará de mover (lucro cesante). Además, dejarán de aportarse al PIB español, un total de 3.610 millones de euros. Seis mil empleos directos se perderán sólo en la provincia de Alicante, y una cifra similar también de de indirectos, los mismos que mantiene la planta de la multinacional Ford en la valenciana Almussafes.

La aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) supone según los técnicos, una merma de caudales disponibles para regadío del trasvase Tajo-Segura estimados en unos 105 hm3/año. La potencial reclamación patrimonial, podrá incluir, además, los daños emergentes como gastos, inversiones... ya realizados al amparo de la normativa anterior, y el lucro cesante (previsiones efectivas, no meras expectativas), según el informe del catedrático Joaquín Melgarejo.

Por otro lado, el Gobierno tendría que pagar la friolera de 21.000 millones de euros (entre cinco mil y diez mil en la provincia de Alicante) a los agricultores, empresas y ayuntamientos que reciben agua del trasvase Tajo-Segura si al final optara por el cierre de esta infraestructura, tal como recogíó ya hace diez años el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha, según figura en un informe realizado por la Conselleria de Agricultura en la última legislatura popular.

La posible derogación del trasvase representaría un coste para el Estado superior a 20.000 millones de euros, debido a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría, puesto que alteraría las condiciones de prestación de servicio del trasvase, cuyos efectos se traducirían en unos graves perjuicios a los usuarios: cerca de tres millones de consumidores, los agricultores que cultivan 198.178 hectáreas regadas por aguas llegadas desde los embalses de Entrepeñas y Buendía y las miles de empresas de distintos sectores que se benefician en la actualidad de estos caudales -25.000 dedicadas al sector servicios en Alicante-.

Vista aérea de la infraestructura del trasvase a su paso por Orihuela Tony Sevilla

El cierre de la transferencia se cobraría 180.000 empleos directos. El trabajo analizó en profundidad tres escenarios temporales. Dos en los que se contemplaba la clausura del trasvase, en 2015 o en 2030, y un tercero en el caso de que se estableciera una reserva de 600 hm3 en los embalses desde donde parte la canalización a partir de la cual no se trasvasaría agua, tal como viene reclamando Castilla-La Mancha en su cruzada por el cierre de la transferencia.. Los investigadores incluyeron en el cálculo final de la posible reclamación económica al Gobierno la figura del lucro cesante. Éste se produce cuando un rendimiento cierto o más que probable se deja de percibir como consecuencia de actos de terceros.

La cancelación de derechos y concesiones sobre los caudales del Tajo-Segura lleva aparejada la necesidad de recurrir a otras fuentes de recursos con costes más elevados, o al abandono de aquellas actividades que no pudieran asumir el incremento de costes. En este sentido, el estudio consideró que el lucro cesante de la derogación en 2015 hubiera sido de 10.733 millones de euros para la agricultura de regadío; en el abastecimiento alcanzaría los 1.227 millones. A estas dos cantidades habría que haber añadido otros 9.170 millones en pérdidas directamente relacionadas con patrimonio (tierras que dejarían de cultivarse).

El valor de las explotaciones agrícolas que utilizan agua del trasvase ronda los 8.760 millones de euros, aunque este dato se duplicaría en el caso de que estuviesen vigentes los precios máximos del mercado. En el supuesto de que estas zonas regables pasaran a ser de secano, el valor, de acuerdo a los precios de las tierras sería de unos 417 millones de euros, con lo que el valor patrimonial sería veinte veces menor si se cerrara una infraestructura hoy herida de muerte.

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