"A falta de pan, buenas son tortas". Eso dice el refranero español y algo así se debe pensar en el Ayuntamiento de Alicante. Y es que, ante el retraso acumulado en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación ya se ha resituado en el lejano horizonte de 2027, , el gobierno municipal de PP y Ciudadanos se plantea retos, más ajustados a la actual realidad de los tiempos, para seguir desarrollando urbanísticamente la capital alicantina de cara a la recta final de un mandato municipal que ya encara su último año, camino de las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023.
En la Concejalía de Urbanismo se acumulan los proyectos para intentar promover el desarrollo urbanístico de la ciudad a la espera de un nuevo PGOU que sustituya al documento actual, vigente desde hace 35 años. Se trata de "fórmulas" como planes parciales o especiales, operaciones integrales y recalificaciones de suelo. En concreto, el área que dirige el concejal Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) pretende aprobar o actualizar en el próximo año los planes parciales o especiales del Casco Antiguo, el Centro Tradicional (con el objetivo, entre otros, de ampliarlo hacia la zona del Mercado Central), el de San Antón, el de Tabarca y el de las Torres de la Huerta, este último en cumplimiento de un acuerdo con parte de la oposición municipal. Esa herramienta para poner en valor las construcciones defensivas de la huerta alicantina se pactó con PSOE y Compromís como paso previo a la aprobación del Catálogo de Protecciones de Alicante, en septiembre de 2020. Sobre el Plan de Tabarca, Unidas Podemos criticó esta semana el mutismo. El portavoz de la coalición, Xavier López, señalaron que siguen a la espera de conocer "el grado de tramitación del Plan Especial, anunciado para antes de finalizar la legislatura y del que no se sabe absolutamente nada".
De todos esos documentos urbanísticos en cartera, el que va más adelantado en su tramitación, siendo aún muy primigenia, es el relativo a la isla de Tabarca, que ya está a la espera del visto bueno del área de Contratación para su licitación por la Junta de Gobierno, según el edil de Urbanismo.
Además de los planes, la concejalía también se ha marcado como reto, tal y como reconoce el edil, desbloquear tres operaciones integradas: las relativas a los terrenos de Renfe (OI/2), al puerto (OI/3) y al entorno de la plaza de toros (OI/4). Además, Urbanismo tiene en mente promover recalificaciones para aumentar, a la espera del futuro PGOU que se da por hecho que no estará para antes de finales del próximo mandato, el suelo industrial de la ciudad aprovechando los terrenos situados en los "bordes" de polígonos como las Atalayas.
En la práctica, según reconocen desde Urbanismo, se tratan de herramientas para seguir avanzando en el desarrollo urbanístico de Alicante mientras se tramita la revisión del Plan General, que sigue sin arrancar pese a que era un compromiso compartido por todos los grupos en la campaña electoral de 2019. El bipartito tiene previsto aprobar en breve la licitación de las asistencias externas, divididas en siete lotes, que permitirán elaborar informes sectoriales, ya que la redacción del documento se prevé realizar por funcionarios de la casa. Según la directora de la oficina del PGOU, si antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 estuviera ya listo el borrador, los plazos darían para poder aprobar el nuevo Plan General para 2027. De acumularse nuevos retrasos, los tiempos ya se irían para dentro de dos mandatos municipales.
El PSOE mete presión
Esta misma semana, el PSOE ha reclamado al alcalde, Luis Barcala, que se involucre en la elaboración del Plan Especial de las Torres de la Huerta para "evitar el deterioro al que están sometidas porque en su conjunto constituyen el patrimonio histórico-artístico de mayor valor identitario de Alicante y su singularidad ha de ponerse en valor como uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad". El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, afirmó que la "falta de interés está poniendo en peligro la conservación de Bienes de Interés Cultural". La concejala Trini Amorós, por su parte, añadió que "hay casos más sangrantes que otros, pero que han de entenderse como un todo y actuar en ellas de manera integral", en alusión que hay construcciones en "peligro de derrumbe" y otras "rodeadas de decenas de viviendas", además de alguna que se ha "convertido en el punto de vertido de toneladas de basura corriendo un serio peligro de desaparición".
