El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Colla Ecologista d'Alacant contra la aprobación del Plan Local de Residuos por parte del Ayuntamiento de Alicante. Los ecologistas denuncian las "carencias e incumplimientos" del documento para cumplir con la normativa vigente.
La entidad ecologista señala que el gobierno alicantino opta por "llenar las calles de la ciudad de contenedores sin control frente a alternativas que sí cumplirían los requisitos frente a la emergencia climática y la normativa sobre los residuos".
El Plan de Residuos de Alicante, que fue por primera vez presentado en público hace justo un año, se sustenta según el bipartito en cuatro ejes. "Fomentar la conciencia cívica, reducir la producción de residuos, mejorar la selección en domicilio y hacer más eficiente la recogida selectiva", según el gobierno municipal, que prevé destinar desde cuatro millones anuales más al nuevo contrato, pasando de los actuales 14,9 a 19 en 2023.
Para cumplir los objetivos marcados (duplicar la recogida selectiva), el documento incluye la necesidad de ampliar en unos 4.000 los actuales contenedores, según explicaron desde el gobierno municipal en mayo de 2021. Se ha previsto pasar de 88 a 2.056 contenedores de orgánica en 2022, de 1.334 a 1.654 de vidrio, de 1.045 a 2.000 de envases, de 875 a 1.971 de cartón. A su vez, se prevé reducir el gris en 650 contenedores en el año 2024, pasando de 3.423 a 2.773 unidades. También está incluida la ampliación de las papeleras: de las 7.891 actuales a las 9.231 para alcanzar la ratio de 27 por cada 1.000 habitantes en Alicante.
Mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV de 5 de mayo de 2022, se ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto en tiempo y forma por los ecologistas, contra la aprobación del Plan Local de Residuos, realizada por el Pleno Municipal el 24 de febrero de 2022 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 25 de marzo de 2022, según aseguran los ecologistas. El TSJCV exige ahora al Ayuntamiento la remisión del expediente administrativo en un plazo de veinte días. Se trata del mismo procedimiento ante el recurso de Unidas Podemos contra la ordenanza de la mendicidad y la prostitución.
"Ese Plan Local recibió alegaciones de 24 asociaciones de vecinos, ecologistas y particulares, y hasta un sistema de responsabilidad ampliada del productor (Ecovidrio) que pretendían mejorar el contenido del Plan y que fueron rechazadas en su totalidad. Ni siquiera el Ayuntamiento se ha dignado a contestar a los alegantes, que desconocen las razones de ese rechazo, incumpliendo la Ley 39/2015. Es la curiosa forma de entender la participación ciudadana que tiene el actual equipo de Gobierno", según lamentan los ecologistas.
El Plan Local de Residuos, tal y como defienden en el recurso, "incumple numerosas determinaciones legales de la normativa autonómica (Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2019), varias Directivas europeas del Paquete de Economía Circular de 2018, y parcialmente transpuestas a la legislación española. Con ese Plan no se podrían obtener los niveles de recogidas separadas de los residuos exigidas por la normativa y en concreto el objetivo del 55% de preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales en 2025". Además, según añaden, "se continuaría colmatando rápidamente el vertedero de Fontcalent agotando su vida útil antes de lo previsto".
Ese Plan Local elude, a criterio de los ecologistas, "la implantación obligatoria del sistema más eficiente de recogida de los residuos el denominado 'puerta a puerta', reconocido por la Comisión Europea y por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, y exigido por el PIRCV2019, y lo sustituye por la ubicación de 4.340 nuevos contenedores de distintas fracciones, hasta un total de 10.450, con la falsa e ingenua justificación -prosiguen- de que el bajo nivel de recogidas separadas actuales (que no supera el 20%) son causados por la ausencia de contenedores y que se puede aumentar a los niveles exigidos, con tan solo llenar masivamente las calles con nuevos contenedores".
Según explicó el Ayuntamiento en la puesta de largo del plan, la recogida «puerta a puerta», que se descartó desde el primer momento implantar como un sistema generalizado en toda la ciudad, se hará para cartón en zonas comerciales, en los mercadillos, con los residuos voluminosos como los enseres y, de forma particular, con sistemas de cooperación para los envases de la hostelería o el vidrio.
Incluso la propuesta del Plan Local de que algunos de esos contenedores (los de la fracción resto, biorresiduos y envases) sean cerrados y con identificación del usuario, no se realizaría totalmente, "pues los contenedores de la fracción resto (los más utilizados en un 80%, dado que la mayor parte de los residuos se recogen de forma mezclada, pues no se separan en los hogares) permanecerían abiertos durante algunas horas, y por tanto esa identificación no sería posible", tal y como agregan los ecologistas.
La contratación efectuada por el Ayuntamiento de Alicante en diciembre de 2021 de la compra de 2.000 nuevos contenedores de biorresiduos no obligó a la empresa concesionaria (Consenur S.L.) a la instalación de sistemas de cierre y apertura electrónica con identificación del usuario, añaden desde la Colla Ecologista. "Es más, esos contenedores que deberían haber comenzado a instalarse en enero de 2022, a un ritmo de 170 cada mes, hasta completar los 2.000 del contrato a lo largo de 2022, todavía no han comenzado a desplegarse", según defienden, a la vez que subrayan que "la Ley 7/2022, de 7 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular exige que antes de 30 de junio de 2022 se implante en todos los municipios con más de 5.000 habitantes una recogida separada de biorresiduos".
La admisión a trámite del recurso se produce poco después de que el gobierno municipal de PP y Ciudadanos hayan lanzado la licitación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, por presupuesto base de 347 millones de euros y una duración de ocho años, sin prórrogas. Es decir, el Ayuntamiento de Alicante prevé gastar un máximo de 43,5 millones de euros al año. El próximo contrato supondrá, según el concejal de Limpieza, un incremento de aproximadamente un 25% del gasto respecto a los mismos servicios incluidos en el actual contrato, en manos de UTE Alicante, formada por FCC, Ferrovial y Cívica, de Enrique Ortiz. El edil Villar resaltó la pasada semana que con esta licitación se impulsa la renovación de la "mayor contrata" municipal. Entre otros servicios, el futuro contrato, que el bipartito espera que esté adjudicado antes de terminar este año 2022, incluirá los servicios de recogida de los residuos de competencia municipal generados en el término de Alicante y su traslado hasta la planta de tratamiento, ecoparque o gestor autorizado, la limpieza, mantenimiento, suministro y colocación de los contenedores, la gestión de los programas de compostaje individual y comunitario y las acciones de educación ambiental que le correspondan.
