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Carlos Gómez Gil

"Vivir en un municipio o en otro de Alicante determina el acceso a mayores o menores ayudas sociales"

El profesor Carlos Gómez Gil, crítico con la ordenanza contra la mendicidad de Alicante, advierte de que "cualquier indicador muestra que la pobreza en la provincia es mayor que en el conjunto de la Comunidad", además de subrayar el aumento de la "exclusión y marginación" por la generalización de la administración electrónica

El profesor Carlos Gómez Gil, en una imagen tomada en la Facultad de Económicas de la UA Jose Navarro

El doctor en Sociología Carlos Gómez Gil, profesor titular en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, ha participado en la investigación "El impacto del covid-19 en la economía alicantina", impulsado por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, a través del estudio "La pobreza tras la pandemia: análisis provincial y comarcal".

Tras el trabajo, asegura que cualquier indicador muestra que la pobreza en Alicante es mayor que en el conjunto de la Comunidad, además de subrayar que la pandemia ha impulsado dinámicas y procesos generalizados basados en la administración digital que se han convertido en un factor añadido de exclusión y marginación. Gómez Gil es especialmente crítico con el gobierno municipal de Alicante por impulsar la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución.

En el reciente estudio publicado se revela que la provincia sufrió más la pobreza que el resto de la Comunidad Valenciana. ¿Qué explicación tiene?

La provincia de Alicante contaba con bolsas de pobreza persistentes mucho más amplias, arrastradas desde hacía años debido a que el crecimiento de ingresos y la reducción de la pobreza durante la recuperación ha sido menor que en el resto del territorio valenciano. Al llegar la pandemia, se produjo un "shock" sin precedentes, con una caída de rentas muy rápida y profunda que afectó especialmente a los colectivos más precarios y vulnerables vinculados a actividades económicas sensibles a la crisis y muy importantes en la provincia, profundizando todavía más esa pobreza previa.

¿Por qué considera que existe un impacto desigual de esa pobreza entre comarcas?

Obedece a importantes desigualdades comarcales en las condiciones económicas, sociales demográficas y productivas, junto a dispositivos de protección social que empiezan a ser también notablemente diferentes. Estos factores territoriales tan desiguales responden a la extensión de la pobreza y desigualdad, a la profundidad que presenta y a su persistencia tan distinta en las nueve comarcas alicantinas.

 Al hablar de pobreza, ¿qué indicadores le preocupan más de los que ha analizado?

La investigación muestra un dato indiscutible y muy preocupante: en Alicante ha crecido muchísimo la pobreza más grave, la que técnicamente se denomina como "carencia material severa", las personas que tienen problemas para atender sus necesidades más básicas. El crecimiento experimentado en este indicador tan problemático durante la pandemia es espectacular, pasando de 107.803 personas en 2019 a 257.544 en 2020. Esta pobreza alimenta situaciones de vulnerabilidad graves y es la que más cuesta reducir, de ahí la importancia de priorizarla en las políticas a llevar a cabo.

 En su estudio analiza, por primera vez, los beneficiarios del bono social eléctrico a nivel de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante. ¿Qué conclusiones se obtienen?

Es llamativo el hecho de que, cualquier indicador que estudiemos, nos muestra que la pobreza en Alicante es mayor que en el conjunto de la Comunidad. En este caso, la pobreza energética tan importante hoy en día así lo demuestra también. En la provincia hay casi 70.000 personas que reciben esta ayuda y en crecimiento por la pandemia, otro dato preocupante a tener en cuenta.

Llama la atención la elevada cifra de pensionistas que tiene Alicante con ingresos por debajo del umbral de pobreza. ¿Le resulta especialmente preocupante ese dato?

Se vincula con lo anterior. Una vez más nos demuestra que las bolsas de pobreza estructural en la provincia son amplias y persistentes, mayores que en el conjunto de la Comunidad. Pero hablamos, además, de personas mayores que no van a poder obtener otros ingresos y que van a tener problemas para dar respuesta a sus necesidades básicas. Por supuesto, también nos habla de precariedad laboral, claro.

¿Cuál ha sido el impacto de las medidas desplegadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la pobreza?

Todo el escudo social desplegado durante la pandemia ha sido el mayor paquete de medidas de apoyo social y laboral en la historia de España, con todos los peros que queramos. No sólo impidió que muchas más personas se vieran arrastradas a situaciones de mayor pobreza y desventaja, sino que, además, permitió mantener las rentas a muchos colectivos afectados, como nos muestran los datos. Los datos e indicadores que están saliendo avanzan en esta dirección y también aparecen en nuestra provincia. 

En lo relativo al Ingreso Mínimo Vital, ¿por qué cree que su alcance no ha sido el esperado?

Las previsiones de alcance y cobertura hechas por el Gobierno en su puesta en marcha fueron completamente ilusorias, con una maraña de trámites, exigencias, requisitos y documentos que no facilitaban su acceso a hogares que lo pasaban muy mal, junto a una administración cerrada que solo admitía solicitudes electrónicas a colectivos que no están en las mejores condiciones para ello. Se han tratado de corregir obstáculos, pero hay lagunas en su alcance a determinados colectivos y hogares en situación de pobreza severa. Aún así, es un ingreso novedoso muy importante que perciben en estos momentos más de 428.000 hogares con más de un millón de beneficiarios, valoremos también lo que significa.

Los análisis sobre la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) evidencian debilidades de Alicante.

Alicante tiene mayores bolsas de pobreza en la Comunidad, el alcance del IMV y la RVI son proporcionalmente menores que en las otras provincias. Al mismo tiempo, la cobertura del IMV esta siendo muy superior a la RVI, desplazando paulatinamente a ésta. Y lo que es más importante, está teniendo un papel muy valioso en colectivos especialmente vulnerables, hasta el punto de poder hablar de una prestación feminizada. Tengamos en cuenta que un 38% de beneficiarios del IMV son menores y el 68% mujeres. Pero en la RVI mientras en toda la Comunidad el 67% de beneficiarios son mujeres, en Alicante esta cifra desciende hasta el 54%. Aún así, el 25% de las personas en carencia material severa reciben el IMV en España, una tasa que desciende en la Comunidad Valenciana al 16,9% y en Alicante al 10,2%. Se entenderá la llamada a la preocupación.

 ¿Hace falta priorizar las políticas contra la pobreza infantil?

Nacer y crecer en un hogar con serias carencias genera problemas serios a los menores que, de persistir, alimentan el círculo intergeneracional de una pobreza que se cronifica de por vida. Tengamos en cuenta que esta pobreza infantil tan preocupante aumentó de una manera muy notable durante los años de gran recesión, sin que se tomaran medidas para impedirlo, hasta el punto de colocar a España en estos momentos como tercer país con mayores tasas de pobreza infantil en la UE, y a la Comunidad Valenciana con una de las tasas más elevadas del país. Durante la pandemia, en esta comunidad han aumentado en más de 30.000 los menores que viven en situación de pobreza elevada. Es un retrato que exige políticas muy serias y a nivel del Gobierno central se están adoptando por vez primera. El mismo IMV es un ejemplo.

 En su estudio alerta sobre el impacto negativo de la brecha digital en los más vulnerables. ¿Considera que la pandemia ha aumentado este problema?

El problema no es solo que haya aumentado de manera formidable, como ha sucedido, sino que la pandemia ha impulsado dinámicas y procesos generalizados basados en la administración digital, que se han convertido en un factor añadido de exclusión y marginación, aumentando, todavía más, la vulnerabilidad de las personas más desprotegidas y necesitadas de ayuda. Ahora, la ayuda no llega a quien más la necesita sino a quien puede acceder a ella, y eso es muy preocupante. Tengamos en cuenta que en Alicante hay un grupo que todas las semanas atienden a decenas de personas de manera voluntaria en una plaza ayudan a solucionar sus trámites sociales con la administración, algo que debería ser asumido por las administraciones públicas.

Gómez Gil relee un libro en su despacho de la UA Jose Navarro

 Y en este contexto, ¿cómo valora el trabajo de los servicios sociales municipales?

Falta por conocer y reconocer el enorme esfuerzo y sacrificio que los servicios sociales municipales hicieron durante la pandemia para paliar sus efectos ante situaciones nunca vistas. Hemos agradecido el enorme sacrificio de los profesionales sanitarios, pero no el que hicieron miles de profesionales en los servicios sociales municipales de toda España, con sacrificios enormes. También es verdad que, de manera muy desigual. Lo cierto es que hoy en día, vivir en un municipio u otro de la provincia de Alicante determina que se tenga acceso a mayores o menores ayudas sociales y, con ello, que se tenga un mayor o menor nivel de pobreza y exclusión, algo inquietante que abre muchos interrogantes.

En Alicante hubo mucha polémica, sobre todo en los primeros meses tras el estallido de la pandemia, con la gestión social por parte del Ayuntamiento. ¿Qué se hizo mal?

Desgraciadamente, la concejala de Servicios Sociales de Alicante y su alcalde están más preocupados por la guerra encarnizada que mantienen contra la Generalitat, que por mejorar unos servicios sociales que se encuentran en un estado lamentable, que no llegan a las muchas personas en la ciudad que atraviesan situaciones de pobreza y necesidad extrema. Todo ello quedó en evidencia con crudeza durante la emergencia social vivida durante la pandemia, cuando llegaron a descalificar a personas y colectivos que voluntariamente ayudaban a otros vecinos. Ni siquiera han querido facilitar cifras e información sobre su gestión en este período para este estudio, con lo que se retratan.

¿Qué le parece que Alicante haya puesto en marcha una ordenanza contra la mendicidad y la prostitución?

Absolutamente lamentable desde todos los puntos de vista: éticos, políticos y de lucha contra la pobreza. Como hemos visto, esta ordenanza tiene un propósito meramente partidista y electoral a costa de avanzar en una construcción social de rechazo y criminalización hacia las personas más débiles. Pero, además, se ha pulverizado cualquier atisbo de diálogo y participación con las fuerzas políticas y la sociedad civil, dañando seriamente la cohesión social en la ciudad. Y como colofón, Alicante y su equipo de Gobierno están ocupando la atención en toda España como ejemplo de rechazo y desprecio hacia los más vulnerables. Es lamentable que se estudie en las universidades como ejemplo de lo que nunca hay que hacer.

Expertos y entidades consideran que la norma busca expulsar a los sintecho de la ciudad. ¿Cree que el objetivo del bipartito es “limpiar” las calles de personas sin recursos?

Creo que el objetivo de este equipo de Gobierno con esta ordenanza criminalizadora es trasladar a personas que para el equipo de Gobierno son “indeseables” a otros lugares, les da igual si es a otros municipios o barrios más alejados, pero sin que sean visibles. La ciudad, y especialmente su centro histórico y tradicional, necesitan de intervenciones multifocales de mayor envergadura para evitar el deterioro que vive. ¿Con cuántas supuestas “mafias” ha acabado ya el alcalde con las sanciones que ha puesto a un puñado de desafortunados? Va a ser llamativo este verano cuando la Policía Local se dedique a multar a personas pobres por las calles, mientras a su lado haya decenas de personas sin camiseta a los que, según esta ordenanza, también se les debería sancionar. Es muy triste que a este Gobierno de la derecha se le vaya a recordar por esta ordenanza tan indecente.

El Síndic, además de con el gobierno de Alicante, también ha sido crítico con la gestión de las políticas sociales de la Generalitat Valenciana, sobre todo con el área de Mónica Oltra. ¿En qué considera que se ha mejorado desde la llegada del Botànic y qué queda por hacer?

El trabajo del Síndic es verdaderamente excepcional para los ciudadanos valencianos hasta el punto de que muchos avances de los que disfrutamos están relacionados con su labor. Es incontestable la transformación estructural tan profunda que se ha llevado a cabo desde los gobiernos del Botànic en las políticas sociales valencianas, tanto a nivel presupuestario como en sus instrumentos y dispositivos. Se podría calificar de histórica, pero hace falta ajustar la letra pequeña de la gestión, facilitar el acceso a recursos y aclarar el papel de las muchas instituciones implicadas. Por ahí se pierden esfuerzos, recursos y lo que es más importante, no se llega a muchas necesidades urgentes. También hay que decir que Alicante, que recoge las mayores tasas de pobreza de la Comunidad, no ha contado con presencia en el equipo directivo de las políticas sociales valencianas de la Generalitat, ni en su primer ni en este mandato, y, además, ha habido algún nombramiento lesivo para Alicante que no se quiso corregir en su momento, algo que también supone discriminaciones a corregir.

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