Pistoletazo de salida a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El bipartito de PP y Ciudadanos tiene previsto aprobar este martes, en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, la licitación de la externalización de los informes sectoriales necesarios para la redacción de un nuevo PGOU, que sustituirá al actual, vigente desde 1987. El nuevo documento, pese a las promesas electorales, ya no se prevé aprobar antes de 2027.
Por urgencia, la Concejalía de Urbanismo lleva a Junta de Gobierno la licitación de la asistencia técnica para redacción del borrador del Plan General y del Documento Inicial Estratégico, que estará dividido en siete lotes y tendrá un coste máximo global de 382.451 euros.
El primero será el estudio de las infraestructuras de red primaria de Alicante y su entorno metropolitano, que se centrará en el informe de las áreas relacionadas con transportes, abastecimiento o drenaje de aguas, electricidad o conexión con puerto o aeropuerto, entre otros servicios que afectan en la ciudad y su entorno al conjunto de la ciudadanía, con un plazo de ejecución de ocho meses y un valor de 49.643 euros.
El segundo de los lotes será para la realización del estudio específico para la concreción de los riesgos naturales en Alicante en base a lo previsto en el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana y delimitación de unidades ambientales, analizando los efectos e impactos medioambientales que se puedan derivar por causas naturales y que pueden ir desde el riesgo de inundaciones o incendios forestales hasta la propia erosión del terreno, incluyendo la sismicidad del territorio, con un plazo de ejecución de seis meses y un coste estimado 36.911 euros.
El tercero de los contratos es el estudio de población y vivienda, con un informe socio-demográfico de la población para ver su evolución y características, con el objetivo de adquirir un conocimiento más profundo del estado de la vivienda en la ciudad para determinar su estado, tipología y necesidades de actuaciones de rehabilitación, con un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto inicial de 56.009 euros.
El cuarto de los contratos a licitar será el estudio del suelo rural, para analizar la capacidad de acogida de los suelos protegidos y no protegidos realizando una zonificación, tal como marca la legislación vigente, con el fin de poder determinar el uso que se le pueda dar en el futuro, con un plazo de ejecución de ocho meses y un valor de 49.643 euros.
El quinto de los contratos que el bipartito impulsará este martes será el de paisaje e infraestructura verdes, que supone el "elemento vertebrador" básico de un territorio que define, de forma previa, cualquier actuación posterior. Se trata, según señala el bipartito, "de la filosofía de la ley valenciana que rige la ordenación". Se pretende "detectar el estado visual de la ciudad que será percibido por el ciudadano", con un plazo de ejecución de seis meses y un coste previsto de 36.911 euros.
El sexto lote es el estudio de las dotaciones y equipamientos de red primaria de Alicante, con el análisis de los suelos consolidados y de los barrios, con un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto previsto de 48.702 euros.
Por último, el séptimo de los contratos a licitar es la organización de documentación del borrador del Plan General Estructural y el Documento Inicial Estratégico, con un plazo de ejecución de dieciséis meses y un valor estimado de 104.629 euros.
Tiempos
Pese a que los contratos se licitarán a mediados de mayo y a los plazos de ejecución previstos en los lotes, desde el bipartito, a través de la Concejalía de Urbanismo, mantienen la intención de que los informes "puedan estar terminados antes de que finalice el presente año".
Sobre fechas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también se pronunció. Fue en una conferencia en València: ""El primero de los retos pasa por un nuevo PGOU que tenga en cuenta la previsión de crecimiento demográfico, la demanda residencial y el modelo de ciudad amable que queremos. La clave es el tiempo, y el PGOU deberá estar concluido y aprobado en 2027. Ése es el objetivo, aunque hemos hablado tanto del tema que uno pierde la credibilidad cuando menciona el Plan General", admitió el regidor alicantino, que fue uno de los candidatos a la Alcaldía más ambicioso durante la pasada campaña electoral en cuanto a los plazos para el nuevo Plan General."
Desde la Oficina municipal del PGOU, su directora, Leticia Martín, reconocía a este diario hace unos días que "hay que empezar con la revisión para llegar a mayo de 2023 con el borrador listo". "En tres o cuatro meses, queremos tener ya seleccionados a los equipos de apoyo para empezar a trabajar cuanto antes. Mi reto es que a final de este mandato esté listo el borrador, para luego trabajarlo con la ciudadanía. Queremos que la participación vaya más allá de lo marcado legalmente. Si iniciamos los trabajos en la recta final de este mandato, el PGOU podría aprobarse a finales del próximo mandato [que terminará en mayo de 2027]", señaló la arquitecta.
Otros retos de este mandato
Ante el retraso acumulado en la revisión del PGOU, que fue una de las promesas electorales compartidas por todos los candidatos, el gobierno municipal de PP y Ciudadanos se plantea además otros retos, más ajustados a la actual realidad de los tiempos, para seguir desarrollando urbanísticamente la capital alicantina de cara a la recta final de un mandato municipal que ya encara su último año, camino de las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023.
En la Concejalía de Urbanismo se acumulan los proyectos para intentar promover el desarrollo urbanístico de la ciudad a la espera de un nuevo PGOU que sustituya al documento actual, vigente desde hace 35 años. Se trata de "fórmulas" como planes parciales o especiales, operaciones integrales y recalificaciones de suelo. En concreto, el área que dirige el concejal Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) pretende aprobar o actualizar en el próximo año los planes parciales o especiales del Casco Antiguo, el Centro Tradicional (con el objetivo, entre otros, de ampliarlo hacia la zona del Mercado Central), el de San Antón, el de Tabarca y el de las Torres de la Huerta, este último en cumplimiento de un acuerdo con parte de la oposición municipal.
Además de los planes, la concejalía también se ha marcado como reto, tal y como reconoce el edil, desbloquear tres operaciones integradas: las relativas a los terrenos de Renfe (OI/2), al puerto (OI/3) y al entorno de la plaza de toros (OI/4). Además, Urbanismo tiene en mente promover recalificaciones para aumentar, a la espera del futuro PGOU que se da por hecho que no estará para antes de finales del próximo mandato, el suelo industrial de la ciudad aprovechando los terrenos situados en los "bordes" de polígonos como las Atalayas.
