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Los ginecólogos ven inviable que los hospitales públicos asuman los 3.000 abortos de la sanidad privada

Reclaman más plantilla para poder asumir las nuevas prestaciones que fija la ley de salud sexual y reproductiva - El 91,5 de las interrupciones se hacen en centros privados

Manifestación en favor del aborto, en una imagen de archivo ZIPI

El Gobierno ha aprobado este martes en primera lectura el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que busca reformar la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015. Entre las principales novedades de esta ley, que podría echar a andar en un año, destaca que todos los abortos se harán en centros sanitarios públicos.

Actualmente, y según recoge la memoria anual del Ministerio de Sanidad, el 91,5% de los 7.500 abortos que cada año se practican en la Comunidad Valenciana se llevan a cabo en clínicas privadas con la financiación de Sanidad de manera que la mujer no tiene que pagar nada. Esto supone que, con la entrada en vigor de la nueva norma, los diez hospitales públicos de la provincia deberán asumir en torno a 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año.

Ginecólogos consultados por este diario creen imposible que sus servicios puedan hacer frente a esta nueva prestación sin un aumento de las plantillas. “Aunque hay un porcentaje de interrupciones que se hacen con medicación, hay otro elevado número de mujeres que necesitan de un legrado, una aspiración o cualquier o otro método invasivo, por lo que hace falta un quirófano y un circuito para preservar su intimidad y con nuestros recursos actuales es imposible”, explica uno de estos especialistas.

Igual que en el caso de la Ley de Eutanasia, la nueva norma también regula el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran practicar interrupciones del embarazo. Los ginecólogos creen que el elevado número de casos a los que se va tener que hacer frente puede hacer que finalmente haya muchos médicos que se declaren objetores, no por convicción, sino para no tener que asumir esta ingente tarea. “Hay hospitales que han montado equipos específicos para asumir los abortos, y al final los ginecólogos de estos equipos no se dedican a nada más que a eso. No hacen cirugías, no asisten a partos, ni operan a mujeres con cáncer… te conviertes en un auténtico paria”, destaca otro de los profesionales consultados por este diario.

Los ginecólogos creen que el mayor problema se plantea con los embarazos por debajo de la semana 14, que son la mayoría. Distintos son los abortos hasta la semana 21 por malformación y en la segunda mitad del embarazo cuando los médicos detectan una malformación extremadamente grave e incurable. “Estos casos son mucho más delicados y existe una mayor empatía hacia esas familias que lo están pasando mal”, añade un ginecólogo.

En la Comunidad Valenciana la Conselleria de Sanidad ya intentó hace un par de años rescatar los abortos de las clínicas privadas para ahorrar ese dinero y que las mujeres puedan abortar en la pública. Entonces se pidió a los hospitales que elaboraran un censo de posibles médicos objetores y se llegó a plantear a las unidades de salud sexual y reproductiva de los centros de salud que asumieran los abortos farmacológicos que se hacen hasta la semana 12. Con este tipo de interrupciones, a la mujer se le proporciona una medicación para que expulse el feto en su casa y se la cita al cabo de unos días para hacer una ecografía y comprobar que ha abortado.

Aunque con la pandemia este plan se quedó paralizado, profesionales de estos centros tampoco ven viable poder asumir estas interrupciones, debido a la escasa plantilla con la que cuentan y a que cada vez tienen más demanda. “Cada vez más mujeres utilizan métodos anticonceptivos de larga duración y requieren de consultas de seguimiento, lo que se traduce en más trabajo”.

El proyecto de ley aprobado este martes permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada. Además, los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y también lo harán los centros servicios de salud sexual y reproductiva. Se trata de un producto que actualmente vale 20 euros en la farmacia. El texto recoge también que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social.

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