Ni el jefe de la Policía Local de Alicante, ni el jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento de Alicante y asesor de los tribunales de las oposiciones a la Policía Local ni tampoco los dos miembros del tribunal pendientes de citar han aceptado comparecer ante la comisión municipal que investiga posibles irregularidades en el proceso selectivo.
El comisario jefe de la Policía Local, José María Conesa, ha rechazado acudir por segunda vez a la comisión pese a que la oposición municipal había solicitado que asistiera de nuevo. "Tengo el convencimiento de no poder aportar nada nuevo después de la comparecencia inicial", ha alegado en su respuesta oficial a la invitación cursada por el secretario municipal.
En su primera intervención, hace apenas dos semanas, consiguió su objetivo al cambiar el foco del debate, tras denunciar públicamente un presunto complot de "subordinados" para que el alcalde, Luis Barcala, le releve como máximo responsable de la Policía Local, un cargo que ocupa desde que fue nombrado por la entonces regidora Sonia Castedo a mediados de 2009.
Esa intervención de Conesa no dejó indiferente a nadie. Fue, de largo, la que aportó más elementos para el debate, al poner nuevas sospechas sobre la mesa. El jefe policial soltó la bomba sin necesidad de que le preguntaran. "Comparezco por un rumor sin autoría explícita, por un documento que todo lo que dice es falso, inexacto y tendencioso. El único objetivo es desprestigiarme para que el cabecilla [de esa supuesta trama] ocupe mi posición en un futuro próximo. A él y a su grupo, que son delincuentes, no les importa destrozar familias. Se trata de un burdo montaje en el que yo soy la pieza a ganar", señaló.
Este miércoles, dos semanas después de aquella intensa jornada, ha optado por no asistir a la convocatoria, que es voluntaria para todos los posibles comparecientes.
Tampoco ha asistido Andrés García Trillo, jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento, que sí que asistió a la primera cita, en la que explicó con todo lujo de detalles el doble control médico, tanto con el certificado médico como las posteriores pruebas médicas. Además, subrayó que en los tribunales "nadie" le ha presionado en ningún momento. "Yo expongo mi consejo y hasta ahora jamás se me ha cuestionado", apuntó el médico en la primera sesión de comparecencias, que a su vez defendió su criterio respecto a la validez de los certificados médicos, puesto en cuestión por tribunales de justicia.
Por último, tampoco han acudido a la llamada de la comisión dos miembros de tribunales de la oposición que no fueron convocados en la primera sesión por error. Se trata de Francisco Bernabeu e Inmaculada Serrano.
Sesión extraordinaria previa a ordinaria
La comisión extraordinaria, que ha sido la primera en celebrarse este miércoles, ha arrancado con un embarrado debate entre los representantes de la oposición progresista y la presidenta del órgano y portavoz popular, Mari Carmen de España, a raíz de la negativa del bipartito, acogiéndose a un informe del secretario, de citar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al concejal de Seguridad, José Ramón González. Ambos se ofrecieron a asistir en la anterior sesión, aunque sin previo aviso y tras la comparecencia prevista de hasta catorce personas. Ante la negativa de la oposición de aceptar la propuesta, la edil De España rechazó ambas intervenciones.
Esta comisión se ha celebrado menos de 24 horas después de un nuevo bandazo del bipartito con las oposiciones a la Policía Local. Tras decidir el reinicio de las oposiciones a la Policía Local en el turno de movilidad por los reveses judiciales, el gobierno municipal de Alicante dio marcha atrás. Desde el ejecutivo que lidera Barcala aseguraron este martes que renuncian a arrancar de nuevo el proceso de selección para la llegada de agentes a Alicante procedentes de otros municipios tras los recursos presentados contra sendas sentencias del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante. Así, un decreto firmado este martes deja sin efecto un anterior decreto también validado este martes. Este turno de oposiciones, con una treintena de plazas en juego, se desarrolló paralelamente al señalado por presunto enchufismo y ha estado marcado por los recursos de opositores con resolución favorable de los órganos judiciales.
En el decreto que invalida el anterior decreto se explicaba que "habiendo tenido conocimiento de que se ha interpuesto recurso de apelación contra dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante, no siendo firmes las sentencias no procede la ejecución de las mismas, por lo que procede dejar sin efecto el decreto". Con este viraje se da la razón a las peticiones de dos sindicatos, el SPPLB y el SEP, que se mostraron críticos con la decisión del bipartito, apuntando además jurisprudencia en contra de la idea inicial del ejecutivo local.
Tras un bronco debate sin avance alguno, la comisión acordó, con los votos a favor del bloque de derechas y la oposición de la izquierda que pretendía darle más recorrido al órgano, dar carpetazo a la "investigación". Los grupos tienen una semana, hasta el próximo 24 de mayo, para presentar sus conclusiones, que se votarán en una nueva sesión aún sin fecha, que previsiblemente se tendrá que celebrar en un plazo de unos quince días.
