La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha firmado hoy con el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca y en presencia del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, un acuerdo para la promoción en colaboración público-privada de 1.090 viviendas en 17 parcelas propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo a través de 3 lotes distintos por valor total de más de 150 millones de euros.
Con esta firma, enmarcada dentro del Plan de Viviendas para Alquiler Asequible del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), se certifica un paso de este Gobierno en la promoción del alquiler asequible y en la consecución y materialización del derecho a una vivienda digna, según ha manifestado la ministra en su intervención posterior. Se trata de una necesidad democrática porque de ella depende el ejercicio de otros derechos fundamentales además de ser esencial para nuestras relaciones personales, integración y nuestro propio desarrollo como seres humanos, ha añadido.
Para Raquel Sánchez es sólo un paso más hasta la consecución de un objetivo mucho más grande, tanto en la Comunidad Valenciana como en España, porque al acuerdo de hoy, el primero que se firma, se sumarán próximamente los correspondientes al resto de comunidades y ciudades autónomas. Así, a su juicio, se contribuye a hacer efectivo el derecho a la vivienda y se facilita que las Administraciones competentes puedan dar solución a emergencias sociales a las que se enfrenta la población más vulnerable.
Esta promoción se financiará con el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A través de éste, se financiará el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque público de vivienda asequible, durante un período mínimo de 50 años y con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, Mitma ha transferido ya a la Comunitat Valenciana 54,2 millones de euros, estando prevista una transferencia adicional del mismo importe a principios del año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.
La Generalitat ejecutará esta actuación a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, titular de las parcelas en las que se ejecutan las actuaciones objeto de financiación. Se desarrollará en régimen de colaboración público-privada adjudicándose a través de un concurso abierto la concesión de un derecho de superficie que permitirá al adjudicatario la explotación en alquiler de las viviendas a precios máximos establecidos y a personas con ingresos limitados, debiendo el adjudicatario financiar el proyecto y la construcción de las viviendas.
Las parcelas, que se dividen en tres lotes que pueden adjudicarse de manera independiente, están ubicadas en los municipios de Alicante, El Campello, Sant Joan, Sant Vicent Raspeig, Gandía, Silla, y Valencia. En los próximos meses se prevé pueda acordarse la financiación a través de este mismo programa de unas 1.100 viviendas adicionales en la Comunidad Valenciana.
La ministra ha señalado en su intervención que con esta firma se concreta el destino de la partida de más de 54 millones de euros que Mitma ha transferido a la Comunitat Valenciana y, con ello, se avanza en la conformación de un parque público de vivienda social en esta comunidad.
Las viviendas financiadas bajo este marco podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, priorizando siempre el criterio social. Están des destinadas a arrendatarios que no superen 4,5 veces el IPREM -2.605 euros mensuales- y con condiciones especiales para personas con discapacidad y familias numerosas.
Las viviendas deberán estar terminadas antes del 30 de junio de 2026. Las viviendas deberán lograr un consumo de energía primaria no renovable al menos un 20% inferior a los valores marcados por el Código Técnico de la Edificación.
Raquel Sánchez ha recordado que hace escasos tres meses se llevó a cabo el traspaso de los primeros 500 millones de euros a las Comunidades Autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la construcción de viviendas sociales de alquiler asequible. Se trata de la mitad de la partida de 1.000 millones que, dentro del Plan de Recuperación, se destina a este objetivo y que se complementará en 2023.
La responsable del Departamento ha hecho un repaso a las actuaciones que el Gobierno ha emprendido en estos años: Incremento de la inversión pública, cuyo nivel era ruinoso, y hoy se cuenta con unos Presupuestos con la mayor partida de Vivienda de la historia y con una previsión de inversión para los próximos cuatro años de 10.000 millones de euros con un Plan Estatal de Vivienda para atender las necesidades más urgentes y que incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y a los jóvenes.
