Una reunión con sabor agridulce pero con la sensación final de que todavía puede haber partido. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, se ha comprometido este viernes, en una reunión de cuatro horas con la Junta Central del Acueducto Tajo-Segura, a estudiar a fondo durante los próximos tres meses los planes hidrológicos del Tajo y el Segura antes de llevarlos a su aprobación en el Consejo Nacional del Agua y, posteriormente, al Consejo de Ministros en el mes de octubre. Durante el encuentro no se ha avanzado en la negociación de un posible pacto para dejar como están los caudales ecológicos del río Tajo en Toledo, Aranjuez y Bolarque -clave para que no hay recorte del trasvase- pero la vicepresidente sí ha asegurado a los representantes de los regantes, Lucas Jiménez y el ilicitano Javier Berenguer, que el estudio y la decisión final se hará en base a criterios técnicos y no políticos.
Es ahí, precisamente, donde el Sindicato Central ha visto un hilo de esperanza, ya que sobre la mesa del Ministerio para la Transición Hidrológica va a haber dos planes elaborados por técnicos del ministerio que se contradicen. Por un lado el del Tajo, que certifica la muerte de trasvase al subir el caudal ecológico y, por el otro, el plan del Segura, que advierte del desastre económico y social que el incremento provocará en Alicante y Murcia. Las espadas siguen, por lo tanto, en alto pero el ánimo de los regantes sigue siendo el mismo que presidió la concentración del martes en la plaza de la Montañeta.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no se baja un milímetro del guión. Apuesta por la necesidad de un diálogo "respetuoso y constante" entre los actores públicos y privados implicados en abordar los planes de cuenca del Tajo y del Segura. Ribera ha señalado el "compromiso" adquirido con los regantes para mantener un diálogo constante e impulsar una inversión que "no tiene precedentes" en infraestructuras de reutilización, de desalación y de interconexión dentro de cada una de las cuencas, para asegurar el suministro y mantener precios competitivos para el agua desalada.
Para la ministra es muy importante compartir con ellos, no solo los planes hidrológicos de cuenca, que ya han pasado por todos los consejos de agua de las distintas Confederaciones, sino también su "evaluación ambiental estratégica" y como se perfila esa visión de conjunto, para que las cosas funcionen de la mejor manera posible.
“La sensación es muy agridulce. Por supuesto que vamos a seguir planificando con el Ministerio los temas tendentes al desarrollo de infraestructuras y desalación, pero en el tema de la detracción de los caudales la sensación es de desconsuelo”, ha subrayado Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central. Jiménez no pierde la esperanza, lo mismo que no la pierde Javier Berenguer, presidente de Riegos Levante. “Lo más positivo es que nos ha trasladado que hay tres meses por delante en lo que se va a hacer una evaluación ambiental de todos los planes antes de llevarlos al Consejo Nacional del Agua y que van a primar los criterios técnicos”, apunta Berenguer, que ha entregadp dos informes a Teresa Ribera, uno para el presidente Pedro Sánchez.
La Confederación del Tajo tiene aprobado ya subir caudal ecológico del río de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo, lo que significa el comienzo de la cuenta atrás para el final del Tajo-Segura para el regadío, y comprometido para el abastecimiento urbano, porque el Ministerio tampoco ha definido quien correrá a cargo del costoso mantenimiento de la infraestructura. La sustitución del agua del trasvase por desalada provocará un aumento del precio de entre el 20% y el 130%. En riesgo, por lo tanto, y según los técnicos, el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo nacional (106.000 puestos de trabajo).
Los técnicos que asesoran a los regantes insisten en la fuerte factura energética que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora. El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante.
La infraestructura del trasvase se planteó hace 43 años para dotar con 421 hectómetros cúbicos al levante español, incluyendo abastecimiento de la población y regadíos. Este volumen se estableció en base a las necesidades medidas de población y hectáreas de cultivo. Ninguno de estos parámetros ha variado significativamente en este tiempo. Sin embargo, nunca ha llegado ese volumen de agua, y la media en estos años no supera el 50% de los volúmenes totales. Los meses en que los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía no cumplen con el volumen de almacenamiento fijado en las reglas de explotación para cada mes no se trasvasa nada. Ya existen unas reglas definidas y ajustadas a las necesidades.
La Generalitat de Ximo Puig recuerda, por su parte, que ha acudido 40 veces a los tribunales en defensa del trasvase Tajo-Segura desde que se convirtió en presidente de la Generalitat en 2015, lo que equivale a una vez cada mes y medio, bien con el Gobierno de Mariano Rajoy o bien contra el Ejecutivo que presidente el socialista Pedro Sánchez.
Del total de ocasiones en las que ha recurrido a la justicia, tres son procesos directos contra el Ejecutivo en los que el Consell ha sido el demandante con un recurso directo contra el Ministerio para defender los intereses de los regantes y, además, ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones, como, por ejemplo, personándose en 25 procedimientos contra Castilla-La Mancha para oponerse a recortes de los caudales que llegan a través de este acueducto.
También hay un proceso contra el Ayuntamiento de Toledo y otras nueve veces la Generalitat se ha mostrado a favor de recursos presentados por los regantes o avalando procedimientos con Murcia o Andalucía.
