Conseguir plaza pública en un Centro para Personas con Enfermedades Mentales Crónicas (CEEM) es prácticamente una tarea imposible en Alicante. A pesar de que actualmente existen más de 1.000 solicitudes, la provincia únicamente dispone de 209 recursos habitacionales, que además se encuentran ocupados al 100%.
Esta escasez de habitaciones provoca que más de un millar de personas que sufren algún tipo de enfermedad mental, algunas con orden judicial de internamiento, no puedan acceder a un centro especializado. Es lo que se extrae de la queja de oficio iniciada por el Síndic de Greuges a raíz de varias situaciones denunciadas por un funcionario de la conselleria que, según el defensor del pueblo valenciano, "pueden suponer una vulneración de los derechos reconocidos a las personas con diversidad funcional".
En el momento de la investigación, fechada en noviembre y diciembre de 2021, en los registros de la Conselleria de Políticas Inclusivas existían 1.099 solicitudes de plaza pública para la provincia. Sin embargo, la Generalitat solo dispone de tres CEEM en Alicante (con un total de 116 plazas) y de 18 viviendas tuteladas, que suman otras 93.
En total, poco más de 200 recursos -actualmente todos ellos ocupados- y una lista de espera de varios años o incluso décadas, ya que algunas de las peticiones llevan esperando una respuesta desde el año 2006.
El informe emitido por el Síndic detalla más de una veintena de casos, entre los que se encuentran varias personas con una orden judicial que decreta su necesidad de internamiento, así como varias personas tuteladas por la Generalitat que tampoco han recibido respuesta a su solicitud.
Entre los 25 casos mencionados, se encuentran dos mujeres víctimas de violencia machista -una de ellas esperando plaza desde 2015- y varias personas para las que el Ministerio Fiscal ha pedido medidas de protección.
Por otro lado, las apreciaciones del defensor del pueblo no se limitan al balance entre solicitudes y plazas disponibles, sino que también se centran en los servicios existentes. El Síndic afea a la Conselleria de Políticas Inclusivas que un solo funcionario es el responsable de analizar, revisar y hacer seguimiento a todas las solicitudes de la provincia. Más de 1.000 expedientes para una sola persona.
"Clara insuficiencia de recursos"
En su informe, el organismo dirigido por Ángel Luna mantiene que los datos aportados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "evidencian la clara insuficiencia de recursos residenciales para abordar la demanda existente en la provincia de Alicante" y entiende que "los motivos para el NO ingreso se vinculan a la falta de plazas, sin que se haga mención alguna a otras causas". El último de estos centros habilitado en Alicante, el de Alcoy, abrió hace pocos meses después de más de una década de retrasos.
En cuanto a la legislación aplicable, el Síndic de Greuges recuerda que la normativa que regula las condiciones y prestaciones que deben asegurar los CEEM data de febrero de 1997, por lo que "resulta evidente la necesidad de su revisión y actualización".
Además, afea que "no consta en el informe de la conselleria si los medios personales y técnicos con los que cuenta la Dirección Territorial serían suficientes para realizar labores de seguimiento de la evolución de un número tan elevado de personas", especialmente al tratarse de pacientes de enfermedades mentales crónicas.
Al margen del resto de apreciaciones, es en el aspecto jurídico en el que el Síndic se muestra especialmente contundente con la Conselleria de Políticas Inclusivas. El defensor del pueblo mantiene que "intentar justificar el hecho de no proceder al ingreso de una persona que dispone de un auto judicial para su ingreso involuntario, indicando que se trata de 'una garantía procesal' enmascara el verdadero motivo del no ingreso, que no es otro que la falta de plazas".
El informe prosigue sentenciando que "lo que no puede ponerse en duda es que un auto judicial de autorización de ingreso no voluntario se produce cuando la urgencia de proceder al ingreso ha quedado acreditada por un facultativo" así como que, por ello, la Generalitat "debería dar respuesta al mismo de forma inmediata".
Conselleria se justifica señalando al funcionario
En la respuesta remitida por Políticas Inclusivas al requerimiento de información del Síndic, el área que dirige Mónica Oltra echa balones fuera y señala al funcionario encargado de la gestión de los expedientes. Según la conselleria, de las más de 1.000 solicitudes, 138 tienen resuelta una Prestación Económica Individual de atención residencial y 63 están en trámites para obtener una Prestación Vinculada de Garantía, lo que en el mejor de los casos dejaría a 898 personas con algún tipo de enfermedad mental crónica sin recibir ningún tipo de atención por parte de la Generalitat Valenciana.
Fuentes consultadas por INFORMACIÓN aseguran que, de los 25 casos detallados en el informe del Síndic, cerca de una decena ya han obtenido un recurso o prestación y que gran parte del resto se encuentra actualmente en tramitación.
No obstante, la conselleria no se limita en sus explicaciones a detallar las solicitudes atendidas, sino que apunta directamente al funcionario responsable del servicio.
Políticas Inclusivas le acusa de "incurrir en contradicciones" y señala que algunas de las afirmaciones del trabajador público que motivaron la queja de oficio del Síndic son "rotundamente falsas" y "parecen pretender poner en entredicho y desprestigiar" las actuaciones de sus superiores.
El área comandada por Mónica Oltra también niega que exista un archivo sistemático de expedientes, ya que aquellos que no son resueltos se mantienen en el sistema a la espera de que exista un recurso adecuado a sus peticiones. Sin embargo, esta "lista de espera" en algunos casos supera los 15 años.
