Como un tsunami han irrumpido en el mundo jurídico de Alicante y de más allá de la provincia las afirmaciones que el magistrado de la Audiencia Provincial Manel Martínez Aroca ha realizado en una entrevista concedida a este medio en la que, entre otras opiniones, sostiene que «en el caso Brugal se buscaban fines políticos y por ese motivo se fue engordando como un globo para ganar tiempo y poder encontrar, es posible, aunque lo desconozco, si otras personas habían cometido algún delito».

Sus declaraciones, en las que también cuestiona la imparcialidad del Ministerio Público, han sido «puestas en conocimiento» por la Fiscalía de Alicante y por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE) como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que ambos órganos las estudien y vean si, en su caso, son constitutivas de un delito (que podría ser de calumnias) o merecedoras de una sanción administrativa. 

El magistrado, quien fue decano en los juzgados de Orihuela, pertenece al plantel de la Audiencia de Alicante desde 2015 y acaba de incorporarse a la recién creada sección XI, con sede en Elche, afirma en la entrevista que fue el propio Pedro Sánchez quien aseveró que la Fiscalía dependía del Gobierno.

 «Ya lo dijo nuestro presidente: la Fiscalía depende del Gobierno. Basta con retrotraerse a la fecha de hechos, cuando comienza la investigación, 2006, 2007, 2008 … y vas haciendo los cálculos para ver la motivación política que podía haber. (...) Y no hay que olvidar que la Fiscalía es una institución jerarquizada donde se siguen instrucciones tanto de la Fiscalía General del Estado como de la del Tribunal Superior», sostiene. 

Afirmación que realiza para, a renglón seguido, manifestar el "respeto" que le merecen los fiscales Anticorrupción de la provincia «a pesar de que uno de ellos me haya recusado», matiza.

 Una reprobación que desestimó la Sala de Recusaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad a la que llegó sin el apoyo de la Fiscalía de ese órgano, a cuyo frente se encuentra la fiscal Teresa Gisbert.

El magistrado Martínez Aroca ha sido ponente en dos resoluciones en las que se ha librado de elevadas penas de cárcel al empresario de Orihuela Ángel Fenoll, quien con sus grabaciones dio origen al caso Brugal, el mayor proceso de corrupción investigado en la provincia.

En una de las causas revocó una sentencia que condenaba a 212 años de prisión a quince empresarios de la Vega Baja, uno de ellos Fenoll, por una defraudación millonaria a Hacienda, órgano contra cuya inspección arremete con dureza en la sentencia. 

En la otra, pendiente ahora del Supremo, a donde recurrió el Ministerio Público, absolvió a los 34 acusados en la pieza de Brugal relativa a las basuras de Orihuela tras invalidar escuchas y registros.