El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha metido aún más presión a la batalla de la provincia de Alicante por impedir el recorte del trasvase Tajo-Segura interpretando como un nuevo triunfo el hecho de que en la reunión de la vicepresidenta Teresa Ribera con los representantes del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura no hubiera avance sobre la decisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo de aumentar el caudal ecológico del río. García-Page no solo lo interpreta como un victoria, sino que asegura que Ribera dejó claro al presidente y al vicepresidente del Scrats, Lucas Jiménez y Javier Berenguer que el guión no ha cambiado “tal como se pactó no nosotros”, en alusión directa al supuesto acuerdo, no reconocido oficialmente, del Ministerio con Castilla-La Mancha para ir secando el trasvase.
Emiliano García-Page, se ha felicitado, en un acto público en Talavera, por la gestión que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está haciendo en materia de agua y por ser "coherente", pues "ha dejado claro a los regantes" del trasvase Tajo-Segura que se van a mantener los niveles acordados con Castilla-La Mancha en materia de cauces ecológicos. "Esto me importa mucho, porque no solo hay que cumplir con los compromisos, con la palabra que se da, sino que hay que ser coherentes. El agua lo necesitamos todos, pero aquí también. La necesitan más los que viéndola pasar no la ven desde hace tiempo", por los trasvases, ha denunciado.
"No solo hay que cumplir con los compromisos, con la palabra que se da, sino que hay que ser coherentes"
El caso es que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, se ha comprometido con la Junta Central del Acueducto Tajo-Segura, a estudiar a fondo durante los próximos tres meses los planes hidrológicos del Tajo y el Segura antes de llevarlos a su aprobación en el Consejo Nacional del Agua y, posteriormente, al Consejo de Ministros en el mes de octubre. Durante el encuentro del pasado viernes no se avanzó en la negociación de un posible pacto para dejar como están los caudales ecológicos del río Tajo en Toledo, Aranjuez y Bolarque -clave para que no hay recorte del trasvase-, pero la vicepresidente aseguró a los representantes de los regantes, Lucas Jiménez y Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, que el estudio y la decisión final se hará en base a criterios técnicos.
Es ahí, precisamente, donde el Sindicato Central ve un hilo de esperanza, ya que sobre la mesa del Ministerio para la Transición Hidrológica va a haber dos planes elaborados por técnicos del Ministerio que se contradicen. Por un lado el del Tajo, que certifica la muerte de trasvase al subir el caudal ecológico y, por el otro, el plan del Segura, advierte del desastre económico y social que el incremento provocará en Alicante y Murcia.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no se baja un milímetro de su guión. Apuesta por la necesidad de un diálogo "respetuoso y constante" entre los actores públicos y privados implicados en abordar los planes de cuenca del Tajo y del Segura. Ribera ha señalado el "compromiso" adquirido con los regantes para mantener un diálogo constante e impulsar una inversión que "no tiene precedentes" en infraestructuras de reutilización, de desalación y de interconexión dentro de cada una de las cuencas, para asegurar el suministro y mantener precios competitivos para el agua desalada. Para la ministra es muy importante compartir con ellos, no solo los planes hidrológicos de cuenca, que ya han pasado por todos los consejos de agua de las distintas Confederaciones, sino también su "evaluación ambiental estratégica" y como se perfila esa visión de conjunto, para que las cosas funcionen de la mejor manera posible.
La Confederación del Tajo mantiene subir caudal ecológico del río de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo, lo que significa el comienzo de la cuenta atrás para el final del Tajo-Segura, dijo para el regadío y comprometido para el abastecimiento porque el Ministerio tampoco ha definido quien correrá a cargo del costoso mantenimiento de la infraestructura. La sustitución del agua del trasvase por desalada provocará un aumento del precio de entre el 20% y el 130%.
En riesgo, por lo tanto, y según los técnicos, el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo nacional (106.000 puestos de trabajo). Los técnicos que asesoran a los regantes insisten en la fuerte factura energética que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora. El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante.
Por su parte, la consellera de Agricultura valenciana, Mireia Mollà, admite que su departamento tiene "tremendos problemas" con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfica, cuya titular es Teresa Ribera, en la gestión de aguas y ha pedido que "abandonen la imposición" y utilicen el diálogo y la negociación para llegar a "propuestas comunes".
"La agricultura es un sevicio esencial, lo demostró en la pandemia y no se la puede estar con recorte, recorte y recorte"
Mollà ha explicado en declaraciones a periodistas que si bien se refería a la postura de su departamento en la sobreexplotación de los acuíferos del Júcar, también "vale" para la gestión que realiza el Ministerio con el trasvase Tajo-Segura, ya que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo implicaría un recorte del agua que llegará al sureste peninsular y que afectará a Alicante. La titular de Agricultura rechaza el plan para gestionar las masas sobreexplotadas de los acuíferos del Júcar y aboga por un programa en el que "el estado óptimo de los acuíferos esté garantizado", ya que la Generalitat "no está a favor de la propuesta porque no existe una alternativa clara" en cuanto al sistema de riego y abastecimiento. Solicita que se retrase su aprobación hasta que se llegue "a un acuerdo común", que sería "lo más sensato", y ha subrayado que la Generalitat ejercerá "de manera responsable" su visión "intentando acordar, con la capacidad del aval técnico y la razón", así como también exponiendo la situación socioeconómica sobre lo que significaría el recorte del trasvase en "la huerta de Europa".
"Es un servicio esencial que ha estado dándonos de comer durante una pandemia mundial y ahora no se le puede poner la soga al cuello", ha señalado Mollà, quien ha sostenido que "no hay guerra que se haya iniciado por parte de nadie que haya traído una gota de agua más. Siempre ha sido recorte, recorte y recorte".
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Júcar mantiene para este miércoles la convocatoria de la junta de gobierno en laque se va a aprobar el recorte de la extracción de agua para riego hasta 2027. Los derechos de extracción pasarán de los 95 hm3 actuales a 9,2 hm3, lo que representa un recorte del 90%, la ruina, según advierte la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó. El objetivo de la CHJ es que el agua se sustituya por la del trasvase. Algo que ahora mismo no está cerrado, ya que solo están previstos 18,8 hm3 este año y no hay nada más firmado. La estadística juega a favor de las dudas de los regantes: Desde 2012, año desde el que está operativo el trasvase sólo han llegado 37 hm3, un 10% de la cantidad prevista en el peor de los escenarios (300 hm3).
Júcar-Vinalopó
La propia Ley de Aguas fija que no se pueden cerrar los acuíferos del Vinalopó si no existe una alternativa para sustituir el caudal que se dejará de extraer con agua de un trasvase del Júcar, algo que, sin embargo, prevé aprobar la Confederación Hidrográfica del Júcar este miércoles. La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó ha advertido públicamente y en privado al propio presidente de que si la Confederación mantiene su decisión y aprueba el miércoles la prohibición de extraer aguas habrá demandas generalizadas, porque muchos agricultores el Vinalopó y l`Alacantí se quedarán sin acceso al agua, al no haber, aún, alternativa porque el trasvase del Júcar solo va a estar operativo seis meses. Los usuarios reclaman una prórroga hasta 2023 antes de que tome una decisión que, según, advierten puede dejarles sin recursos.
Hay municipios que no están, ni siquiera, enganchados al postrasvase debido al retraso que acumulan las obras que debe ejecutar la Generalitat. La Junta Central ha pedido a la CHJ que aplace la decisión y se busque un acuerdo entre junio y diciembre de este año, periodo en el que está previsto que lleguen los 18,8 hm³ acordados para reabrir el trasvase. Un caudal que, si no hay nuevos contratiempos, está previsto que comience a llegar a partir ya esta misma semana a un precio de 0,295 euros/m3.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha advertido este martes que el cierre de los acuíferos no es la alternativa más deseable en la actualidad y es inoportuna. De hecho, se da la paradoja de que, según informe de la Diputación, las masas de agua compartidas que sí tienen esta declaración en la demarcación del Segura son las que muestran peor evolución. "Debe ser revisada a la luz de los últimos datos de piezometría. Para el caso de Peñarrubia es claramente errónea. En los casos de Villena/Benjama y El Reclot es, cuando menos, discutible desde el punto de vista técnico", reza el estudio que se envió al Ministerio en 2020.
"Vamos a seguir defendiendo el Vinalopó a ultranza. De nada sirve haber conseguido un pequeño acuerdo con el Júcar"
Carlos Mazón, ha afirmado hoy que “vamos a seguir defendiendo el Vinalopó a ultranza. De nada sirve haber conseguido un pequeño acuerdo con el Júcar si a continuación se nos impide extraer el agua de los acuíferos del Vinalopó. Es una locura que nos den uno si luego nos quitan veinte”, ha dicho.
Mazón ha aseverado que “si finalmente el Gobierno a través de la Confederación impide que podamos aprovechar nuestros acuíferos sin ninguna solución alternativa, no solamente vamos a recurrir, sino que va a tener todas las consecuencias por nuestra parte”.
En este sentido, ha señalado que “desde el Partido Popular y desde todas las instituciones donde estemos, vamos a defender el Vinalopó hasta sus últimas consecuencias. Recurriremos si hace falta, pero hoy lo que exigimos claramente es que mañana no se tome ninguna decisión que pueda afectar al Vinalopó hasta estudiarla como corresponde y hasta que se haga justicia con los regantes del Vinalopó”. Mazón ha recordado que hay que vincular el cierre de los acuíferos al agua procedente del Júcar.
La CHJ plantea el cierre para seis acuíferos del Vinalopó declarados sobreexplotados. Para ello, reduce el agua progresivamente a sus usuarios hasta 2027, una decisión que se ha incluido en unos planes de actuación que forman parte del orden del día de la junta de gobierno del este miércoles. “Estos planes tienen que posponerse. Hay que aplazar cualquier recorte de derechos a los regantes del Vinalopó hasta que haya una alternativa clara y convincente, capaz de defender el Vinalopó a sus usuarios”, ha indicado Mazón.
