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Alicante defiende el trasvase del Tajo: unidad en el mensaje, disparidad en las votaciones

Todos los grupos municipales, salvo Unidas Podemos, apoyan la infraestructura hídrica, aunque solo sale adelante la propuesta del bipartito apoyada por Vox - El partidismo se impone al consenso

Barcala, durante un instante del pleno HECTOR FUENTES

Ni cuando están de acuerdo se consiguen amplias mayorías. El Pleno de Alicante, en su sesión ordinaria de este jueves, evidenció casi por unanimidad su rechazo frontal al recorte del trasvase del Tajo-Segura que promueve el Gobierno central, aunque las votaciones hayan dicho otra cosa. De las tres iniciativas que figuraban en el orden del día, solo una salió adelante, la del bipartito de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, mientras que las dos firmadas por la izquierda (PSOE y Compromís) fueron rechazadas por la bancada de la derecha, mayoritaria en Alicante.

El partidismo que impregnaba los tres textos impidió un mayor consenso en el Ayuntamiento alicantino, pese a que en el debate conjunto previo la defensa del trasvase fue la tónica general. Sin unidad, como se llegó a decir en el Pleno, habrá bronca política, incluso puede haber rédito electoral, pero siempre resultará más difícil que haya agua en la cuenca del Segura. Sólo Unidas Podemos se descolgó del respaldo al trasvase, ahora en peligro por la decisión del Ejecutivo de Sánchez de aumentar al caudal ecológico.

La única iniciativa que vio la luz fue la del gobierno local. El documento incluía dos acuerdos: "El Pleno de Alicante exige al Gobierno de España que no recorte el caudal de agua en el trasvase Tajo-Segura, reivindicando la vigencia para el desarrollo y progreso" y, por otro lado, el "el Pleno insta a la Generalitat a sumarse a la defensa del trasvase y en contra de la intención del Gobierno de España de aumentar los caudales ecológicos del Tajo, que suponen una reducción del trasvase".

La propuesta de los socialistas, que sólo contó con el apoyo de Compromís, incluía tres acuerdos. Los dos primeros, enfocados al Gobierno de España que dirige el socialista Pedro Sánchez, pedían "reconsiderar y mantener las condiciones actuales del Plan Hidrológico del Tajo, teniendo en cuenta los intereses de los regantes alicantinos, y muy especialmente atendiendo a las comarcas de la Vega Baja, l'Alacantí y del Vinalopó", además de "continuar trabajando por las inversiones necesarias para acometer las obras de canalización y acondicionamiento que permitan la distribución de agua desalada desde Torrevieja, y a un precio razonable, a las comarcas alicantinas y, de este modo, asegurar un suministro de agua regular y adecuado". Por otro lado, los socialistas alicantinos también pedían "mostrar el apoyo del Pleno al esfuerzo realizado por la Generalitat por fortalecer y dar estabilidad al trasvase".

La iniciativa de Compromís, que también sumó únicamente el respaldo del PSOE, incluía dos posibles acuerdos: "El Ayuntamiento de Alicante insta al Gobierno central al mantenimiento de los caudales del trasvase necesarios para asegurar la garantía hídrica en nuestro sector primario", además de que el Ayuntamiento solicitase al Gobierno central que tuviera "en cuenta las propuestas técnicas de la Generalitat " y mostrase "su apoyo a las acciones políticas y judiciales que en el marco de la defensa a la agricultura de las comarcas alicantinas se lleven a cabo desde es Consell y el resto de las institucionales públicas valencianas".

Durante las intervenciones, la popular Mari Carmen de España defendió que el trasvase es una "infraestructura clave para la provincia". "La sostenibilidad reside en el Tajo-Segura. La desalación no es medioambiental. El recorte es una afrenta. La huerta de Europa se convertirá en un desierto. El Botànic vuelve a quedarse atrás", señaló De España.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, también subrayó que el trasvase "ha demostrado ser fundamental para Alicante, Almería y Murcia". "Se trata de un nuevo castigo para la provincia de Alicante, lo que tampoco es nada nuevo", lamentó.

Desde Vox, el concejal José Bonet apuntó que pedir que se mantenga el trasvase es "lo justo". "No podemos hacer más que apoyar a los agricultores. Señores socialistas, no pueden hacer una cosa aquí y otra en Madrid", criticó.

En la bancada de la izquierda, el portavoz socialista, Francesc Sanguino, resaltó que el recorte del trasvase "perjudica" a la provincia. "Estamos en contra del recorte. Y la Generalitat se opondrá, y así lo ha hecho presentado cuarenta recursos. ¿Postureo no es subirse a un tractor?", se preguntó para finalizar su intervención.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, incidió en que al debate del agua "le sobra incoherencia y partidismo y le falta unidad", mientras afeaba a Carlos Mazón no estar presente en su asiento del pleno. "El trasvase sigue siendo imprescindible para la agricultura, la industria y para beber. El PP, el PSOE y Ciudadanos dicen una cosa aquí y otra en Castilla-La Mancha", afirmó.

Por último, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, defendió en contra del resto del Pleno que "es un error encerrarse en el trasvasismo por ser una política caduca". "Eso nos lleva al desastre y el desierto. Hay que acabar con la inestabilidad y la opacidad del agua trasvasada", resaltó la coalición morada.

Imagen general del Salón de Plenos, este jueves HECTOR FUENTES

Esa habitual división por bloques del Pleno municipal fue, de nuevo, una constante, salvo excepciones, como la iniciativa de Unidas Podemos, sin votos en contra, para impulsar un plan de recuperación, protección, puesta en valor y divulgación cultural y turística del patrimonio hídrico ligado a la historia de la huerta alicantina. La bancada de la derecha aprovechó la mayoría para sacar adelante una declaración institucional que rechaza "de manera expresa que se impongan peajes en las autovías españolas".

Desde la izquierda reprocharon el doble discurso del PP, que cuando gobernó puso peajes en la AP7 y en la circunvalación de Alicante, entre otras vías habitualmente utilizadas por los alicantinos. Esa mayoría también bloqueó, entre otras iniciativas, el intento del PSOE y de Unidas Podemos, con el respaldo casi obligado de Compromís, de reprobar al alcalde, Luis Barcala, y al concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, por torpedear la Comisión para la protección y recuperación del Valle de Fontcalent", que se reunió este martes para intentar frenar esta propuesta.

El PSOE, esta vez en solitario, se quedó solo en su intento de paralizar las obras públicas durante el verano (del 20 de junio al 31 de agosto) y Semana Santa «para que la experiencia de quienes visitan la ciudad sea mucho más satisfactoria y para el descanso de los vecinos». La propuesta no contó con el respaldo de ningún grupo, al sumar el "no" de la derecha y la abstención del resto de la izquierda.

Esa unidad de la bancada de la derecha se rompió en el epílogo del pleno, en la única iniciativa que entró por urgencia, a dos días de que los vecinos de la Albufereta hayan organizado una protesta, con corte de carretera incluido, para protestar por la falta de voluntad política para arreglar los desperfectos de la tormenta Gloria, de enero de 2020. PP y Ciudadanos pretendían descargar toda la responsabilidad en el Gobierno central. La izquierda se opuso, sumando el apoyo de Vox por mencionar el texto el cambio climático.

El bipartito se enroca con la Policía Local

El bipartito de Alicante volvió a mostrar este jueves, durante el pleno ordinario del mes de mayo, su negativa a abrir una investigación ante las duras acusaciones del jefe de la Policía Local, José María Conesa, que recientemente dinamitó la comisión creada para indagar las supuestas irregularidades en las oposiciones al denunciar una trama de «subordinados» que busca su relevo por «venganza» y para «aspirar» a su puesto.

Esas palabras, según el gobierno local, no son merecedoras de una investigación a nivel interno, alegando que el caso está en los juzgados, tras la denuncia de Conesa, además de otros supuestos afectados, ante la Policía Nacional. 

Así lo corroboró la portavoz popular, Mari Carmen de España, a una pregunta previa de Compromís, que quiso interesarse por "las actuaciones que se habían realizado desde Alcaldía después de conocerse las declaraciones de Conesa". La misma respuesta, ya con votaciones de por medio, se dio horas después, ante una declaración institucional registrada por el grupo municipal socialista, que pedía acordar "la procedencia de que el alcalde abra una investigación interna para esclarecer las acusaciones realizadas por el jefe de la Policía Local". La propuesta fue rechazada por el pleno, con los votos en contra de los socios del bipartito y de Vox. A favor se mostró la izquierda en bloque. 

Durante el debate, donde se volvió a hablar de la negativa del alcalde y del concejal de Seguridad, José Ramón González, de intervenir ante la comisión, salvo un día en el que se ofrecieron sin previo aviso y poniendo como condición que fuera al final de una jornada en la que se esperaban hasta catorce comparecencias, Unidas Podemos avanzó que en una próxima sesión plenaria registrará una moción para promover una nueva comisión de investigación, en este caso sobre el supuesto "complot" urdido por agentes de la Policía Local contra el comisario jefe, quien acusó a un grupo de "subordinados", sin dar nombres ni apellidos, de elaborar y filtrar el polémico documento (conocido como "El Mantecado"en el que, además de relacionarse a los opositores con plaza con mandos de la Policía, cargos políticos y sindicales, también se recogían graves acusaciones contra jefes del Cuerpo. 

A la espera de ese intento de nueva comisión, que deberá contar con el apoyo de Vox (poco probable ante la postura de los ultras en las últimas semanas), el órgano creado para investigar las supuestas irregularidades en las oposiciones está "visto para sentencia". Sólo falta que el bipartito ponga fecha a la sesión en la que se votarán las conclusiones, con la derecha descartando todo tipo de supuesto fraude y la izquierda lamentando su "cierre en falso".

Dos años sin licencias en el entorno de la plaza de Toros


La sesión plenaria, que se prolongó apenas cuatro horas, arrancó con el gobierno municipal aprobando por unanimidad los tres asuntos incluidos en el orden del día: dos propuestas de beneficios fiscales para una residencia geriátrica y para el Puerto y la suspensión de licencias en el entorno de la plaza de Toros para aumentar la protección. La suspensión de licencias de parcelación lo serán en todo caso, así como las licencias de demolición, mientras que, "en las licencias de edificación, la suspensión viene referida a las obras de edificación de nueva construcción, así como las obras de ampliación en altura de edificios e instalaciones existentes". Asimismo, quedará en suspenso "el otorgamiento de cédulas de garantía urbanística". La medida tendrá una vigencia máxima de dos años.

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