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Los regantes de la provincia exigen un trasvase anual fijo desde el Júcar con los mismos derechos que en Valencia

La Junta Central denuncia que la CHJ nunca les ha considerado titulares del derecho al agua, por eso solo llega cuando sobra

Políticos y regantes junto a Ximo Puig el pasado viernes en el embalse del Rollo de Aspe Áxel Álvarez

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó y la Conselleria de Transición Ecológica y Agricultura han mantenido este lunes una reunión de trabajo para decidir la estrategia que seguirán de cara al proyecto de cierre de los acuíferos del Vinalopó y l`Alacantí una vez que ha comenzado a llegar agua del Júcar -en principio hasta septiembre- trasvasada desde del Júcar. En concreto, seis grandes masas de agua subterránea sobre las que los agricultores tienen derecho a extraer 95 hm³ al año, que la CHJ quiere dejar en nueve en el horizonte de 2027.

La Junta, que cuenta con el apoyo del Consell, considera dos temas clave: que los regantes pasen a ser usuarios de derecho (hasta ahora solo llega caudal si sobra) sobre el agua de Júcar y se fije unan asignación anual del trasvase y, por otro lado vincular al cien por cien el cese de las extracciones de los acuíferos con la disponibilidad del agua del Júcar. Otra de las peticiones es que en año de sequía en las que será complicado cumplir con el trasvase se pueda bombear, de nuevo, agua subterránea.

Es decir, según subraya Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central, por cada metro cúbico de agua que se deje de extraer, contar con uno del trasvase. “Llevamos pidiéndolo siempre. Es uno de los grandes problemas del proyecto. Que nunca nos han tenido en cuenta el reparto anual del agua del Júcar. Solo podemos aspirar a lo que sobra y así no podemos seguir, máxime cuando ahora ya está decidido el cierre de los acuíferos. Clausura a la que no nos oponemos, por supuesto”.

Los agricultores están respaldados por la propia Ley de Aguas, que establece que no se pueden cerrar los acuíferos si no existe una alternativa para sustituir el caudal que se dejará de extraer con agua de un trasvase del Júcar. La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó ha advertido públicamente y en privado al propio presidente que habrá demandas generalizadas, porque muchos agricultores el Vinalopó y l`Alacantí se quedarán sin acceso al agua, al no haber, aún, alternativa, porque el trasvase del Júcar solo va a estar operativo seis meses. No obstante, desde el viernes pasado las aguas bajan mucho más tranquilas en el Vinalopó y l`Alacantí tras la llegada del primer trasvase del Júcar serio en 600 años y a un precio asequible.

Un informe jurídico de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó incide en que las reducciones en la captación de agua subterránea en los acuíferos que se van a proteger deben ir vinculadas directamente a la recepción de los recursos procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó. El Art. 56 2. b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que los programas preverán que “la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea, en este caso incluirá los criterios para la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y de los externos”.

Según los regantes, no se cumple dicha previsión legal. “No se puede entender que no se contemple la vinculación del cierre de acuíferos con el trasvase, después de las enormes inversiones realizadas por el Estado, con Fondos Europeos y por la Generalitat Valenciana, en la conducción general y en las obras del postrasvase, que se justifican con la finalidad expresa de paliar la sobreexplotación de los acuíferos”, apunta Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó y presidente de la Entidad de Regantes del Medio Vinalopó y l’Alacantí, comarcas más afectadas y en las que se concentra el 80% de la producción agrícola. Recordar, en este sentido, que la Administración lleva invertidos más de 400 millones de euros en una infraestructura prácticamente cerrada desde hace diez años.

El portavoz de los usuarios sostiene que “si no hay infraestructuras que permiten la sustitución para las masas de agua sobreexplotadas y no se contemplan en los programas, puede conllevar exigencias de responsabilidad de todo tipo”, en clara alusión a las demandas que se preparan tanto de forma colectiva como individual por parte de las comunidades de regantes.

“Parece de todo punto aconsejable, desde el punto de vista de los usuarios, entre otras, por las razones expuestas, no aprobar los programas hasta no resolver las cuestiones planteadas, también por evidentes razones de oportunidad. Se evitará una nueva judicialización de esta cuestión”, sostienen los servicios jurídicos de la Junta en relación a la decisión de aprobar este miércoles la reducción de las extracciones de agua subterránea. Una media del 90% hasta 2027, pero con porcentajes del 100% en acuíferos como los de la Sierra de Castellar, Salinas, Peñarrubia o, en el caso, de la Sierra de Crevillente para el abastecimiento urbano, en este caso los 2,4hm3 que se captan al año.

Un fótografo imortaliza el vaso del embalse donde el viernes empezó a llegar agua del Júcar Áxel Álvarez

La planificación hidrológica del Gobierno pasaba hasta el pasado viernes por la prohibición de extraer 86 hm3 de los 95 hm3 actuales de agua subterránea para regadío de los seis acuíferos desde el que se abastecen regantes y municipios, que serán los únicos que seguirán teniendo acceso, de momento, a los 41,3 hm3 a los que tienen derecho. Agua, la de los agricultores, que tendrá que ser sustituida por la del trasvase. La propuesta es reducir un 90% el derecho y la concesiones de los regantes, que pasaran a disponer solo de 9,2 hm3 al año por los 95,2 hm3 actuales.

El problema es que la Confederación del Júcar pretendía dar el paso ya este año, sin tener cerrada la cantidad que facilitará a los agricultores y, que según, fuentes de la Junta Central, estaría en torno a los 30 hm3 al año. Un caudal insuficiente para cubrir las necesidades. "Vincular la reducción de las extracciones con los aportes del Júcar-Vinalopó no lo entiende nadie. En el Consell también había preocupación y, de hecho, el cierre de los acuíferos se ha aplazado al menos un mes mientras se llega a un acuerdo, tras la intervención directa de la consellera Mireia Mollà.

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