El futuro edificio de la Ciudad de la Justicia de Alicante llevará el nombre del jurista alicantino Rafael Altamira, en reconocimiento a su figura. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Generalitat Ximo Puig durante la presentación de este proyecto, en un acto al que estaban invitadas autoridades de la ciudad, operadores jurídicos y otros miembros de la sociedad civil.
En el salón de actos del Palacio de Justicia de Pardo Jimeno se han proyectado imágenes con recreaciones virtuales de cómo será el futuro edificio y que tendrá un total de 46.800 metros cuadrados de superficie construida distribuidos en siete plantas, dos sótanos y un semisótano y que ha supuesto una inversión de 85.6 millones de euros.
El Consell ha sacado a licitación el proyecto tras haber aprobado el gasto y, según ha anunciado el subdirector de proyectos de la Conselleria José Ignacio Caser, 16 empresas estuvieron visitando la semana pasada la parcela sobre la que se levantará el futuro edificio.
La superficie construida en las sedes judiciales actuales es de 19.000 metros cuadrados y pasará a ser más 46.000 una vez que se inaugure el nuevo edificio. La consellera de Justicia Gabriela Bravo ha recordado que la tramitación del proyecto no ha estado exento de obstáculos y dificultades, como cuando se hizo necesaria una reforma del Plan General de Ordenación Urbana para permitir que el edificio tuviera dos plantas más. "En ese momento nos arriesgamos a que el proyecto entrara en una larga andadura burocrática que nos llevara a tiempos excesivamente largos", ha explicado. Fue en ese momento cuando se sentaron las bases de que el edificio era una prioridad.
Se prevé que albergue hasta 51 órganos judiciales, 23 salas de vistas, otras dos para la celebración de macrojuicios y 186 plazas de aparcamiento. En la fachada irán integradas hasta 250 placas fotovoltaicas para que el edificio se abastezca de energías sostenibles. Otra de las novedades es que el edificio contará con instalaciones para el Instituto de Medicina Legal que evitarán que los forenses tengan que ir al tanatorio a practicar las autopsias. Todavía hay una planta reservada para futuras ampliaciones.
Durante su intervención, Puig ha anunciado una inversión de 86 millones de euros en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante que estará operativa en 2025 y que llevará el nombre de Rafael Altamira, en memoria del juez alicantino que participó ente de Justicia Internacional de la Haya.
Puig ha sostenido que la nueva infraestructura supondrá la mayor inversión en una sede judicial de los últimos veinte años, lo que la convertirá en “símbolo de una justicia eficiente, moderna y próxima”.
Durante su intervención, el presidente también ha explicado que la decisión de que lleve el nombre de Rafael Altamira constituye un “reconocimiento necesario” a uno de los españoles “más ilustres y menos conocidos”, de quien ha valorado su legado pacifista y su compromiso por la defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, ha defendido la apuesta del Consell por seguir avanzando en el modelo humanista de la Justicia con más recursos humanos, con la digitalización y la sostenibilidad del servicio, y con la mejora y ampliación de las infraestructuras judiciales.
En concreto, Ximo Puig ha señalado que la Generalitat creará 3.000 nuevas plazas para la Administración de Justicia, lo cual mejorará la atención a la ciudadanía; y ha mostrado la apuesta del Consell por implantar un nuevo sistema de gestión procesal con vistas telemáticas, así como por la eficiencia energética a través de la instalación de paneles solares en todas las sedes judiciales.
Respecto a las infraestructuras judiciales, el jefe del Consell ha recordado que el presupuesto de la Conselleria de Justicia para la mejora de las sedes judiciales se ha multiplicado por 6 desde 2015, pasando de 10 a 60 millones de euros.
Por último, ha destacado que hasta 2023, el Consell licitará proyectos por 277 millones, principalmente en la provincia de Alicante, como las nuevas sedes judiciales de Villena, la Vila Joiosa y Alicante, y con la ampliación y reforma de las sedes de Orihuela y Dénia.
Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha señalado que el proyecto “supone algo más que un edificio” porque saldará “esa deuda que el Consell tenía con los más de 400.000 habitantes del partido judicial que, incomprensiblemente, se vieron postergados porque Alicante era la única capital de provincia sin ciudad de la Justicia”.
En este sentido, la consellera ha anunciado que este verano se adjudicará el proyecto para que las obras puedan empezar en el último trimestre de este 2022 y concluyan 33 meses después.
Para la consellera, el proyecto ‒que supone más de un tercio del presupuesto del Plan de Infraestructuras Judiciales‒ supone “un compromiso con la justicia accesible, cercana, sostenible y eficiente” que “mira de otra forma a la ciudadanía y tiene en cuenta a todos los profesionales”. En este sentido, ha recordado que, además de su completa accesibilidad “pues no habrá barreras arquitectónicas ni tampoco de las invisibles”, en el complejo judicial “se integrarán todos los servicios como la oficina de denuncias de Violencia de Género, la de Asistencia a las Víctimas del Delito y, por primera vez, el Instituto de Medicina Legal”.
“Será una sede que facilite el trabajo a los operadores jurídicos y, por otra parte, la ciudadanía podrá disfrutar de un edificio emblemático”, ha asegurado la consellera quien también ha expresado su “gratitud y reconocimiento” al Ayuntamiento de Alicante por su disposición durante “la larga andadura burocrática” que ha supuesto la aprobación del
La construcción del nuevo edificio dará comienzo en el último trimestre de 2022 y tendrá un plazo de ejecución de 33 meses. Se ubicará frente a los actuales juzgados de Benalúa, y contará con una inversión de 85,6 millones de euros. Tendrá una superficie de 48.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja, semisótano, dos sótanos y siete plantas más ático con una instalación fotovoltaica que permitirá que buena parte de la energía que consuma sea de origen solar. Además de los paneles fotovoltaicos, la sede contará con sistemas inteligentes para el control de su consumo energético y climatización, y será completamente accesible para personas con diversidad funcional.
En este edificio se unificarán la mayor parte de los órganos judiciales del partido judicial de Alicante, que ahora mismo están repartidos en diez sedes diferentes. Así, allí estará la jurisdicción Civil, la Penal y la Fiscalía, Además, albergará el Centro de Mediación, los Servicios de Orientación Jurídica, el Instituto de Medicina legal, las Unidades de Valoración Forense Integral, los gabinetes psicosociales, la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género y la de Asistencia a las Víctimas del Delito y las cámaras Gesell. También se ubicarán allí las dependencias del Servicio de Orientación Jurídica, un salón de actos y el Decanato.
Por otra parte, en la sede de la calle Pardo Gimeno se mantendrán los juzgados de lo Contencioso-administrativo y lo Social. De momento, está pendiente de estudiar cuál será la ubicación de la Audiencia Provincial, que permanece en la plaza del Ayuntamiento.
El proyecto para la rehabilitación de los juzgados de Benalúa está incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que contempla, entre otras iniciativas, la construcción de nueve edificios judiciales de nueva planta y la rehabilitación integral de otros cinco.
UGT recuerda al Consell que hacen falta funcionarios
El sindicato UGT aprovechó el acto de presentación de la Ciudad de la Justicia para entregar un escrito al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recordando que es necesaria también la inversión en personal. "Este nuevo Palacio de Justicia ayudará pero para resolver los retrasos generalizados necesitamos una mayor dotación de personal por juzgado", señalan, considerando que es necesario un gestor y un tramitador más por cada juzgado que rebase en un 150% la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial. Sin la inversión necesaria en funcionarios, aseguran que en los órganos judiciales se mantendrá el atasco.
