El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha estimado el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Colla Ecologista d'Alacant contra los pliegos de condiciones del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que el bipartito sacó recientemente a licitación con un presupuesto base de 347 millones de euros y una duración de ocho años, sin prórrogas, y que es considerada la contrata del siglo. Esta suspensión cautelar supone que se paraliza la tramitación de la nueva contrata aunque de forma parcial puesto que las empresas podrán seguir presentando ofertas que el equipo de gobierno tendrá que reservar sin abrir los sobres, a la espera de que se resuelva el citado recurso.
El Ayuntamiento de Alicante ha recibido el pronunciamiento del tribunal administrativo, que señala que "con respecto al recurso (...) referente al 'Servicio de recogida y transporte de residuos municipales, limpieza viaria y limpieza y aseo de otros espacios públicos', se hace constar que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con fecha 1 de junio de 2022, resuelve la concesión de medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, sin que esta afecte al plazo de presentación de ofertas, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución de los recursos la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada”.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante se reunió por vía de urgencia el pasado 27 de mayo para pedir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la inadmisión del recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Colla Ecologista d'Alacant contra los pliegos de condiciones del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos.
El gobierno municipal defendía que la entidad ecologista no tiene "legitimación". El bipartito pedía también que, de no admitirse la falta de legitimación del recurrente, sea desestimado el recurso interpuesto, con fundamento en el informe emitido por el jefe del servicio de Limpieza y Gestión de Residuos. También reclamaba la no suspensión del procedimiento de licitación objeto del recurso. El plazo está abierto hasta el 27 de junio.
Sin embargo, el TACRC no estima la petición completa del bipartito y admite la legitimidad para recurrir de los ecologistas como organización de defensa ambiental. La Colla Ecologista d'Alacant sostiene que "los pliegos que han de regir ese contrato y el propio procedimiento de licitación no se ajustan a derecho", para lo que pide que se proceda a su anulación.
El portavoz de la Colla, Carlos Arribas, destaca la aceptación de las medidas cautelares solicitadas y ahora esperan "a ver qué resuelve" el tribunal administrativo en referencia al recurso contra los pliegos de condiciones. Arribas recuerda que el grupo socialista presentó otro recurso sobre la duración del contrato, que es de 8 años, solicitando que se limite a cinco.
"El tribunal acepta nuestra petición de adopción de medidas cautelares y desoye la falta de legitimación aducida por el Ayuntamiento. Se paraliza la contratación pero no la tramitación de las ofertas"
Por su parte, el bipartito considera que la resolución no supone la paralización de la contrata. "Es una respuesta reglada que se produce siempre cuando se presentan recursos al TACRC sobre cualquier procedimiento de contratación y hasta que el tribunal pueda resolver dichos recursos. Tienen que preguntar a la administración su posición sobre cada recurso, en este caso, al Ayuntamiento, que ya le ha respondido pidiendo que lo rechace. El tiempo para resolver suele ser rápido, unas dos semanas. A efectos prácticos, el procedimiento de contratación sigue pues las empresas pueden presentar ofertas hasta el 27 de junio, que es el plazo establecido. Lo que no podrá es abrir los sobres de dichas ofertas hasta que el TARC resuelva si admite o no los recursos presentados, pero lo normal será que se pronuncie antes de este plazo", señalan desde el área de Limpieza.
A principios de mayo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó la licitación del nuevo "contrato del siglo", el relativo a la limpieza viaria y recogida de residuos, con un presupuesto base de 347 millones de euros y una duración de ocho años, sin prórrogas. Es decir, el Ayuntamiento de Alicante prevé gastar un máximo de 43,5 millones de euros al año en un contrato que actualmente incluye el tratamiento de residuos pero no recoge la recogida de orgánica, según el concejal de Limpieza, Manuel Villar.
"A efectos prácticos, el procedimiento de contratación sigue pues las empresas pueden presentar ofertas hasta el 27 de junio, que es el plazo establecido"
El próximo contrato supondrá, según el edil, un incremento de aproximadamente un 25% del gasto respecto a los mismos servicios incluidos en el actual contrato, en manos de UTE Alicante, formada por FCC, Ferrovial y Cívica, de Enrique Ortiz. El concejal Villar resaltó que con esta licitación se impulsa la renovación de la "mayor contrata" municipal. “La ciudad ha crecido en población y en nuevas zonas urbanizadas, tenemos seguir mejorando la limpieza de nuestros barrios y pedanías, mantener unas playas cuidadas y con un alto estándar de calidad y cuidar los espacios turísticos de relevancia como la isla de Tabarca, que van a exigir mayores esfuerzos, dotaciones y modernización en esa transición hacia una ciudad más sostenible y habitable que nos marcan los objetivos de la Agenda Urbana Alicante 2030”, subrayó Villar.
El PSOE también recurrió
El Partido Socialista de Alicante considera que el contrato de limpieza y recogida se plantea "viciado" por un plan de Inversiones de 32 millones de euros "que incluye conceptos sin aclarar y una deuda heredada de 6 millones. Este importe sobredimensionado condiciona el acceso de las empresas interesadas en concurrir al nuevo contrato de limpieza, que ven cómo se les exige una solvencia inaccesible e innecesaria que empobrece la contratación del servicio".
"El tiempo de amortización de este Plan de Inversiones es el único argumento esgrimido por Barcala para plantear otro contrato de 8 años y eludir el máximo de 5 años previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", explican.
El recurso especial en materia de contratación planteado por los socialistas se presentó ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y se suma al ya planteado por Ecologistes en Acció, quienes observan también otros incumplimientos asociados esta vez a la normativa de residuos.
El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, ha asegurado que la resolución de estos recursos “debe poner punto y final al fracaso del PP con la limpieza de Alicante, es urgente que reconduzcan la situación caótica en la que tienen inmersos los contratos y emprendan una nueva redacción que no huya del diálogo con los alicantinos, como lamentablemente ha sucedido todo el mandato. Y es que cuatro años después de recibir la Alcaldía de manos de una tránsfuga, Barcala sólo ha conseguido que la ciudad esté más sucia y que la gente esté cada vez más harta de la falta de credibilidad del alcalde, incapaz de evitar las prórrogas de los principales contratos como negó en su campaña electoral".
"Cuatro años después de recibir la Alcaldía de manos de una tránsfuga, Barcala sólo ha conseguido que la ciudad esté más sucia"
"Ahora, vemos con preocupación cómo también ha sido incapaz de plantear un Plan de Inversiones sensato y sin herencias que condicionen el nuevo contrato. Definitivamente pretenden gastar 347 millones de euros con la única ambición de repetir los graves errores que Alicante arrastra hoy con su basura por culpa de los líos de los gobiernos del Partido Popular”, concluye Millana.
Un contrato más corto
Por su parte, el concejal socialista Raúl Ruiz ha asegurado que “el alcalde pretende hipotecar la limpieza de Alicante otros ocho años cuando deberíamos estar hablando de un contrato de limpieza más corto, más transparente y mucho más eficaz. No es normal que haya dedicado este tiempo a improvisar incrementos que han dejado un pufo de 6 millones y ahora, vencido el contrato, no se plantee liquidarlos y prefiera subrogarlos a la nueva concesión. Sólo consiguen condicionar la solvencia de las empresas, viciar la contratación y pagar gastos innecesarios de gestión de esa subrogación. Lamentablemente la incompetencia que ha mostrado el equipo de gobierno local con la redacción de estos contratos roza lo negligente, no permitiremos que el PP vuelva a sacar otro pliego en el cual Alicante es la única que sale perdiendo”.
Unidas Podemos
"Un asunto más relativo a la gestión de residuos que se hace mal por parte de este equipo de gobierno. La política de Barcala, del PP, ha sido la de facilitar que algunos se enriquezcan con esta contrata en lugar de defender el interés general de la ciudadanía, que pasa por limpiar más y reciclar mejor. La admisión de la suspensión cautelar de la licitación de la contrata de gestión de residuos y limpieza evidencia que, tal y como advirtió Unides Podem, se tramitó con muchas carencias, sin tener en cuenta siquiera el propio Plan de Residuos Local, que ya era absolutamente insuficiente para llegar al 50% del reciclaje que nos exige la UE. Esperamos que rectifiquen, y rehagan la contrata con la intención de mejorar tanto la limpieza como el reciclaje en nuestra ciudad", he señalado el portavoz de este grupo, Xavier López.
