Abrir diligencias informativas y pedir explicaciones al juez. Es lo que acaba de hacer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad le diera traslado, el mismo día que fue publicada, de la entrevista realizada por este medio al magistrado de la Audiencia de Alicante Manel Martínez Aroca en la que, entre otras afirmaciones, sostiene que «en el caso Brugal se buscaban fines políticos y por ese motivo se fue engordando como un globo para ganar tiempo y poder encontrar, es posible, aunque lo desconozco, si otras personas habían cometido algún delito».
La medida de abrir diligencias informativas la ha adoptado el promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces, el magistrado Ricardo Conde, quien le ha pedido al magistrado un informe sobre estas manifestaciones tras lo que acordará si archiva las diligencias o si, por el contrario, incoa un expediente disciplinario por considerar las declaraciones improcedentes y merecedoras de sanción. Para este trámite no hay fijado un plazo aunque sí para la entrega del informe: siete días.
La entrevista, que irrumpió como un tsunami en el mundo jurídico de Alicante y de más allá de la provincia, también fue puesta en conocimiento tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Fiscalía Anticorrupción, ya que el magistrado cuestionaba la imparcialidad del Ministerio Público sin que conste que por parte de esta institución se haya tomado alguna iniciativa, al menos por el momento.
El magistrado, quien fue decano en los juzgados de Orihuela, pertenece al plantel de la Audiencia de Alicante desde 2015 y acaba de incorporarse a la recién creada sección XI, con sede en Elche, afirma en la entrevista que fue el propio Pedro Sánchez quien aseveró que la Fiscalía dependía del Gobierno.
«Ya lo dijo nuestro presidente: la Fiscalía depende del Gobierno. Basta con retrotraerse a la fecha de hechos, cuando comienza la investigación, 2006, 2007, 2008 … y vas haciendo los cálculos para ver la motivación política que podía haber. (...) Y no hay que olvidar que la Fiscalía es una institución jerarquizada donde se siguen instrucciones tanto de la Fiscalía General del Estado como de la del Tribunal Superior», sostiene.
Afirmación que realiza para, a renglón seguido, manifestar el "respeto" que le merecen los fiscales Anticorrupción de la provincia «a pesar de que uno de ellos me haya recusado», matiza.
Una reprobación que desestimó la Sala de Recusaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad a la que llegó sin el apoyo de la Fiscalía de ese órgano, a cuyo frente se encuentra la fiscal Teresa Gisbert.
El magistrado Martínez Aroca ha sido ponente en dos resoluciones en las que se ha librado de elevadas penas de cárcel al empresario de Orihuela Ángel Fenoll, quien con sus grabaciones dio origen al caso Brugal, el mayor proceso de corrupción investigado en la provincia.
En una de las causas revocó una sentencia que condenaba a 212 años de prisión a quince empresarios de la Vega Baja, uno de ellos Fenoll, por una defraudación millonaria a Hacienda, órgano contra cuya inspección arremete con dureza en la sentencia.
En la otra, pendiente ahora del Supremo, a donde recurrió el Ministerio Público, absolvió a los 34 acusados en la pieza de Brugal relativa a las basuras de Orihuela tras invalidar escuchas y registros.
