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Once desahucios diarios en la provincia de Alicante

Los desalojos de viviendas por no poder pagar la hipoteca o el alquiler suben un 42% en el primer trimestre

Intento de desahucio paralizado en un barrio de Alicante, en imagen de archivo HECTOR FUENTES

Once familias cada día son desahuciadas de sus viviendas en la provincia de Alicante, bien por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler. Un problema que va a más pese al escudo social que desplegó el Gobierno en plena pandemia, y que aún sigue vigente, para proteger a las personas más vulnerables. En los tres primeros meses del año, se han producido en la provincia de Alicante 996 lanzamientos de viviendas, según las estadísticas publicadas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial. Son un 42% más que en el mismo periodo del año pasado y la cifra más alta registrada en el arranque de un año desde el año 2017.

Además, Alicante es la tercera provincia de España en la que más desahucios se producen, sólo superada por Barcelona, con 1.684 lanzamientos y Madrid, que apenas registra cuatro desahucios más que Alicante en el primer trimestre del año.

La mayoría de desalojos que se producen en la provincia son de personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, concretamente 536 en el primer trimestre. Es en esta modalidad donde se ha producido un mayor aumento de casos, ya que en el mismo periodo de 2021 fueron 233 los desahucios por no poder pagar la hipoteca.

En cuanto a los lanzamientos por no poder hacer frente al alquiler de una vivienda, estos han ascendido a 441 en los tres primeros meses del año, una cifra similar a la registrada en 2021.

Desde las asociaciones que ayudan a las personas más vulnerables constatan esta situación y aseguran que cada vez son más las personas que acuden en busca de ayuda porque están en riesgo de perder su casa. Una de las principales causas de este incremento de lanzamientos es el fin de los alquileres sociales. “Mucha gente, con la anterior crisis económica, dio su vivienda como dación en pago por no poder hacer frente a la hipoteca a cambio de quedarse en ella pagando un alquiler social. Ahora los bancos están vendiendo esas casas a fondos buitre que no renuevan estos alquileres”, señala Susana García, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Muchas personas dieron su vivienda como dación en pago a cambio de un alquiler social y ahora no les quieren renovar

Susana García - Plataforma Afectados por la Hipoteca

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“Cada vez nos llega más gente con este problema y nos encontramos con situaciones muy complicadas”, advierte Fernando Patón, de la plataforma Marea Roja. Añade Patón que en estos momentos en la ciudad de Alicante “hay bloques enteros de viviendas con la amenaza de ser desalojados y decenas de familias afectadas”.

Además del fin de los alquileres sociales, también vuelve a ser frecuente que haya familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca después de que con la recuperación económica antes de la pandemia muchas familias se lanzaran a la compra de una casa. “El problema no ha hecho más que empezar, porque los precios no hacen más que subir y los van a seguir haciendo y las familias están al límite”, advierte Susana García.

Suspender los desahucios de sus viviendas a personas o familias afectadas por la crisis del covid. Esta es una de las medidas estrella del denominado «escudo social», que desplegó el Gobierno cuando estalló la pandemia de coronavirus. Sin embargo, esta medida ha tenido poco efecto en la provincia de Alicante, a tenor de los datos del Consejo General del Poder Judicial. El pasado mes de febrero, el Gobierno decidía prorrogar hasta octubre la ley para evitar que una familia afectada por la pandemia pueda perder su vivienda. Fuentes judiciales y de las plataformas antidesahucios coinciden en señalar que los férreos requisitos de la ley hacen en la práctica inviable que las familias vulnerables puedan acogerse a la misma.

Cada vez llega más gente pidiendo ayuda y nos encontramos con situaciones verdaderamente difíciles

Fernando Patón - Marea Roja

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Los requisitos para poderse acoger a esta moratoria es haber pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40% . Además, su renta no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (casi 1.700 euros mensuales) y el alquiler a pagar, más los gastos y suministros básicos, deberá sobrepasar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.

Sospechamos que detrás de este aumento de desahucios hay un interés por convertir las viviendas en alojamientos turísticos

Sento oncina - Sindicato Barrio Carolinas

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Desde el Sindicato de Barrio de Carolinas también constatan un aumento de los casos de desahucios “y sospechamos que detrás hay un movimiento para recuperar estas viviendas y hacerlas vacacionales o venderlas por bloques a fondos de inversión”, explica Sento Oncina, miembro del sindicato. Respecto a la norma para evitar los desalojos, lamenta Oncina la enorme burocracia que muchas veces acompaña a estos procesos.

La Comunidad Valenciana fue la segunda comunidad donde más lanzamientos o desahucios se practicaron en el primer trimestre, con 1.863, lo que significa un incremento del 20 % respecto al mismo trimestre del año anterior, cuando se registraron 1.553.

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