Dos meses y medio después de que la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución entrase en vigor, tras ser aprobada en pleno por el PP, Cs y Vox, el bipartito de Barcala ha hecho balance de los dos primeros meses: "Se han saldado con 94 sanciones por diferentes conductas incívicas durante abril y mayo. Los agentes de la Policía Local han tramitado 80 denuncias a aparcacoches -también conocidos como “gorrillas”-, cuatro por miccionar en la vía pública y 10 por ruidos y a transeúntes desnudos".
Esto significa que el resto de actas levantadas por agentes de la Policía Local, como la registrada a una mujer que pedía en la avenida Alfonso el Sabio finalmente no se han debido tramitar, pese a que los agentes recurrieron a la polémica norma para obligar a la persona a levantarse y dejar de pedir dinero. En ese arranque de entrada en vigor, también se sancionó a un hombre por pedir en la Explanada. Otra acta de denuncia levantada de la que tiene constancia este diario fue a mediados de mayo a un joven con discapacidad que pedía en un semáforo de la avenida de México con el argumento de que "obstaculizaba" el tráfico. Ninguna de esas sanciones se ha debido tramitar, según los datos oficiales ofrecidos por el Ayuntamiento como balance de los dos primeros meses de aplicación de la oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica.
Al mismo tiempo, según el gobierno municipal, los agentes "han informado durante este período a 51 personas que ejercían la mendicidad en lugares de tránsito público de los recursos sociales que presta el Ayuntamiento para recibir las ayudas necesarias, así como la disponibilidad de un lugar para pernoctar durante un primer mes". De hecho, prosiguen desde el ejecutivo de Barcala, "el Ayuntamiento ha creado un grupo de la Policía Local adscrito a la Concejalía de Acción Social para atender a las personas desfavorecidas".
Del medio centenar de personas sin hogar a las que se le "han ofrecido estas ayudas sociales", siempre según los datos del Ayuntamiento, "tres de ellas han aceptado este apoyo para salir de la mendicidad". Este dato "pone de manifiesto que la nueva ordenanza municipal nace para dar protección social a las personas necesitadas y desfavorecidas”, según defiende el concejal de Seguridad, José Ramón González.
El edil ha añadido que “queda muy claro que esta norma se aplica para combatir las conductas incívicas, las mafias de la prostitución y la mendicidad”. Y, ha proseguido, "con su aplicación se atiende una amplia demanda ciudadana para que en Alicante impere el respeto a la convivencia en los espacios públicos, al tiempo que se protegen de actos vandálicos nuestro patrimonio arquitectónico y monumental”.
En el desglose por meses realizado por el Ayuntamiento, durante mayo se tramitaron un total de 72 sanciones (61 a aparcacoches, dos por miccionar en la vía pública y nueve por ruidos y a transeúntes desnudos), mientras que en el primer mes de aplicación, abril, se interpusieron 22 (19 a aparcacoches, dos por orinar en lugares públicos) y una por baño en la fuente de una plaza.
Un año y medio después de que el gobierno municipal de PP y Ciudadanos lanzaran la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución [aquí se puede consultar], la controvertida norma, rechazada por la izquierda y por entidades sociales, Cáritas incluida, y criticada hasta por el obispo, entró en vigor.
Entre los artículos más polémicos, multas de hasta 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros o similares, en espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo. También se pueden multar las indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas.
Además, se puede multar con hasta 750 euros por dormir en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza aprobada, está castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios". Este es el artículo que ha criticado el obispo Munilla, quien ha asegurado que "no tiene sentido prohibir dormir en la calle".
Con hasta 3.000 euros está castigado realizar "conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de la ciudadanía por los espacios públicos, cuando se ejerzan directa o indirectamente con acompañamiento de menores o de personas con diversidad funcional".
