Veinte familias, unas sesenta personas, que en pocas semanas pueden verse en la calle. Es el drama que se vive en el barrio de Carolinas Bajas, donde tres bloques enteros con pisos ocupados están amenazados con un inminente desahucio. Los inquilinos ya han comenzado a recibir las cartas para que abandonen las viviendas, que en algunos casos alquilan desde hace años.
En el caso de María González, el lanzamiento está fijado para el 8 de julio. Igual que otros inquilinos, ella paga un alquiler de 280 euros por el piso que ocupa en la Calle Garbinet a una empresa subarrendataria “porque este inmueble está en un vacío legal”. Vive desde 2014 en un bajo pequeño que poco a poco ha ido arreglando para convertirlo en su hogar y que comparte con su hijo que tiene 40 años y sufre una discapacidad mental del 41%. María llora amargamente cuando contempla la orden de lanzamiento. “De la noche a la mañana nos han dicho que no nos renovaban el alquiler. Sé que no puedo hacer nada, que me tengo que ir, pero sólo pido un poco de tiempo para poder encontrar otra vivienda para alquilar, ya que en verano es imposible”.
Su pensión es de 750 euros y a su hijo le acaban de conceder una ayuda de 450 euros por un año. “La trabajadora social me ha dicho que al pasar de 600 euros no puedo optar a una vivienda social y menos con la lista de espera que hay. Con mis ingresos actuales sólo puedo pagar 350 euros así que no sé qué voy a hacer”. Otro de sus temores es que este desahucio provoque un brote a su hijo, “del que ya no se pueda recuperar”.
A espaldas de su edificio, en la calle Carlos Arniches, hay dos bloques amenazados también con el desalojo. Miguel García es uno de los vecinos que vive en el inmueble desde hace ocho años. Él todavía no ha recibido la carta de desahucio, “pero muchos vecinos sí, así que es sólo cuestión de tiempo”. En su casa sólo entra la ayuda que cobra su mujer, así que no sabe dónde irán con su hija menor si les echen. También esta familia paga un alquiler por residir en el piso pese a que el bloque no reúne condiciones. “Llevamos tres meses sin luz en las zonas comunes y por tanto sin ascensor, con riesgo de que las personas mayores y las familias con hijos pequeños se caigan por las escaleras por la noche”.
Desde el Sindicat de Barri Carolines lamentan que el objetivo de vaciar estos tres bloques es crear más apartamentos turísticos. “Se está expulsando a la gente del barrio para levantar estos pisos, de los que ya hemos contabilizado más de 200 en el barrio”, lamenta Sento Oncina, miembro de esta entidad. El de Carolinas Bajas es un barrio pegado al centro de la ciudad, en el que ha habido muchas ejecuciones hipotecarias y proyectos para rehabilitar esta zona al calor del plan Edusi, lo que está provocando una proliferación de negocios turísticos “que acaban por hacer que la gente del barrio tenga que marcharse”. Oncina señala que en los últimos años han abierto en la zona 20 inmobiliarias “y a cambio ya no queda ninguna tienda de ultramarinos”.
Once familias cada día son desahuciadas de sus viviendas en la provincia de Alicante, bien por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler. Un problema que va a más pese al escudo social que desplegó el Gobierno en plena pandemia, y que aún sigue vigente, para proteger a las personas más vulnerables. En los tres primeros meses del año, se han producido en la provincia de Alicante 996 lanzamientos de viviendas, según las estadísticas publicadas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial. Son un 42% más que en el mismo periodo del año pasado y la cifra más alta registrada en el arranque de un año desde el año 2017.
