En los últimos compases del curso escolar, y para tratar de empezar el siguiente con la mínima atención en la seguridad y la salud de los 28.000 docentes en colegios e institutos de la provincia, el delegado sindical de CSO en Alicante, Felip Vicedo, ha presentado formalmente una querella penal contra Educación por desatender a sus empleados desde hace décadas.
Estrés y problemas psicológicos en aumento entre el profesorado, junto a la negativa de la administración educativa a aportar datos sobre la duración de las bajas, que puedan dar idea de la importancia del problema que implica incumplir la ley del año 1995, sobre Prevención de Riesgos Laborales que atañe da la totalidad de los trabajadores, han llevado al Consejo Sindical Obrero a "denunciar penalmente a los responsables de Educación, que incumple la obligatoriedad de realizar revisiones periódicas de Seguridad y Salud y de proporcionar información al respecto a los delegados", subraya Vicedo que firma personalmente la querella.
Denunciamos penalmente a los responsables de Educación por incumplir la obligación de realizar revisiones periódicas de Seguridad y Salud
El propio delegado concreta que en sus 17 años de ejercicio docente nunca ha sido requerido por Educación para la obligatoria revisión de su salud, "como en cualquier otra empresa, que de hecho habría sido multada de haberse visto en una situación similar".
Sin embargo afirma que ante las sucesivas reclamaciones de la Junta de profesorado de la provincia, que representa a todos los docentes, Educación solo ha actuado obligada por la Inspección de Trabajo ante denuncias puntuales de gravedad "y entonces se ha actuado en el centro determinado donde se ha producido el hecho de gravedad. Desde Trabajo nos han indicado que una conselleria no multa a otra porque son administración, así que no nos queda otra que denunciarlo penalmente", insiste.
Prevención
Mediante la prevención de riesgos, la Conselleria de Educación está obligada a que todos los centros educativos dispongan de planes frente a posibles accidentes, así como a llevar a cabo revisiones periódicas de salud entre sus trabajadores y a proporcionar información sobre estas medidas al Comité de Seguridad y Salud, donde están representados los sindicatos docentes.
Llevan muchos años incumpliendo la ley, no han hecho nada para remediarlo
"Llevan muchos años incumpliendo la ley y desoyendo a la representación de los trabajadores y a sus propios organismos, porque la mitad de los miembros del Comité de Salud son de la propia conselleria", abunda el denunciante.
"La conselleria no ha hecho nada para remediarlo y, desde hace más de 15 años, el servicio propio de prevención se eliminó y se dejó en manos del INVASSAT, el Instituto Valenciano de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que entonces abarcaba a unos 6.000 trabajadores de la Conselleria de Justicia y al que, sin aumento alguno de personal, le endosaron los miles de docentes y 700 centros públicos de Educación de la provincia de Alicante", advierte Vicedo.
Déficit de técnicos
La reiterada petición del aumento de personal, para que este servicio pudiera llegar a cada uno de los profesores, ha caído en saco roto hasta el momento. El sindicato denuncia por lo penal a Educación y confía en que la Fiscalía lleve el tema adelante, porque no solo no cuentan con más técnicos para la prevención de la salud de los profesionales de la enseñanza, considerados esenciales, sino que ni siquiera se cubren plazas de los que se jubilan como ha pasado con el último de los médicos.
Desde CSO afirman que para los 28.000 docentes de la provincia de Alicante, dejados de la mano en temas de salud, "lo que no sucede ni en Valencia ni en Castellón donde cuentan con revisiones periódicas de entre uno y tres años", sostienen que apenas cuentan con tres médicos y tres enfermera, por lo que calculan que ni siquiera poniéndose a ello podrían llegar a todo los profesionales antes de los próximos 25 años.
Vicedo concreta que el propio INVASSAT ha realizado una proyección aproximada sobre el alcance de sus revisiones en la provincia de Alicante, y arroja una media anual de unos 17 centros. "A pesar de que trasladamos esta situación ante el Comité de Salud se ha seguido con un ritmo similar", lamenta el delegado provincial del sindicato.
"Sin vigilancia de la salud personal, ni planes de prevención actualizados, no es posible realizar ninguna labor de prevención de riesgos", añade al tiempo que ratifica su denuncia ante el juzgado "para que actúe por un presunto delito contra los trabajadores y trabajadoras".
Recuerda el delegado a su vez que la decisión la adoptaron como sindicato con anterioridad, pero que al propagarse el coronavirus optaron por destinar todos los esfuerzos a trabajar conjuntamente contra la pandemia "y ahora, una vez vuelta la normalidad, como lamentablemente seguimos igual hemos presentado la pertinente denuncia contra la administración educativa, que es partícipe de esta grave situación".
