La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha impulsado este martes la licitación de cinco proyectos vinculados a la zona de bajas emisiones, que cuentan con subvención europea. En total, las iniciativas suman un presupuesto de casi 15 millones de euros. Este es un trámite obligado para no poner en riesgo las subvenciones europeas recibidas. Pendiente de aprobación quedan tres proyectos más que deben licitarse este miércoles si el Ayuntamiento no quiere poner en riesgo las ayudas adjudicadas. Según el portavoz adjunto del gobierno municipal y concejal de Transportes, Manuel Villar, el bipartito trabaja con Intervención para desbloquear los tres proyectos pendientes de licitar que han recibido subvención europea, entre ellos el del contrato del autobús urbano. La fecha límite es este miércoles, 15 de junio, para cuando se prevé una junta de gobierno extraordinaria. En caso de no llegar a tiempo, una hipótesis que Villar no quiere ni valorar, según el concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, se pondría en juego un 5% de las ayudas concedidas, aunque el edil también ha revelado que el ministerio se plantea ampliar el plazo para la licitación de los proyectos.

Entre las iniciativas que se han licitado en la reunión de este martes del equipo de gobierno figuran la implantación de la zona de bajas emisiones en el anillo de Gran Vía (el más exterior de los dos incluidos en la iniciativa), que cuenta con un presupuesto de 5,4 millones de euros y un plazo de ejecución de hasta el 31 de diciembre de 2024. La principal partida se prevé para el año 2023, según el acuerdo. El concejal Peral ha explicado que los trabajos consistirán en la instalación de las cámaras y el dispositivo electrónico necesario para el control del tráfico y de la contaminación.

En un acto en Madrid, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que la zona de bajas emisiones del anillo de Gran Vía abarca 7,49 kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 19,4% de la superficie del municipio y afecta a 22 barios que suman 157.498 residentes. El parque de vehículos en la zona definida supera los 100.000, algo menos de la mitad del parque móvil de la ciudad. Y sólo contando los vehículos de la zona supondrían un total de emisiones de 163.042 toneladas de CO2 al año, según el regidor popular en el congreso internacional Global Mobility Call que se celebra en Madrid.

Las medidas complementarias a la zona de bajas emisiones, el "Alicante Central", consistentes en el calmado de tráfico en el eje Canalejas-IES Jorge Juan, la peatonalización de parte del centro tradicional, la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte público y el acondicionamiento de la avenida de Aguilera para la implantación de un carril bus exclusivo, entre otras, supondrían una reducción de 74.555 toneladas de CO2 al año, según el alcalde.

Este martes, en Junta de Gobierno también se ha aprobado la licitación de la reurbanización del tercer tramo de la Explanada, el conocido como "fondo de saco". El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. De igual forma, se ha dado luz verde a la licitación del calmado del tráfico en los tramos de Federico Soto y Doctor Gadea, con un gasto global de unos 5,4 millones de euros y ocho meses de plazo de ejecución. Por último, se ha aprobado la licitación de la implantación del carril bus en la avenida Aguilera, con un presupuesto que supera el medio millón de euros y cuatro meses de plazo de ejecución.

Así, en la reunión de este martes se han desbloqueado cinco proyectos, cuyo coste ronda los 15 millones de euros para la implantación de la zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, una estrategia financiada con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto total de supera los 37 millones de euros y cuenta con una subvención de la Unión Europea, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de unos 15 millones de euros.