La Policía Nacional de Alicante ha puesto al descubierto una trama organizada dedicada a la presentación de permisos de residencia ucranianos falsos con el objetivo de regularizar su situación en España como refugiados. En la operación han sido detenidas 14 personas que usaron documentación falsa al presentar la solicitud de protección temporal como refugiados en la Oficina de Documentación abierta en la Ciudad de la Luz con motivo de la guerra en Ucrania. Los arrestados, de entre 18 y 34 años y de nacionalidad marroquí, cubana y dominicana, han sido acusados de un delito de falsificación documental. Los soportes de los permisos eran auténticos pero los datos no se correspondían a la realidad.

El Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría de Provincial Alicante mantiene abiertas las pesquisas para localizar más documentos falsificados en las solicitudes presentadas en Ciudad de la Luz y arrestar a los peticionarios.

La nueva vía abierta por el conflicto bélico en Ucrania para otorgar la protección temporal a refugiados del país ucraniano no ha pasado desapercibida para el crimen organizado. El Consejo de la Unión Europea dictó la Decisión 2022/238, por la que se activó el régimen de protección temporal para aquellos ciudadanos desplazados desde Ucrania. Según esta norma, las personas nacionales de un tercer país distinto a Ucrania que puedan demostrar que antes del 24 febrero de 2022 residían legalmente en el país ucraniano también pueden acogerse al régimen de protección temporal en España. Para ello, necesitan presentar un permiso de residencia permanente válido expedido de conformidad al derecho ucraniano y que no puedan regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas.

Los agentes del Grupo Tercero de la UCRIF tuvieron conocimiento de que había una serie de solicitantes de protección temporal con diferentes nacionalidades que habían presentado permisos de residencia temporales en Ucrania "que, a todas luces, parecían correctos". Sin embargo, sus portadores carecían de cualquier conocimiento de Ucrania, del que desconocían hasta el más mínimo detalle, lo que despertó las sospechas de un posible fraude.

La UCRIF inició una investigación para comprobar los números de soporte de los documentos a través de la Oficina Central Nacional de Interpol en España y tras contactaron con su homóloga de Kiev se averiguó que en sus Registros Estatales de Migración no habían sido expedidos los documentos. El soporte físico sí era auténtico, pero los datos incorporados no habían sido grabados por las autoridades competentes de Ucrania, confirmando que estas personas no disponían de permiso de residencia ucraniano.

Los agentes de la UCRIF localizaron a estas personas y las detuvieron acusadas de un presunto delito de falsedad documental.