Los dos fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones y Pablo Romero, ayudarán a su compañero José Llor representando a la acusación pública en el nuevo juicio que se va a celebrar por el asesinato de María del Carmen Martínez. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que absolvía del crimen a Miguel López, yerno de la víctima y único acusado, y ha ordenado que se repita la vista por las graves irregularidades detectadas en la primera cuando la presidenta del tribunal devolvió por falta de motivación un veredicto de culpabilidad por siete votos a dos que 72 horas después se tornó en absolutorio por seis votos a tres.
Un acta que la magistrada Francisca Bru impidió que fiscalizaran las partes y que después, además, fue destruida. Estos motivos, estimados por la Sala Segunda del Supremo en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, fueron los esgrimidos en el recurso que en solitario interpuso ante el Alto Tribunal el abogado Francisco Ruiz Marco, quien está ejerciendo la acusación particular en nombre del hijo de la víctima.
La propuesta de contar con la colaboración de sus compañeros Briones y Romero ha partido del propio Llor, que la planteó en el última junta de fiscales celebrada esta semana y en la que recibió el visto bueno a expensas, únicamente, de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de la que dependen estos acusadores, no ponga ninguna objeción.
En el planteamiento de Llor ha pesado el hecho de que se encuentra próximo a su edad de jubilación, lo que le impediría concluir un proceso que, con toda seguridad, no acabará en la sentencia que dicte la Audiencia de Alicante una vez que otro jurado popular con un nuevo presidente al frente juzgue el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. María del Carmen Martínez recibió dos disparos en la cabeza el 9 de diciembre de 2016 en el negocio de automoción propiedad de los Sala que regentaba el sospechoso.
Una nueva vista oral que podría señalarse para antes de un año y para la que que se ha designado un presidente del tribunal, el magistrado José María Merlos, quien se encuentra pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad le admita la renuncia que ha presentado alegando una intervención previa en esta causa, lo que le inhabilitaría para juzgarla.
En la misma junta de fiscales se acordó también reprobar las manifestaciones del magistrado de la Audiencia de Alicante Manel Martínez Aroca en una entrevista en este medio en las que cuestionaba la imparcialidad de la Fiscalía y afirmaba que en el caso Brugal, el mayor proceso por corrupción que se ha investigado en la provincia, «se buscaban fines políticos y por ese motivo se fue engordando como un globo para ganar tiempo y poder encontrar, es posible, aunque lo desconozco, si otras personas habían cometido algún delito».
Unas manifestaciones por las que el Consejo General del Poder Judicial ya le ha pedido explicaciones y a la espera está de ver si archiva las actuaciones abiertas por estas declaraciones o las transforma en un expediente disciplinario.
El magistrado, quien fue decano en los juzgados de Orihuela, pertenece a la Audiencia de Alicante desde 2015 y acaba de incorporarse a la recién creada sección XI, con sede en Elche, afirma en la entrevista que fue el propio Pedro Sánchez quien aseveró que la Fiscalía dependía del Gobierno.
«Ya lo dijo nuestro presidente: la Fiscalía depende del Gobierno. Basta con retrotraerse a la fecha de hechos, cuando comienza la investigación, 2006, 2007, 2008 … y vas haciendo los cálculos para ver la motivación política que podía haber. (...) Y no hay que olvidar que la Fiscalía es una institución jerarquizada donde se siguen instrucciones tanto de la Fiscalía General del Estado como de la del Tribunal Superior», sostiene.
