La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha adquirido, durante este primer semestre, del año un total de 219 viviendas por un importe de 12.655.388,52 millones de euros. Ante estos datos, el vicepresidente, Héctor Illueca, ha expresado su satisfacción y ha manifestado que "solo con un parque público de vivienda sólido y suficiente seremos capaces de garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía".
En la provincia de Alicante han sido 104 las viviendas adquiridas, por un importe de 5.579.418,50 euros: 22 viviendas en Callosa del Segura por compra directa por emergencia habitacional, por un importe de 2.023.794,23 euros; Monóvar, con 35 viviendas por un importe de 1.721.823,05 euros; Gata de Gorgos, con 12 viviendas por un importe de 702.084,76 euros, y 8 viviendas en Monforte del Cid, por un importe de 200.000 euros.
Además, Illueca ha señalado que gran parte de las adquisiciones se han llevado a cabo a través del ejercicio del derecho del tanteo y retracto, lo que supone "la eficiencia de la inversión en las áreas de mayor necesidad habitacional".
Del total de los 219 inmuebles, 77 viviendas han sido adquiridas por compra directa por emergencia habitacional, por un importe de 6,1 millones de euros. Mientras que 142 se han comprado a través del derecho de adquisición preferente de tanteo y retracto, por un importe de 6,5 millones de euros. De estas 142, la compra de 131 se ha efectuado a través de la dirección general de Vivienda y Regeneración Urbana y otras 11 las ha adquirido la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo( Evha).
Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha explicado que "la incorporación al parque público de estas 219 viviendas permitirá dotar de solución habitacional a situaciones de especial vulnerabilidad en la Comunidad Valenciana. La directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga ha señalado que el precio medio de las viviendas adquiridas ha sido de 57.787,16 euros y ha destacado la compra de 5 edificios completos en Monóvar, València, Gata de Gorgos, Monforte del Cid y Mareny de Barraquetes-Sueca.
Por provincias, en la de Valencia se han adquirido 100 viviendas por un valor de 6.279.190 euros, de las cuales destacan las adquisiciones en Moncada, con 55 viviendas por un valor de 4.080.000 millones de euros a través de compra directa por emergencia habitacional; en Mareny de Barraquetes-Sueca, con 19 viviendas por un importe de 1.071.606,05 euros; València, con 12 viviendas por un importe de 541.525,95 euros; 7 viviendas en Sagunto por un importe de 258.058 euros, y 4 vivienda en Torrente, por un valor de 184.000 euros.
En la provincia de Castellón, se han comprado 15 viviendas por un importe de 796.780,02 euros, destacando las 9 viviendas de Moncofa por un importe de 394.656,76 euros; 2 viviendas en Castelló de la Plana, por un importe de 142.780 euros, y 2 viviendas en Almassora, por un importe de 113.173,26 euros.
Alquiler
La demanda triplica ya a la oferta de vivienda de alquiler social y asequible en una provincia donde el precio medio ronda ya los 800 euros al mes. La Generalitat quiere construir 1.155 viviendas en cinco años pero la lista de espera supera las 4.000 familias. Mientras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acaba de suscribir doce acuerdos con el Consell y los Ayuntamientos de Alicante, Mutxamel, València, Sagunto, Cheste, Benetússer, y Aldaia, para ampliar el parque de vivienda de alquiler asequible o social en el marco del Plan Estatal de Vivienda.
En total se van transferir 6,9 millones de euros por parte del ministerio, lo que servirá para ayudar a la promoción de 380 viviendas de nueva construcción, procedentes de la rehabilitación o de promociones de viviendas con obras en curso paralizadas y que reanudan las mismas, para destinarlas al alquiler social o asequible de las que 20 se levantarán en Alicante y Mutxamel, que recibirán una ayuda de unos 600.000 euros.
Estas viviendas deberán destinarse al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo de 25 años, tendrán renta limitada y solo podrán ser ocupadas por familias que no superen determinados límites de ingresos. Los pisos dispondrán de una calificación energética mínima B. Estas actuaciones se enmarcan dentro del convenio suscrito el 1 de agosto de 2018 entre el entonces Ministerio de Fomento y la Comunidad Valenciana, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, mediante el cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aportado a la Comunidad Valenciana 175,91 millones de euros.
La Generalitat por su parte, tiene previsto construir en los próximos cinco años un total de 1.155 viviendas en cinco municipios de la provincia de Alicante donde, teóricamente, se concentra el grueso de los problemas de las personas que no tienen acceso a una vivienda, ni en propiedad ni en alquiler. Pisos que se sumarán a los 4.211 que la Conselleria gestiona con un alquiler social, pero que se quedarán muy lejos de la demanda real, ya que, según datos de la propia Generalitat, 4.179 familias componen la lista de espera para acceder a un alquiler.
Los municipios agraciados en el bautizado como «Plan 2400» son Alicante, Elche, El Campello, Torrevieja y Sant Joan. En total, la Generalitat tiene previsto invertir hasta 2026 un total de 294 millones de euros sobre una superficie de 115.292 m , que una vez edificada alcanzará los 221.140 m. El informe económico estima un coste de 1.033 euros/m, una superficie media de 90 m por vivienda y un coste de 92.970 euros cada una.
En la provincia de Alicante el precio medio del alquiler mensual supera los 737 euros y lo peor es que la renta de los precios más demandados, los de uno y dos dormitorios está por las nubes y tampoco existe una gran oferta, porque se trata de un producto que no se construyó en la época del «boom». Ahora, sin embargo, encaja perfectamente con el perfil de los demandantes más vulnerables. Personas separadas, propietarios que han perdido su vivienda por una dación en pago o un desahucio, familias monoparentales y jóvenes menores de 35 años.
