Quizá por lo inusual del gesto, y máxime después de un juicio de seis meses de duración, que sonó a música celestial el modo en que el presidente del tribunal del proceso por el Plan Zonal de la Vega Baja, el magistrado Joaquín Orellana, puso fin este miércoles a la vista oral.
Palabras de agradecimiento que comenzaron por las partes: a los dos fiscales Anticorrupción y a la docena larga de abogados defensores «por facilitarle al tribunal que un proceso así haya llegado a buen término», dijo. A los funcionarios y al resto de compañeros de la sección VII, a la que a lo largo de este juicio le ha nacido una hermana, la XI, pero que han tenido que asumir el trabajo de los tres magistrados que estaban enjuiciando esta pieza del Brugal; a los informáticos, que un día sí y otro también han estado al servicio de lo que se precisaba en una vista en la que la audición de las escuchas, una pieza clave, podía haber sido una pesadilla y apenas ha acarreado quebraderos de cabeza... y hasta al personal de la limpieza del edificio judicial en unos meses en los que, por la segura presencia del covid, cobraba más importancia si cabe la salubridad de una sala que ha lucido como los chorros del oro.
No se olvidó Orellana, que hablaba también nombre de sus compañeros Javier Saravia, ponente de esta resolución, y Cristina Ferrández, de agradecer el trabajo de los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso de los medios de comunicación que han dado cobertura a este proceso «por ser los ojos y los oídos de lo que estaba ocurriendo en la sala».
Un colofón en línea con la exquisita educación, la serenidad y la empatía con la que el tribunal ha dirigido esta larga y complicada vista oral.
