Tras tres años de contínuos desencuentros por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de subir el caudal ecológico del río Tajo, lo que reducirá a la mitad el agua que llega a la cuenca del Segura autobautizada como “huerta de Europa” -doscientas mil hectáreas-, en Murcia, Alicante y Almería, la vicepresidenta Teresa Ribera se ha comprometido a revisar la decisión antes de llevarla al Consejo de Ministros. El problema, que debiera ser técnico, se ha metido, de lleno, en la batalla política, sobre todo cuando en la Comunidad Valenciana, territorio presidido por el barón socialista Ximo Puig, hay elecciones en 2023. Pero más allá de las guerras políticas el futuro del trasvase Tajo-Segura, el más antiguo de España con 43 años de vigencia depende directamente del cambio climático y la necesidad de velar por la biodiversidad, que chocan con el trasfondo económico.
Nadie duda que el río está contaminado, ni los agricultores que reciben el agua, pero el debate se centra en determinar las causas: no circula la suficiente agua en su cauce o este recibe millones de litros de agua contaminada desde uno de sus afluentes, el madrileño Jarama, donde vierte sus aguas residuales Madrid. Agua que dejaría de llegar a Alicante, Murcia y Almería y debiera sustituirse por desalada construyendo más plantas desaladoras, poco sostenibles y muy caras al funcionar mediante energía eléctrica. El Gobierno ha anunciado 500 millones para abaratar el agua desalada y 900 millones para mejorar el tratamiento de las aguas residuales de Madrid. ¿Será suficiente?
El recorte del trasvase Tajo-Segura tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo no solo van a forzar el abandono de 27.000 hectáreas de cultivos rentables en la provincia de Alicante el despido de seis mil trabajadores, sino que provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros correspondientes a los créditos en los que están embarcados los agricultores que planificaron sus inversiones en base a un agua que no llegará. Balsas, instalaciones de riego por goteo, semilleros, invernaderos, maquinaria, naves… y hasta el préstamo de aquel o aquella que tiene abierto un bar para dar de comer a los jornaleros agrícolas, apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura.
Una deuda millonaria a la que se suman los 18 millones de euros del “tasazo” (mantenimiento de los canales pase el agua que pase y que también pagan los ayuntamientos) y el porcentaje que pagan por el agua para obras en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Desde 1979, los regantes de Alicante y Murcia llegan pagados 500 millones de euros. Aporte que ahora también se va a reducir, obviamente, al venir menos agua. Los regantes pagan unos 15 millones de euros al año. Hasta 1998, la recaudación iba directamente al Estado pero a partir de aquel año el dinero se lo reparten la autonomías cedentes del agua para sufragar, precisamente, obras hidráulicas en sus territorio. Es decir: se paga por el agua y además una compensación ambiental.
La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, se ha comprometido a estudiar a fondo durante los próximos tres meses los planes hidrológicos del Tajo y el Segura antes de llevarlos a su aprobación en el Consejo Nacional del Agua y, posteriormente, al Consejo de Ministros en el mes de octubre.
La Confederación del Tajo tiene aprobado ya subir caudal ecológico del río de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo, lo que significa el comienzo de la cuenta atrás para el final del Tajo-Segura, dijo para el regadío y comprometido para el abastecimiento porque el Ministerio tampoco ha definido quien correrá a cargo del costoso mantenimiento de la infraestructura. La sustitución del agua del trasvase por desalada provocará un aumento del precio de entre el 20% y el 130%.
En riesgo, por lo tanto, y según los técnicos, el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo nacional (106.000 puestos de trabajo). Los técnicos que asesoran a los regantes insisten en la fuerte factura energética que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora. El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante.
La infraestructura del trasvase se planteó hace 43 años para dotar con 421 hectómetros cúbicos al levante español, incluyendo abastecimiento de la población y regadíos. Este volumen se estableció en base a las necesidades medidas de población y hectáreas de cultivo. Ninguno de estos parámetros ha variado significativamente en este tiempo. Sin embargo, nunca ha llegado ese volumen de agua, y la media en estos años no supera el 50% de los volúmenes totales. Los meses en que los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía no cumplen con el volumen de almacenamiento fijado en las reglas de explotación para cada mes no se trasvasa nada. Ya existen unas reglas definidas y ajustadas a las necesidades.
La Generalitat de Ximo Puig ha acudido 40 veces a los tribunales en defensa del trasvase Tajo-Segura desde que se convirtió en presidente de la Generalitat en 2015, lo que equivale a una vez cada mes y medio, bien con el Gobierno de Mariano Rajoy o bien contra el Ejecutivo que presidente el socialista Pedro Sánchez.
Del total de ocasiones en las que ha recurrido a la justicia, tres son procesos directos contra el Ejecutivo en los que el Consell ha sido el demandante con un recurso directo contra el Ministerio para defender los intereses de los regantes y, además, ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones, como, por ejemplo, personándose en 25 procedimientos contra Castilla-La Mancha para oponerse a recortes de los caudales que llegan a través de este acueducto.
También hay un proceso contra el Ayuntamiento de Toledo y otras nueve veces la Generalitat se ha mostrado a favor de recursos presentados por los regantes o avalando procedimientos con Murcia o Andalucía.
Unos tres mil agricultores, empresarios y vecinos de Alicante participaron en mayo en la plaza de la Montañeta de Alicante, enclave simbólico donde está la sede de la Subdelegación del Gobierno para mostrar el hartazgo y entonar el “Basta ya” por una decisión que no se sostiene “ni técnica ni socialmente”, como ha vuelto a afirmar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ausente en la protesta de Alicante en la que sí se volcó una parte significativa del Consell, el PSPV, Compromís, Vox, y el PP, con dos pesos pesados, Carlos Mazón, líder popular en la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación y Fernando López Miras, presidente de Murcia, autonomía que también se la juega con el recorte del Tajo-Segura. Por su parte, la consellera de Agricultura, Mireia Mollá, se ha mostrado inflexible. “Si el Gobierno no cede y mantiene el aumento del caudal ecológico iremos a los tribunales”.
Lucas Jimémez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, subraya que “para este Gobierno el cambio climático se circunscribe a la cabecera del Tajo. En ningún otro punto de España, en ninguna otra cuenca se han subido los caudales. Hay que invertir en una buena depuración del agua, por ello reclamamos justicia y que apliquen los mismos criterios a todos en el país, porque si no es así llegará la ruina para el levante español”. Jiménez ha censurado que el “Ministerio cede ante el presidente castellano-manchego, porque grita más que nosotros y lanza mensajes que rozan la injusticia, de muy mal gusto. Por esto estamos todos unidos, por nuestro futuro y para reclamar justicia y criterios técnicos para planificar la política hídrica de nuestro país, porque no podemos asumir que por caprichos políticos miles de personas se vayan al paro", señaló Jiménez. “Parece que el Ministerio está dispuesto a asumir todo esto para satisfacer los intereses políticos del presidente de Castilla-La Mancha".
Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, incide en que “no hay justificación alguna intentar reducir los caudales que llegan hasta aquí basándose en unas pretensiones que no existen" porque "el alto Tajo está perfectamente equilibrado y el agua es de buena calidad. El problema que tiene es la mala depuración del agua que viene de Madrid, no puede el Gobierno aprobar dos planes de cuenca que son contradictorios. Hay que encontrar un equilibrio entre ambos y el Gobierno debe respetar el desarrollo del Levante español", ha aseverado. “Sin trasvase no podemos sobrevivir. La desalación es un complemento pero no puede ser nunca la alternativa" porque "es contaminante y tiene un precio que los agricultores no podemos pagar y no podemos competir".
La posible derogación del trasvase representaría un coste para el Estado superior a 20.000 millones de euros, debido a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría, puesto que alteraría las condiciones de prestación de servicio del trasvase, cuyos efectos se traducirían en unos graves perjuicios a los usuarios: cerca de tres millones de consumidores, los agricultores que cultivan 198.178 hectáreas regadas por aguas llegadas desde los embalses de Entrepeñas y Buendía y las miles de empresas de distintos sectores que se benefician en la actualidad de estos caudales -25.000 dedicadas al sector servicios en Alicante-.
El cierre de la transferencia se cobraría 180.000 empleos directos. El trabajo analizó en profundidad tres escenarios temporales. Dos en los que se contemplaba la clausura del trasvase, en 2015 o en 2030, y un tercero en el caso de que se establezca una reserva de 600 hm3 en los embalses desde donde parte la canalización a partir de la cual no se trasvasaría agua. Los investigadores incluyeron en el cálculo final de la posible reclamación económica al Gobierno la figura del lucro cesante. Éste se produce cuando un rendimiento cierto o más que probable se deja de percibir como consecuencia de actos de terceros.
La cancelación de derechos y concesiones sobre los caudales del Tajo-Segura llevaría aparejada la necesidad de recurrir a otras fuentes de recursos con costes más elevados, o al abandono de aquellas actividades que no pudieran asumir el incremento de costes. En este sentido, el estudio consideró que el lucro cesante de la derogación en 2015 hubiera sido de 10.733 millones de euros para la agricultura de regadío; en el abastecimiento alcanzaría los 1.227 millones. A estas dos cantidades habría que haber añadido otros 9.170 millones en pérdidas directamente relacionadas con patrimonio (tierras que dejarían de cultivarse).
El valor de las explotaciones agrícolas que utilizan agua del trasvase ronda los 8.760 millones de euros, aunque este dato se duplicaría en el caso de que estuviesen vigentes los precios máximos del mercado. En el supuesto de que estas zonas regables pasaran a ser de secano, el valor, de acuerdo a los precios de las tierras sería de unos 417 millones de euros, con lo que el valor patrimonial sería veinte veces menor si se cerrara una infraestructura hoy herida de muerte.
