Menos usuarios, más personal y organizadas en pequeños grupos de convivencia de 15 personas lo más parecido posible a un hogar. Estas son las claves del nuevo modelo que el Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado para las residencias de mayores. Un marco normativo que en la Comunidad Valenciana cuenta con la oposición frontal de las asociaciones de familiares, que creen que se siguen fomentando los macrocentros tipo modelo Cotino. Desde la Asociación de Familiares de las Residencias de la Comunidad Valenciana esperan que la Conselleria de Igualdad, que prepara su propia normativa, aumente las ratios de trabajadores que establece la norma nacional y reduzca el tamaño de los centros. Por su parte, la patronal de las residencias, Aerte, reclama financiación para evitar que las familias tengan que pagar más dinero al mes.
Una de las novedades del nuevo marco normativo es que las residencias que se construyan a partir de ahora no podrán superar las 75 plazas cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas. No podrán sobrepasar las 90 plazas si se encuentran ubicadas en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicadas en ciudades o zonas densamente pobladas.
“El ministerio se ha doblegado ante las exigencias de las patronales y de las comunidades autónomas”, lamenta Ester Pascual, presidenta de Recova. Sostiene Pascual que se han producido tres cambios, en tres borradores distintos, en cuanto a la delimitación del número de plazas residenciales. De las 50 iniciales se han pasado a 90, para concluir en las 120 plazas máximo en el último. “El acuerdo está lejos de las 60 que propusimos familias y usuarios”. Además, la nueva norma sólo afecta a las residencias de nueva construcción, las ya construidas aunque sobrepasen ese número de plazas se quedarán igual.
Algo similar ocurre con las habitaciones individuales. El nuevo marco normativo fija los centros dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas de titularidad pública o de titularidad privada con concierto en habitaciones de uso individual. “De nuevo esta medida afecta sólo a las de nueva construcción. Ni en 50 años se conseguirá que el parque residencial tenga ese porcentaje de habitaciones individuales”, lamenta la asociación.
Los centros se organizarán en grupos de convivencia de 15 personas con el objetivo de que sea lo más parecido a un hogar. Los centros deberán permitir al máximo la incorporación de mobiliario y enseres personales. También será obligatorio que los centros faciliten conexión a internet de forma gratuita, tanto en espacios comunes como privados, y pongan a disposición de las personas residentes dispositivos para el acceso a la red.
Respecto a las ratios, la norma obliga a las empresas a incrementar las ratios de personal, pero de manera insuficiente a juicio de las familias. “Estamos muy lejos de solucionar el principal problema que carcome el sistema residencial: la falta de personal, y además la falta de personal cualificado, bien formado”. En el caso de los auxiliares de enfermería, que proporcionan cuidados directos a los ancianos, la asociación de familiares pedía 100 minutos de atención diarios por mayor en cada turno, lo que supone cinco horas diarias entre el turno de mañana, tarde y noche.
El ministerio se ha doblegado ante las exigencias de las patronales y de las comunidades autónomas
Con la ratio actual, sólo reciben 45 minutos por mayor y turno. El Gobierno ha decidido que el aumento de las ratios se haga proporcional, inicialmente 0.31 en 2023 que irá aumentando hasta 0.43 en 2029, “lo que significa que hasta 2029 no contarán con 69 ridículos minutos de atención por gerocultora y turno”.
Otro de los puntos de discrepancia es el de las sujeciones, ya que la norma da una moratoria de tres años para que los centros para que dejen de atar a los ancianos o darles tranquilizantes.
