Con once desahucios diarios, Alicante es la provincia de España donde más han aumentado los desalojos de viviendas en el último año. Durante el primer trimestre de 2022 fueron 996 los lanzamientos practicados , casi 300 más que el mismo periodo del año anterior. Además, la provincia es la tercera de España en las que más casas se desocupan por esta vía judicial, sólo por detrás de Barcelona y de Madrid, donde apenas se realizaron en los tres primeros meses del año 9 desahucios más que en la provincia. La mayoría de las personas que pierden su vivienda (536) es por no poder hacer frente a la hipoteca. El resto, por no poder pagar el alquiler.

El número de desahucios crece pese a que el Gobierno ha prorrogado en varias ocasiones el denominado escudo social, desarrollado en plena crisis de la pandemia de covid y que en teoría protege a las familias vulnerables en caso de desahucio.

Sin ir más lejos, uno de estos desalojos tuvo lugar este martes en Alicante y ha dejado en la calle a un matrimonio con dos hijas menores. Para tratar de frenar el desahucio, han acudido a la vivienda una veintena de activistas del Sindicat de Barri de Carolines que se han colocado frente a la puerta de la casa para impedir el acceso de la comitiva judicial. Una acción que no ha logrado impedir que agentes de la Policía Nacional los desalojaran uno a uno por la fuerza para dejar acceder a la vivienda al cerrajero y al personal del juzgado que finalmente ha llevado a la práctica el desalojo de la vivienda.

Durante el desalojo se han vivido momentos de tensión, ya que algunos vecinos del barrio se han sumado a los activistas para tratar de impedir que la familia terminara en la calle. Minutos antes de que llegara el personal del juzgado, la calle fue cortada, precintada y se desalojó a los vecinos y periodistas que cubrían la información. Sólo se quedaron frente a la vivienda las personas que trataban de impedir el desahucio.

La casa llevaba un año ocupada por María Rosa Moreno, su marido y sus hijas de 10 y 13 años. En Hogueras le llegó una carta del juzgado indicándole que debía abandonar la vivienda, por la que asegura llegó a pagar 5.000 euros a cambio de quedarse aunque desconoce quién recibió finalmente ese dinero. En el poco tiempo que la familia ha tenido de margen para tratar de quedarse en la casa, consiguieron un abogado de oficio. Sin embargo, desde el Sindicat de Barri de Carolines lamentan que el juez no estimó los argumentos del abogado y la familia finalmente ha sido desalojada pese a que hay menores y la vivienda pertenece a un fondo de inversión, situaciones que hacen que la familia hubiera quedado quedo amparada por la ley que se ha prorrogado hasta diciembre. "No tenemos donde ir. Llevamos años pidiendo un alquiler social y no nos lo conceden y, pese a que cobramos una ayuda no podemos alquilar nada porque las inmobiliarias te piden contrato de trabajo y no les vale que cobres una renta", lamentaba Moreno en la puerta de la casa en la que ha vivido en el último año.

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Desahucio por la fuerza de una pareja y sus dos hijas menores en La Florida Rafa Arjones

Pese al escudo social desplegado por el Gobierno, las lagunas que tiene la misma la hacen inviable. “El problema para que una familia se acoja a esta ley es que hay acreditar la situación de vulnerabilidad, hay que pedir muchos papeles e iniciar un expediente extraordinario y los servicios sociales están colapsados”, lamenta M. J. I., abogada experta en desahucios que prefiere no ser identificada. A los servicios sociales saturados se suman los plazos tan cortos que marca la ley para conseguir un abogado de oficio y acreditar la situación de vulnerabilidad, lo que hace en la práctica muy complicado poderse acoger a la misma.

En el caso de la familia de Alicante, tras quedar en la calle, se han desplazado junto con la responsable de servicios sociales del PSOE de Alicante, Lola Vílchez, hasta la Concejalía de Acción Social para tratar de encontrar una solución urgente y evitar así que se quedaran en la calle. "De momento están alojados en una pensión del centro de la ciudad, pero sólo pueden quedarse tres días. Ahora la responsabilidad está en manos del Ayuntamiento para buscar un a solución a esta familia", sostiene Vilchez. “No puede ser que no haya una alternativa habitacional para que estos ciudadanos no acaben en la calle. Denunciamos la escasez de vivienda social en Alicante, la falta de implicación de Barcala para ceder suelo público tanto al Gobierno central como al Consell para la construcción de esta clase de viviendas, cuyo déficit es alarmante en el municipio”, añade.

Sobre el aumento de desahucios que se está produciendo en Alicante pese al escudo social, Purificación Peris García, directora general de Emergencia Habitacional de la Conselleria de Vivienda argumenta que la provincia “es el territorio donde más especulación urbanística se hizo en la época de Camps”. Advierte Peris de que en estos momentos se está haciendo especulación con las casas que ocupaban familias que previamente las habían perdido por no poder pagarlas y que permanecían en ellas pagando un alquiler social. “Las entidades bancarias debían alquilar estas casas durante cinco años. Ya ha transcurrido mucho tiempo y los fondos de inversión no quieren renovar estos alquileres. Se está haciendo especulación con estas casas que perdió la gente y en Alicante se da con más fuerza porque en aquí explotó la burbuja”, sostiene Peris.

Lamenta la responsable de la Conselleria de Vivienda que en la ciudad de Alicante hay problemas añadidos “porque ni el Ayuntamiento ni el Patronato de la Vivienda hacen declaraciones de urgencia y nos enteramos en el mismo momento de problemas” como el de la familia que se ha quedado en la calle. También lamenta Peris que haya juzgados de Alicante “que no usan todas las vías que pueden, porque no están obligados a pedir informes de vulnerabilidad cuando la ocupación es ilegal”.