La empresa encargada de retirar el amianto de los tres colegios de la ciudad de Alicante asegura que "la ausencia de diligencia por parte de la Administración y su falta de voluntad para resolver las deficiencias surgidas en el proyecto", han sido los motivos que han abocado a la mercantil a no iniciar las obras.

La UTE Gocoa SL y Demoliciones D-Tres S L debía haber ejecutado este verano la retirada del material tóxico de los tejados de los centros. Sin embargo, a punto de dar comienzo estas obras se paralizaron, según Educación, tras rehusar la mercantil firmar el acta de replanteo.

La empresa sostiene que la conselleria era conocedora desde mucho antes de que existían problemas y en una nota de prensa adjunta un calendario de los hechos que asegura han acontecido.

El 3 de enero "se procede al acopio de aproximadamente un tercio del panel de cerramiento de cubierta necesario para ejecutar las obras en los centros educativos, dicho volumen de material acopiado no se ha certificado ni cobrado, lo que demuestra la diligencia e intención de ejecutar las obras por parte de la contrata".

Sostiene la empresa que durante el mes de febrero se efectúa por técnicos independientes una evaluación de los tres proyectos, "detectando carencias en ellos para la correcta ejecución de las obras".

El 28 de febrero la UTE "comunica a la Dirección Facultativa la existencia de discrepancias que presentan los proyectos y que es imprescindible resolver antes del inicio de las obras y pedimos mantener una reunión lo antes posible".

El 30 de marzo, "tras mucho insistir, nos reunimos con la Dirección Facultativa y les entregamos un documento denominado estado económico de las obras que corrige las discrepancias observadas, al objeto de discutirlas y poder resolverlas".

El 22 de abril, "ante imposibilidad de poder volvernos a mantener un encuentro por falta de interés de la Dirección Facultativa, se pone en conocimiento de la Conselleria de Educación el estado económico vía registro telemático y solicitamos le den solución antes del inicio de las obras".

El 25 de mayo, "ante la falta de respuesta de la Conselleria, solicitamos la resolución de contrato de las tres obras, con base estrictamente legal, tras más de diez meses suspendida la iniciación de las obras por causas no imputables a la contrata, desde el acto de firma del acta de comprobación de replanteo realizado en julio de 2021".

El 30 de mayo, señala la mercantil, "acudimos a reunión convocada por la Dirección Territorial de Alicante, en la que se nos indica que no van a llevar a cabo ni estudiar ninguna solución para los problemas que les exponemos y que recibiremos una notificación denegando la resolución de los contratos. En la misma, señalamos que ante esa situación no podremos ejecutar las obras y por tanto el 17 de junio no firmaremos las actas de inicio".

La empresa concluye que desde el 25 de mayo, 24 días antes de la firma del acta de inicio de obras, la empresa solicitó vía registro telemático la resolución de los contratos, "ya que desde el mes de febrero se presentan una serie de problemas que no obtienen respuesta en ningún sentido". Por lo que, añaden, "no entendemos la “sorpresa” de la Conselleria a lo acontecido el 17 de junio, ya que, en la Reunión del 30 de mayo ratificamos nuestra postura ante la negativa de plantear soluciones que desbloqueen la situación".

La mercantil niega que el único motivo para dejar la obra sea el incremento del precio de los materiales.

"Es público y notorio la evolución de los precios al alza de los materiales de construcción desde principios del año 2021, pero también lo es que esos incrementos podrán ser corregidos con los mecanismos de revisión de precios aprobados recientemente, por lo que el incremento de los precios no es el motivo por el que no firmamos las actas de inicio de obras, sino la no inclusión de partidas nuevas y excesos de medición que superan el 20% y reputan en una inviabilidad de ejecución del proyecto".

Sostiene la mercantil que es incierto el precio publicado sobre las obras contratadas de 900.000 €, "pues dado su carácter público, se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público como el mismo no supera la cantidad de 410.000 €".