La mercantil Huerto Social Alicante S. L., de la que es administrador el concejal de Vox Alicante Pepe Bonet, anuncia su cierre definitivo. Sobre ella pesan dos condenas por despido improcedente, impago de nóminas y celebración de contratos en fraude de ley.

En un escrito dirigido a sus clientes y firmado por el edil de la formación de ultraderecha, la empresa de alquiler de espacios de cultivo anuncia que el cierre se efectuará el próximo 31 de julio y alude a causas "ajenas a la dirección".

Hasta en tres ocasiones echa balones fuera la mercantil a la hora de justificar el cierre, pero evita por completo hacer alusión alguna a las dos condenas contra ella.

En el documento, Pepe Bonet agradece personalmente el compromiso de sus clientes con el proyecto "cuyo rumbo y estructura tuvimos que cambiar hace 18 meses" y asegura que "hemos trabajado muy duro para tratar de darle continuidad" aunque vuelve a escudarse en "circunstancias totalmente ajenas a nuestra voluntad" por las que le habría sido imposible conseguirlo.

Bonet prosigue en su escrito: "La situación se ha hecho insostenible y nos obliga a la más triste de las noticias, que es el cierre de las instalaciones". Sin embargo, no explica cuáles son esas causas ajenas a la empresa que habrían motivado el cierre de la misma.

Por último, el concejal de Vox Alicante pide a sus clientes que hagan efectivo el pago de sus facturas pendientes durante este mes de julio y les apremia a recoger sus enseres durante el mes de agosto. Además, anuncia también que todo el personal de la mercantil causará baja de la misma en igual fecha: el 31 de julio.

En los últimos meses, Huerto Social Alicante recibió dos sentencias condenatorias -que ya son firmes, puesto que no fueron recurridas por la empresa- por las que tendrá que hacer frente a dos indemnizaciones: una de 2024,62€ en concepto de salarios impagados y 226,31€ de intereses de demora y otra de 6.801,06 euros en concepto de diferencias salariales, más los intereses del 10% que ascienden a 680,10 euros.

Además, la empresa deberá readmitir ambos trabajadores -algo que se antoja imposible tras el cierre de la misma- o bien abonarles otros 1.300 y 5.800 euros respectivamente, en concepto de diferencias salariales, ya que, según las sentencias, estaban contratados a tiempo parcial a pesar de que realizaban sus labores en jornada completa.