La nueva ley estatal sobre el tratamiento de residuos sólidos, que entró en vigor el pasado 30 de junio tras aprobarse en abril considera falta grave el incumplimiento de la obligación de establecer la recogida separada en los municipios de más de 5.000 habitantes, así como el incumplimiento de los porcentajes máximos de residuos impropios (mal depositados en el contenedor) que, en su caso, establezcan los propios municipios. Las multas a los ayuntamientos, previa denuncia, oscilan entre los dos mil y los cien mil euros.
Hasta ahora los ayuntamientos de la provincia no sancionan a los ciudadanos por este incumplimientos (sí por depositar la basura antes de que anochezca, en concreto la orgánica), y tampoco han recibido sanciones, ya que el expediente se abre tras denuncia de un tercero. En este sentido, Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, apunta que “vamos a estar muy atentos para ver si los consistorios cumplen la ley y si no lo denunciaremos”.
En estos momentos, la Conselleria de Transición Ecológica, tramita la construcción de dos nuevos vertederos en Monóvar y la ampliación de los de El Campello, Alicante y Xixona. La realidad es reveladora: el 80% de los ciudadanos alicantinos no separa la basura que lleva al contenedor.
La ley fija que los residuos se deben recoger por separado y no se pueden mezclar con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes. En el caso de los residuos peligrosos, se retirarán, antes o durante la valorización, las sustancias, mezclas y componentes peligrosos que contengan estos residuos, con la finalidad de que sean tratados.
Se prohíbe la incineración, con o sin valorización energética, y el depósito en el vertedero de los residuos recogidos de forma separada para su preparación para la reutilización y para su reciclado, a excepción de los residuos generados en las operaciones de preparación para la reutilización y de reciclado de estos residuos recogidos de forma separada, que deberán destinarse a otras operaciones de valorización disponibles y solo podrán destinarse a incineración o depósito en vertedero, si estos últimos destinos ofrecen el mejor resultado medioambiental.
Para facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad, los Ayuntamientos tienen que establece la recogida separada de, al menos el papel, los metales, el plástico y el vidrio.
Desde el pasado 30 de junio los biorresiduos de origen doméstico en los municipios de más de cinco mil habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto. Se entenderá también como recogida separada de biorresiduos la separación y reciclado en origen mediante compostaje doméstico o comunitario. Los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024.
Los aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre de 2024, al igual que los residuos domésticos peligrosos para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos de competencia local. Por último, los residuos voluminosos (muebles y enseres) también antes del 31 de diciembre de 2024.
De momento no existe la sanción municipal en Alicante, ni en la mayoría de ciudades, por no separar la basura. El Ayuntamiento de Alicante sí está previsto en el nuevo contrato de limpieza viaria en fase de licitación la identificación de los usuarios que depositan restos en los contenedores mediante una clave personal. Ese dispositivo permitirá, en su caso, fijar incentivos y bonificaciones de las tasas para los contribuyentes.
El Ayuntamiento digitalizará, en este sentido, toda la gestión de la limpieza viaria y recogida de residuos mediante la creación de una plataforma informática para la gestión y explotación del servicio, que deberá ser de código abierto que pueda ofrecer para su reutilización posterior a otras administraciones. Así se recoge en el pliego del nuevo contrato por 347 millones de euros para los próximos ocho años.
El concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Manuel Villar, subraya que “el nuevo contrato tendrá un fuerte componente de innovación y digitalización, siendo este uno de sus aspectos más destacados, al tener que desarrollarse una plataforma informática de gestión y control, que queremos sea de código abierto y pueda ser exportable a otros municipios y administraciones públicas”.
Villar asevera que “queremos desarrollar una plataforma digital de referencia que facilite la gestión de los residuos y contribuya a fomentar el reciclaje de los residuos, facilite su recogida y optimice la limpieza viaria”.
El sistema aplicará todas las nuevas tecnologías de gestión y control e incorporará además una aplicación (app web) de registro y validación de usuarios, que recogerá sus aportaciones al reciclaje, la localización de los contenedores, horarios y normas a seguir. También incorporará la incorporación de sistemas electrónicos de acceso a los contenedores para los usuarios mediante tarjetas electrónicas y teléfonos móviles con sistema NFC, además del sistema de cierre electrónico conectado de los dispositivos que permitirá regular los días y horas de utilización.
La nueva plataforma permitirá hacer un seguimiento integral del servicio incorporando dispositivos de seguimiento por geolocalización de vehículos, carritos y operarios de la limpieza viaria y así como de los vehículos recogida de residuos. Además, se facilitará a los operarios un dispositivo que permitirá una conexión permanente con la central para facilitar avisos y notificaciones sobre el servicio o incidencias que puedan ser detectadas en tiempo real.
Permitirá el control de los trabajos de manera que se pueda utilizar la electrónica de vehículos, contenedores y operarios, tales como sistemas GPS de seguimiento, electrónica de identificación, pesaje, ordenadores, teléfonos móviles, cerraduras electrónicas con identificación ciudadana o cualquier otro sistema automático que garantice la trazabilidad de los servicios urbanos de recogida de residuos y limpieza viaria.
El contratista dispondrá de un plazo máximo de un año para desarrollar los distintos módulos que integrarán la plataforma informática para la gestión y explotación del servicio, teniendo que presentar en un mes desde la firma del contrato un calendario para su implantación. Los derechos de la plataforma serán del Ayuntamiento de Alicante que a su vez los cederá para su uso al contratista.
La Generalitat pide diligencia
Por su parte, la Generalitat ha mandado un escrito a todos los municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad Valenciana, para que atiendan debidamente las nuevas obligaciones de recogida separada de biorresiduos, a la mayor brevedad posible, dadas las nuevas obligaciones legales de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Según la Conselleria de Transición Ecológica, la gestión de residuos domésticos en la provincia de Alicante a finales del año 2015 y año 2016 se encontraba altamente comprometida, por cuánto más del 80 % de los residuos domésticos se destinaban a vertedero. Ello, fruto de una gestión anterior donde no primaba, para nada, la gestión ambiental de los residuos, si no los casos y expectativas de especulación vinculadas a la gestión de los terrenos donde se deberían ubicar nuevas infraestructuras.
La gestión comenzó con la necesidad de sellar el antiguo vertedero de La Murada, en Orihuela, donde la Generalitat Valenciana ha invertido más de 3 millones de euros en diferentes fases de ejecución y donde, por ejemplo, en 2016, el vertedero, parado desde 2012, se auto-incendió y generaba fugas de lixiviados diarias a las pedanías cercanas, situación que actualmente se ha corregido completamente, aunque se continuará por parte de la Generalitat Valenciana trabajando en la zona
Según la Conselleria, ahora mismo el nivel recuperación de materiales en la provincia de Alicante es del 40% de entre los residuos domésticos en la provincia de Alicante, "coherente con el dato autonómico global trasladado desde la Generalitat y validado por el MITECO, de más del 50 % de recuperación global a nivel autonómico, dado que las provincias de Castellón y Valencia disponen de mejores ratios de gestión, sobre todo a la vista que ninguna de sus áreas de gestión ha sufrido una judicialización tan importante como el área A6 Vega Baja de la provincia de Alicante, con casi 10 años de parálisis por la judicialización practicada. La zona A6 Vega Baja es la tercera área de gestión que más residuos genera de toda la Comunidad Valenciana", según la conselleria de Mireia Mollà..
La Conselleria sostiene que municipios como Benidorm, Alicanteo Torrevieja, siguen sin experimentar las mejoras previstas para el tamaño de sus ciudades, en los modelos de recogida separada en origen. A este respecto, Torrevieja acaba de adjudicar un nuevo servicio de recogida, tras más de 10 años de litigios y de disponer de un servicio de recogida antiguo.
