La patronal de Obra Pública de la provincia lanza una llamada de auxilio. La falta de mano de obra cualificada, la ausencia de relevo generacional y el aumento descontrolado de los precios de la materia prima amenaza con bloquear la recuperación de un sector que tras diez años de parálisis ve la luz al final del túnel gracias a fondos que llegan de Europa a Generalitat, Diputación y Ayuntamientos.
Una lluvia de millones que pueden quedarse sin aprovecharse al cien por cien debido a que las empresas no tienen personal para asumir los proyectos. Un informe de la Federación de Obra Pública (FOPA), calcula que el sector necesitaría incorporar 15.000 trabajadores para asumir los proyectos, y reclama medidas urgentes a la Administración, según apunta Javier Gisbert, presidente de FOPA. Una inmediata, como es la agilización de visados para pode contratar trabajadores extranjeros, y una segunda a medio plazo, incorporar una modificación de la Formación Profesional para dar títulos habilitantes a chicos y chicas para que en seis meses pudieran incorporarse a las obras y seguir su preparación. El dato actual es demoledor: el 80% de los trabajadores del sector tiene más de 40 años porque la gente joven rechaza la obra.
Javier Gisbert alerta de que “el problema es serio y se une a la subida de los precios de los materiales, pero ahora mismo es cierto que la Administración está respondiendo tras años en los que casi era una costumbre que solo se ejecutara el 30% de los presupuestado y licitado. Ahora mismo hay dinero y, por ejemplo, la Generalitat está sacando muchas obras de colegios por el Plan Edificant, pero nos vemos desbordados y sin gente, y eso que ahora mismo la construcción es un sector que paga bien y no es tan duro como hace unos años, ya que, por ejemplo, se trabaja con mucho material ya prefabricado”, explica Gisbert. Los datos, demoledores: en 2007 en las obras de toda España había 345.000 trabajadores menores de 25 años. Cifra que en 2021 cayó hasta 50.000, según la estadística del INE.
“Los españoles y españolas no quieren trabajar en la construcción cuando hay sitio para todos los perfiles, y aunque siempre hemos tenido mano de obra extranjera, ahora tampoco es fácil. Recuerdo hace unos años cuando contratábamos a muchos trabajadores de Polonia, que ahora ya no vienen porque han mejorado la condiciones en su país”, apunta Gisbert.
En cuanto a las obras a medio plazo en riesgo de perderse o pasar a ser ejecutadas por constructoras de fuera de la provincia, en caso de que las empresas alicantinas no logren encontrar personal suficiente, destacan la construcción de los colegios e instituto del plan Edificant, los centro de congresos de Elche y el puerto de Alicante, la plaza de toros de Benidorm, la ampliación del hospital de la Marina Baixa o, incluso, participar en el megaproyecto de la fábrica de baterías de Sagunto.
La grave crisis que afectó al sector en 2007 provocó que muchos de sus trabajadores se vieran obligados a reciclarse en otros sectores como el de la hostelería; algunos se jubilaron y otros, extranjeros que quedaron en paro, regresaron a sus países de origen. La consecuencia directa es que, a día de hoy, el sector no encuentra profesionales cualificados para levantar fachadas (caravisteros), paredes (tabiqueros), encofradores, instaladores de pladur, soldadores o montadores de instalaciones de fontanería y electricidad.
Por otro lado, la constructoras también están sacudidas por el descontrol energético. Una subida del 178% en la energía eléctrica, un 50% en materiales siderúrgicos, 40% en la cerámica, 20% en el cobre, 17% en la madera y 55% en el aluminio. Estos imparables aumentos de precio insoportables, cifrados en torno al 30%, según ha denunciado esta semana la Confederación Nacional de la Construcción, que asegura que el Gobierno no está poniendo nada de su parte para hacer revisiones en los precios de las obras públicas.
El Gobierno aprobó dos decretos para permitir una revisión de los contratos públicos. Sin embargo, las condiciones y la interpretación realizada por el Ministerio de Hacienda causará que entono al 90%/95% de las obras en marcha no tengan ninguna posibilidad de aplicar revisiones de precios. Solamente, tienen alguna posibilidad las infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, las carreteras y edificaciones industriales.
Uno de los aspectos más vagos del Real Decreto Ley 6/2022 es definir en qué periodos sí se pueden revisar las adjudicaciones. Después de una interpretación del Ministerio de Hacienda, las obras tienen que situarse en estado de tramitación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 y haberse finalizado después de la publicación de la norma.
Esta tramitación ha generado mucha polémica y la CNC planea emitir un voto particular. Esto excluye a todas las infraestructuras cuya construcción haya comenzado una vez iniciado 2021 o bien aquellas que hayan finalizado antes de la salida del Decreto. También, a aquellas cuyo plazo de ejecución es inferior a 15 meses que, según la patronal de las constructoras, suponen el 80% de los contratos. En 202, se licitaron 6.679 obras en España, de las cuales 5.307 tienen una duración menor a 12 meses.
Desde la asociación aseguran que “se está primando a aquellos contratos que se están retrasando y perjudicando a aquellos que hicieron un esfuerzo y acabaron sus ejecuciones en plazo”. Además, creen que estas dos últimas regulaciones solo han generado retrasos en obras, abandono de proyectos, parálisis en el sector y cierre de pequeñas constructoras regionales. A esto hay que sumar el silencio de la Administración, ya que son las empresas las que tienen que reclamar antes de certificar el final de obra, con el añadido de que tampoco obtienen una respuesta para aplicar dichas revisiones.
