El Gobierno ha difundido que corresponde a las autonomías controlar que se cumplen las nuevas medidas en favor del ahorro energético, y según consta en el Real Decreto nacional, el operativo debería arrancar la próxima semana, plazo establecido para que comercios, empresas y administraciones públicas lleven a la práctica cuestiones como el aumento de la temperatura de los aparatos de aire a 27 grados.
Sin embargo, a día de hoy tal operativo no está ni siquiera sobre el papel porque, como señalan desde el Consell a preguntas de este diario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha desarrollado todavía de qué forma debe llevarse a cabo dicho control para que resulte efectivo.
No obstante, y a la espera de las citadas instrucciones, fuentes del Consell apuntan a la más que posible delegación de dichas inspecciones hacia los ayuntamientos.
De entrada, la Generalitat no cuenta con efectivos suficientes como para poder ejercer el necesario control en la totalidad de establecimientos hoteleros, de restauración, de ocio y comerciales censados en toda la Comunidad, así como sobre las empresas y los propios servicios de la administración pública que, a excepción del educativo y el sanitario por sus singulares características, también se citan en la nueva normativa. El medio millar de efectivos con que cuenta la Policía Autonómica no cubre ni de lejos estas necesidades, según sopesan.
Consellerias
Por este motivo, una de las posibilidades que barajan desde el Consell apunta a la implicación de los ayuntamientos. Pese a que todavía no se ha publicado la correspondiente disposición gubernamental que contempla el apartado 15 del nuevo Real Decreto, para que las consellerias más afectadas como puedan ser las de Transportes, de Movilidad y Agenda urbana, de Transición Ecológica y de Hacienda Pública, entre otras, se pongan manos a la obra en sus respectivas áreas de competencia, desde el Consell apuestan por derivar buena parte de dicho control hacia cada localidad a través de los consistorios.
Es algo similar a lo sucedido durante los periodos de restricciones de movilidad decretados a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Entonces, los agentes de la Policía Local se implicaron en el referido control que derivó en sanciones, tal y como también se señala por parte el Gobierno en el Real Decreto por el ahorro energético, que contempla multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta 6 millones las graves e incluso de 100 millones de euros las muy graves.
Consenso
La premisa de la que se parte desde Presidencia, no obstante, es la de evitar que las medidas de ahorro energético que se han aprobado desde el Gobierno lleven aparejadas cuestiones coercitivas, tal y como ha declarado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El jefe del Consell garantiza que en el caso de la Comunidad Valenciana, estas medidas se llevarán acabo previo acuerdo con la patronal y los sindicatos, y no de forma «coercitiva», sino con la «conciencia común» de que hay que combatir la crisis.
Al margen de que dicho encuentro también está pendiente que llevarse a cabo, desde el Consell apuntan a la posibilidad de dictar una normativa que implique a los ayuntamientos directamente también, de forma que contribuyan a la puesta en práctica del ahorro energético que a su vez están en disposición de desarrollar desde las distintas consellerias que el Gobierno cita en el decreto, tal y como aseguran a este diario.
