El Consell ha aprobado una nueva de ayudas directas para facilitar viviendas de alquiler a personas en situación de vulnerabilidad a través de los ayuntamientos. El importe máximo de las ayudas es de 8 millones de euros. Serán ayudas directas a los ayuntamientos y mancomunidades para que faciliten una solución habitacional inmediata Podrá concederse una ayuda de hasta el 100% de la renta de cesión en uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido con un máximo de 600 euros al mes. Esta se podrá reforzar con un complemento de hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda. Más de cuatro mil familias componen la lista de espera para acceder a un piso en la provincia de Alicante.
La Generalitat tiene previsto construir, además, hasta 2026 un total de 1.155 viviendas en cinco municipios de la provincia de Alicante donde, teóricamente, se concentra el grueso de los problemas de las personas que no tienen acceso a una vivienda, ni en propiedad ni en alquiler. Pisos que se sumarán a los 4.211 que la Conselleria gestiona con un alquiler social, pero que se quedarán muy lejos de la demanda real, ya que, según datos de la propia Generalitat, 4.179 familias componen la lista de espera para acceder a una casa de alquiler.
Los municipios agraciados en el bautizado con «Plan 2400» son Alicante, Elche, El Campello, Torrevieja y Sant Joan. En total, la Generalitat tiene previsto invertir hasta 2026 un total de 294 millones de euros sobre una superficie de 115.292 m2 , que una vez edificada alcanzará los 221.140 m2. El informe económico estima un coste de 1.033 euros/m2. Una superficie media de 90 m2 por vivienda y un coste de 92.970 euros por vivienda.
El Plan de Vivienda Protegida Pública 2021-2026, que contempla una inversión por importe de 294 millones de euros, permitirá la movilización de suelo público para promover un total de 2.457 viviendas protegidas en 18 municipios de la Comunidad Valenciana, que se destinarán a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.
El decreto que ha entrado en vigor esta semana establece un régimen de ayudas por concesión directa de carácter excepcional y singularizado a ayuntamientos y mancomunidades con la finalidad de que estas faciliten una solución habitacional inmediata a las personas de especial vulnerabilidad.
En este colectivo se encuentran víctimas de violencia de género, de trata con fines de explotación sexual, violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar, asiladas, refugiadas, apátridas, acogidas al régimen de protección temporal, u otros estatutos de protección subsidiaria, y a otras personas especialmente vulnerables.
El importe máximo de las ayudas es de ocho millones de euros, correspondiendo cinco millones al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y tres millones euros a la Generalitat, sin perjuicio de su posible ampliación.
La Vicepresidencia Segunda pretende que la distribución de las ayudas atienda al mayor número de municipios y mancomunidades posible de manera proporcional a dos factores: porcentaje de la población del municipio respecto al sumatorio de las poblaciones de todos los municipios incluidos en el Catálogo ANHA y la necesidad objetiva de vivienda, según índice ANHA.
La cuantía que se conceda por el ayuntamiento o entidad local se determinará atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria y de conformidad con el informe que emitan los servicios sociales correspondientes.
La ayuda será compatible con cualquier otra para el mismo objeto, con la limitación de no sumar mayor importe que el coste y con las limitaciones reguladas en las disposiciones que regulen las otras ayudas. Las ayudas serán por un plazo de un año y podrán ser aplicados a los gastos del periodo comprendido entre el pasado 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
La Generalitat adjudicado en el último año 538 públicas a familias en riesgo de vulnerabilidad social. De ellas 261 corresponden a la provincia de València, 210 a la de Alicante y 67 a la de Castellón.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha destacado “la gran labor que se está realizando desde el Consell para ampliar, conservar y mejorar las condiciones del parque público de vivienda para ofrecerlo a las familias con mayores necesidades”.
De las 538 viviendas adjudicadas en este último año, 257 han sido para jóvenes, 137 para personas con diversidad funcional, 57 para víctimas de violencia de género y 16 se han cedido a familias que habían perdido su casa debido a una ejecución hipotecaria. Un hecho que, según ha recalcado el vicepresidente, “demuestra el esfuerzo de un gobierno que trabaja para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general, pero especialmente la de los colectivos más desfavorecidos”.
Si nos remontamos al inicio de la legislatura, el número de viviendas públicas cedidas alcanza las 1.483, distribuidas de la siguiente manera: 761 en la provincia de València, 516 en la de Alicante y 206 en la de Castellón.
Héctor Illueca considera que “garantizar los derechos sociales básicos dentro de los límites de nuestro ecosistema implica reconocer que el derecho a la vivienda es básico y universal y, en cierta medida, es la puerta de entrada al resto de derechos sociales. De ahí que impulsemos la universalidad del acceso a la vivienda mediante políticas muy avanzadas”.
